Liberación de Pabón reabre el debate sobre la independencia judicial

Política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

27 Dic - 0:03

La jueza Patlova Guerra actúa como presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, desde que el titular asumió como conjuez nacional. - Foto: Mario Alexis González

Liberación de Pabón reabre el debate sobre la independencia judicial

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

12 Feb - 14:04

La reacción de la Fiscalía, ante el fallo de la jueza Patlova Guerra, generó críticas en diversos sectores. La Asociación de Jueces y Magistrados pidió poner fin a la intimidación.

Hasta el jueves 26 de diciembre, no se conoció si la Fiscalía General del Estado presentaría la denuncia anunciada en contra de la jueza Patlova Guerra. Eso mientras los magistrados reclamaban independencia judicial.

La jueza decidió, la noche del 24 de diciembre, sustituir la prisión preventiva de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, por medidas alternativas.

Al día siguiente, la Fiscalía criticó públicamente esa decisión. Incluso e insinuó la posibilidad de encausarla por un supuesto prevaricato.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica ese delito con una pena de prisión de tres a cinco años. Además de la suspensión de seis meses en el cargo.

PRIMICIAS conoció que en la Fiscalía, aún se analiza cómo proceder en este caso. La entidad considera que la jueza Guerra actuó contra la norma.

La semana pasada, Sonia R., jueza de la unidad cantonal de Cuenca, fue sentenciada a tres años de cárcel por “actuar en contra de ley expresa”, en un caso que enfrentó a una entidad financiera contra tres ciudadanos.

Jueza tiene respaldo

La decisión de la jueza Patlova Guerra se dio luego de casi 12 horas de audiencia y deliberación el 24 de diciembre de 2019. Ese día la magistrada accedió a la reformulación de cargos para Pabón, Hernández y González.

Los tres aún son procesados por una presunta rebelión, durante las violentas protestas de octubre. Sin embargo, se descartó el uso de armas.

Esa reformulación de cargos y las medidas cautelares que la CIDH otorgó a los tres, son razones suficientes para suspender la prisión preventiva, según expertos en derecho penal, como Pablo Encalada, docente de la Universidad Andina.

Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados, también respaldó a la jueza y explicó en una serie de tuits, por qué, a su criterio, no cabe el prevaricato.

La decisión de la jueza Guerra fue celebrada por los simpatizantes de Revolución Ciudadana, encabezados por el expresidente Rafael Correa, quien la calificó de “honesta”.

Paola Pabón se reinstaló el jueves 26 de diciembre a su cargo en la Prefectura de Pichincha y dijo esperaba encontrarse con “alguien decente que administre justicia”.

¿Conflicto de intereses?

El fallo de Patlova Guerra dio paso a especulaciones . El abogado Milton Castillo aseguró que la magistrada tiene una cercanía con Pabón, a través de un familiar.

Se trata de Mao Guerra, hermano de la magistrada. Él es ingeniero civil de profesión y trabaja en la Prefectura de Pichincha desde 2010.

Ese año ingresó a la institución como ingeniero vial, durante la administración de Gustavo Baroja. Pero con la posesión de Pabón se mantuvo en la entidad.

Paúl Ocaña, abogado de Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), descartó una cercanía. Aseguró que según esta lógica, los jueces no podrían tener familiares en la función pública.

Independencia judicial

Dos casos recientes empujaron un pronunciamiento de la organización, que agrupa a 500 jueces del país. En éste emitieron un rechazo a “cualquier actuación que atente contra los principios de independencia y carrera judicial”.

Además del fallo de Guerra y la reacción de la Fiscalía, la Asociación recordó el caso ligado a la exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá.

El juez Manuel Ruiz concedió una acción de protección a favor de Chalá, para que recupere su cargo. Al siguiente día fue destituido por la Judicatura, que aclaró que la decisión tenía que ver con otro caso.

Ocaña, como abogado de la Aemaj, anticipó la predisposición para representar a Guerra y a otros jueces en causas por fallos judiciales.

Según los registros del Consejo de la Judicatura, este año 29 jueces han sido destituidos. Pero, en ningún caso por una denuncia por prevaricato.

Al momento, el Consejo de la Judicatura no se ha pronunciado sobre esta polémica. Además, resta esperar si la Fiscalía impugna la decisión de Guerra en el ámbito administrativo o si acude al área penal.

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