Desde mayo de 2019, estas declaratorias de emergencia en las cárceles no han acabado con los enfrentamientos entre bandas y las muertes. La nueva medida, decretada por Lasso, solo tiene alcances administrativos.
El 16 de mayo de 2019, el entonces presidente Lenín Moreno declaró el primer estado de excepción del sistema carcelario. El mandatario tomó la decisión de restringir derechos de los detenidos debido a una ola de crímenes y asesinatos al interior de los centros de rehabilitación social.
Se trataba de una lucha armada entre Los Choneros y Los Cubanos por tomar el poder de las cárceles, y acabar con los enfrentamientos fue el principal motivo de la medida. Dos meses después, Moreno renovó el estado de excepción hasta el 16 de agosto.
Luego vino una aparente calma que duró aproximadamente un año. El 11 de agosto de 2020, una vez más, el expresidente declaró la emergencia tras otra ola de violencia que se produjo por una batalla entre Los Choneros y Los Lagartos.
Lo cierto es que durante un año de emergencias carcelarias, se registraron 33 muertes violentas de los reclusos.
Más tarde se declaró una segunda emergencia que duró hasta el 11 de noviembre de 2020. Esta vez, la sensación de normalidad en las cárceles duró menos y la nueva ola de sangre fue la peor de la historia.
El 23 de febrero de 2021, en cuatro cárceles del país hubo un motín simultáneo y en un día se registraron 79 asesinatos, tras enfrentamientos entre Los Choneros y sus exaliados.
Y cinco meses después, el 21 de julio de 2021, la violencia se volvió a desatar. Revueltas en la Penitenciaría del Litoral y en la Cárcel de Latacunga dejaron más de 22 muertos. Nuevamente, Los Choneros se enfrentaron a sus células delictivas. En todos estos dos años de emergencias, ninguna de las declaratorias o medidas ha logrado contener los motines armados y las muertes.
Imagen de los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, el 22 de julio de 2021, luego del motín registrado el día anterior. API
Emergencia o excepción
En las crisis de mayo de 2019 y de agosto de 2020, el expresidente Moreno declaró un estado de excepción en los 48 centros carcelarios del país. Con esta decisión, el Gobierno se facultó para restringir los derechos de los internos.
Durante los seis meses que duraron ambas medidas, los guías penitenciarios tenían la posibilidad de violar la privacidad de la correspondencia para los detenidos. También podían impedir que estos se agrupen o se asocien dentro de las cárceles.
Al finalizar el segundo estado de excepción, en noviembre de 2020, la Corte Constitucional (CC) hizo un llamado de atención al Gobierno. Los magistrados indicaron que declarar estados de excepción consecutivos no es la solución para el sistema carcelario y solicitó un plan integral.
Fue así que en diciembre de 2020, el Gobierno presentó dicho plan. Según ese documento, para mejorar el sistema carcelario, se requiere construir 10 nuevas cárceles, comprar 9.000 grilletes y contratar 300 nuevos guías penitenciarios. Además, se necesitan USD 206,8 millones.
Dos meses después de que se presentó ese plan, en febrero de 2021 llegó la masacre carcelaria que cobró la vida de 79 reos, y la Corte volvió a llamar la atención del Gobierno. Le pidió a Moreno presentar un nuevo plan “debidamente financiado“.
Por esta razón, luego de la masacre del 23F el anterior Gobierno no pudo declarar un estado de excepción, sino solo una emergencia administrativa que le permite, sobre todo, hacer compras directas por régimen de emergencia.
Cinco meses después y con otro Gobierno en funciones, el nuevo plan carcelario no ha llegado y tampoco el presidente Lasso tiene el aval de la Corte para firmar un tercer estado de excepción.
Por esta razón, la nueva ola de delitos también es afrontada solo con una emergencia administrativa.
Medidas similares para la crisis
Con o sin estado de excepción, en el Gobierno de Moreno o en el de Lasso las medidas ante la violencia carcelaria han sido similares.
Desde mayo de 2019, las autoridades de turno han respondido a los asesinatos, motines, intentos de fuga y demás problemas con la movilización de militares en los exteriores de las cárceles.
A las Fuerzas Armadas se les encarga el filtro 1 de acceso a los centros carcelarios. Mientras que los filtros interiores (2 y 3) se convierten en responsabilidad de la Policía. Y solo la seguridad interna recae sobre el equipo de agentes penitenciarios.
Estas mismas medidas fueron anunciadas por Lasso luego de la última jornada de sangre del pasado 21 de julio. Ante la imposibilidad de declarar un estado de excepción queda la duda del sustento legal para poder movilizar a militares en tareas de seguridad interna, como son las cárceles.
Fausto Cobo, recientemente nombrado titular del SNAI, explicó a PRIMICIAS que constitucionalmente las Fuerzas Armadas tienen la facultad de apoyar a la Policía Nacional y que bajo está figura están encargados del filtro de acceso en las cárceles.
Pero que no descartan, en el camino, declarar un estado de excepción para que los militares pueden involucrarse en la reestructuración carcelaria que plantea el nuevo gobierno.
Exteriores del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 de Guayaquil, 24 de febrero de 2021. Marcos Pin / API
Vía libre para contratar
Aunque todavía no ha sido publicada la nueva emergencia administrativa del SNAI, al interior de la entidad ya se preparan las contrataciones para hacer frente a la nueva crisis. En las anteriores emergencias, el Gobierno gastó USD 2,5 millones.
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