La reciente ola de Covid-19 desvaneció las intenciones de varias organizaciones sociales de movilizarse para protestar en contra del Ejecutivo.
El movimiento indígena y las centrales sindicales tenían previsto iniciar el año con movilizaciones en contra de las políticas, principalmente, económicas del presidente Guillermo Lasso. Pero no contaron con la extensa proliferación de la nueva variante del Covid-19, Ómicron.
Tras el fallido diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales más visibles del país, la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular anunciaron que tomarían medidas de hecho para protestar.
La primera movilización nacional estaba prevista para el 19 de enero. Pero, cinco días antes, el presidente del FUT, Ángel Sánchez, confirmó la suspensión de la medida a causa del incremento de contagios.
El sindicalista advirtió que "vamos a fijar una nueva fecha para realización de la misma, siempre y cuando los contagios vayan cediendo y se proteja la vida".
Aunque no habían definido una fecha exacta, enero fue anunciado como el mes de la resistencia desde las calles. Y estaba previsto que la Conaie participara en la movilización sindicalista.
Pero, el movimiento indígena les siguió los pasos tres días después. En el Consejo Ampliado del 18 de enero, la agrupación decidió postergar las medidas de hecho, bajo los mismos argumentos sobre la pandemia.
El gobierno había advertido que respetaría el derecho a manifestarse de la ciudadanía, pero que no permitiría que se interrumpan servicios o vías. Y que el peso de la ley caería sobre quienes atenten contra bienes públicos o privados.
Sin embargo, nadie contaba con la fuerza de contagio de la variante Ómicron, que cambió las previsiones del mes. El mismo presidente Lasso se vio forzado a modificar su agenda después de que el vicepresidente Alfredo Borrero diera positivo.
Y, pese a que la postergación de las movilizaciones se dio por el covid-19, la última resolución de la Conaie exhorta al gobierno y al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) a "no usar la fuerza, coerción y restricción de derechos fundamentales" contra la ciudadanía que decide no vacunarse.
Las exigencias conjuntas crecen
Además del rechazo a los precios de los combustibles, ahora las organizaciones sociales también tienen en común la negativa a la concesión, venta o privatización de cualquier bien o activo de los sectores estratégicos.
Uno de ellos es el Banco del Pacífico, que forma parte de la previsión del gobierno de conseguir USD 5.000 millones por ventas y concesiones.
Esta bandera había sido levantada con insistencia por las centrales sindicales, pero después de la última reunión de la Conaie, el movimiento indígena la agregó a su lista de seis exigencias principales:
- El precio de los combustibles.
- Una moratoria de créditos productivos.
- La revisión del precio de los productos agrícolas.
- El problema minero y sus consecuencias ambientales.
- La flexibilización y precarización laboral.
- Y aplicación de los 21 derechos colectivos.
Además, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza llamó a crear una plataforma antiextractivismo y convocó a la unidad "pragmática" de todos los sectores popular en el parlamento de los pueblos y a las organizaciones políticas de izquierda, "con el fin de construir un movimiento político desde las bases para enfrentar las políticas neoliberales".
Contenido Patrocinado
Banco del Pacífico cumple 52 años a favor de la evolución financiera
Contenido Patrocinado
Ciencias computacionales, opciones infinitas en un mundo digital
Lo último