Tres asambleístas promueven la destitución de la ministra de Gobierno. En la Comisión de Fiscalización, sin embargo, no hay ánimo ni votos contra la funcionaria. La mesa tiene mayoría oficialista y de sus aliados, por lo que la posibilidad de que un informe negativo sea aprobado es mínima.
El trámite para un posible juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, avanza en la Comisión de Fiscalización sin sobresaltos. Los asambleístas Roberto Gómez (CREO), Lourdes Cuesta (independiente) y Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana) la acusan de incumplimiento de funciones por acciones y resultados de su gestión.
Los tres legisladores acusan a la ministra por:
- Altos índices de inseguridad ciudadana
- Crisis carcelaria
- Inacción de la policía en la muerte de una mujer en Ibarra
- Mal uso de bienes públicos (helicóptero de la Policía)
- Incumplimiento de la Ley de Prevención de la Violencia contra la Mujer
Pero, Romo ya empezó su defensa. El 27 de noviembre, como parte de sus pruebas de descargo, pidió la comparecencia del asambleísta César Carrión (CREO), coronel retirados de la Policía. También estaba prevista la presencia de José Serrano, legislador de PAIS y exminsitro de Interior, quien se excusó por temas de salud.
Carrión dijo que no daría su opinión personal sobre el juicio. Sin embargo, su exposición fue en favor de la ministra. Explicó que desde 1996 hay protocolos de seguridad para las autoridades, que fueron establecidos por amenazas desde los años 70. Carrión habló del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) y de cómo “decapitaban personas”, y dijo que la ministra y su familia necesitan especial protección.
La exposición de Carrión transcurrió rápidamente, sin cuestionamientos de los miembros de la Comisión de Fiscalización presentes. La legisladora correísta Amapola Naranjo le preguntó si alguna vez fue condecorado por Romo, a lo que él respondió que sí.
La distribución de la Comisión de Fiscalización
El reparto de las comisiones que el oficialismo pactó con CREO y las minorías, agrupadas en el BIN y en el BADI, en mayo tuvo especial cuidado en la Comisión de Fiscalización. Alianza PAIS se aseguró que sus opositores en el campo legislativo, Revolución Ciudadana y el PSC, no tengan mucho espacio.
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De los 13 miembros de la mesa uno es representante de Revolución Ciudadana y un socialcristiano. Seis legisladores pertenecen al bloque oficialista y cinco son aliados.
Esto garantiza al oficialismo que no suceda lo mismo que en las comisiones de los Trabajadores o Participación Ciudadana, en las que el trabajo quedó bloqueado por meses.
Con esta distribución, PAIS también impidió que se puedan crear mayorías móviles en la comisión, como sucedió con Régimen Económico, durante el debate de la archivada Ley de Crecimiento Económico enviada por el Ejecutivo.
Esto es determinante en la Comisión de Fiscalización, pues su papel en los trámite de los juicios políticos es más importante que el de las otras mesas en proyectos de ley. En los procesos de fiscalización, el informe de la comisión puede recomendar el juicio político y censura o el archivo del caso.
Incluso, si no existen los votos suficiente para ninguna de estas opciones, el trámite puede quedar en el ‘limbo’.
Así, con los seis votos de PAIS, al oficialismo solo le falta uno para archivar el juicio político contra Romo.
Las bancadas
Pero, más allá de eso, entre los bloques, el posible enjuiciamiento político no ha logrado calar. A pesar de que Gómez, uno de los proponentes, pertenece a CREO, en esa bancada no hay mayor apoyo a su propuesta. Guillermo Lasso, líder de ese movimiento, ya dijo que el planteamiento de Gómez es personal y no responde a la posición de la bancada.
Aunque no adelantan la posición que tendrán, los legisladores del BIN y el BADI están divididos sobre el futuro de Romo. Tres legisladores de estas minorías integran Fiscalización.
En el caso de que el juicio llegara al Pleno con un informe a favor de la censura, los votos tampoco alcanzarían: solo Revolución Ciudadana y el PSC dan su respaldo de lleno al juicio político.
El oficialismo, además, se juega una carta demasiado importante en su estrategia política: María Paula Romo es, como PRIMICIAS contó el 19 de septiembre, vínculo entre el Ejecutivo y la Asamblea.
Entonces, fuente gubernamentales confirmaron que cuando hay un tema de interés o una ley que presentar, Romo es quien lleva las reuniones con el Legislativo desde tres frentes: con el bloque de Alianza PAIS, con los jefes de bancadas o con la coalición, que se formó en mayo pasado.
En ese escenario, la censura y destitución de la ministra de Gobierno es lo menos probable.
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