El juzgamiento del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por el delito de peculado lleva suspendido nueve meses. No hay fecha para su reinstalación.
Entre el 29 de septiembre y el 21 de octubre de 2021, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se realizaron las primeras 16 jornadas de la audiencia de juicio del denominado caso Pruebas PCR, que involucra a Jorge Yunda.
Hasta ese momento, la Fiscalía había expuesto todas sus pruebas y había empezado el turno de los abogados de los procesados. Sin embargo, todo tendrá que empezar de cero.
El caso involucra a Yunda, a dos de sus exsecretarios de Salud, Ximena Abarca y Lenín Mantilla, así como a otros 10 exfuncionarios de su administración en la Alcaldía de Quito. Y a un empresario.
Los 14 son juzgados por el presunto delito de peculado. El proceso se refiere a posibles irregularidades en la suscripción del contrato de USD 4,2 millones entre el Municipio de Quito, durante la gestión de Yunda, y la empresa Salumed. El objeto fue la compra de 100.000 pruebas PCR para diagnóstico de Covid-19.
Desde septiembre de 2021, cuando empezó el juicio, el panorama del caso ha cambiado. Por un lado, Yunda ya no es Alcalde. Además, los actores judiciales involucrados también variarán.
Cambios en el Tribunal
En el primer intento de juicio, el Tribunal de la Corte de Pichincha a cargo del caso estaba conformado por los jueces Wilson Lema, Patlova Guerra y Fabián Fabara.
En el transcurso de la audiencia, Yunda recusó a Fabara. Según sus abogados, durante los primeros días del juicio, Fabara mostró una actitud parcializada e incurrió en una prohibición legal de interrogar y contra interrogar a los testigos.
Lema y Guerra se tomaron dos meses para resolver esa recusación. Pero, finalmente, en diciembre de 2021 acogieron los argumentos de Yunda y separaron a Fabara. Aunque, el juez interpuso un recurso para frenar esa decisión.
La resolución de este recurso tomó siete meses. Recién el 13 de julio de 2022, un voto de mayoría de la Corte Provincial de Pichincha negó la solicitud de Fabara y ratificó la resolución inicial. Su separación del caso ahora es definitiva.
Lo que todavía no está claro es si Lema y Guerra, los otros dos jueces que conformaban el Tribunal, seguirán en el caso o también serán reemplazados.
Xavier Flores, abogado de Fabara, durante la audiencia de la recusación aseguró que lo que correspondería es el sorteo de un nuevo Tribunal, sin los otros dos magistrados.
¿La razón? Lema y Guerra estuvieron en los primeros 16 días de juicio y conocieron toda la prueba de la Fiscalía. Todo eso deberá volverse a practicar en la reinstalación.
Nueva fiscal
Cuando el juicio se reinstale, no solo el Tribunal variará. También la Fiscalía tendrá una nueva representante. En el primer intento de juicio y en las fases previas, el Ministerio Público fue representado por Alberto Santillán.
Santillán era el fiscal de Pichincha encargado. Pero, el 20 de julio de 2022, Diana Salazar, fiscal General del Estado, dio por terminado ese encargo, que estuvo vigente desde 2019. Ahora, Santillán es candidato a juez anticorrupción.
En lugar de Santillán, se nombró a Ruth Amoroso, agente fiscal de Pichincha. Amoroso estuvo al frente de la fase inicial del caso Sobornos 2012-2016, por el que fue sentenciado el expresidente Rafael Correa.
Ahora, la funcionaria deberá revisar todo el expediente del caso para presentarlo en el juicio.
La Fiscalía, en su rol de acusadora, había convocado a 200 testigos. En la lista están 10 policías, los concejales Luz Elena Coloma y Fernando Morales; y a otros funcionarios y expertos en contratación pública, aduanas y otras áreas.
La política en el medio
Aunque todavía no hay fecha de reinstalación del juicio, el proceso vuelve a tener relevancia por el momento político - electoral que vive el país. En 2023, se elegirán alcaldes, prefectos y otras autoridades seccionales.
Pese a que no ha confirmado una nueva candidatura, Yunda ha mostrado interés por volver a correr por la Alcaldía de Quito.
Ese interés podría truncarse por el caso penal. Desde 2018, cuando se aprobó una consulta popular impulsada por el expresidente Lenín Moreno, las personas sentenciadas por corrupción pierden los derechos políticos de por vida, es decir, no pueden volver a ser candidatos.
En ese contexto, el tiempo jugurá un rol importante. Las candidaturas deberán estar en firme hasta diciembre de 2022: para que haya una deshabilitación de Yunda, una eventual sentencia debería estar ejecutoriada hasta esa fecha. Para eso falta el juicio y las fases de apelación y casación.
Esa no es la única amenaza para las aspiraciones políticas del exalcalde Yunda. En octubre de 2021, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) retiró los derechos de participación al exfuncionario.
Yunda apeló esa sentencia. La audiencia para tramitar ese recurso fue el 19 de julio de 2022. Pero, el TCE todavía no ha dado a conocer su resolución.
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