La disolución del Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro (IPPE), dirigido por el expresidente Rafael Correa, se debe a que se negó a entregar información sobre su funcionamiento. El representante legal, Rolando Carrera, interpuso una acción de protección contra la Cancillería, que fue negada por la Justicia.
La Cancillería disolvió el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE) por no entregar la documentación que se les pidió.
Mediante acuerdo ministerial, esa cartera de Estado determinó que la fundación incumplió con la ley que obliga a las organizaciones de la sociedad civil a entregar información siempre que el Gobierno lo solicite.
En marzo, la Secretaría Anticorrupción denunció públicamente el financiamiento de esta fundación con capital venezolano.
Entonces, la Cancillería solicitó al IPPE que entregara información sobre su funcionamiento.
La Cancillería otorgó la personería jurídica al Instituto en 2017, cuando estaba presidido por la ex ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, a pesar de que sus objetivos no están relacionados con los temas de migración.
PRIMICIAS accedió al acuerdo ministerial 0096, con el que se disolvió la fundación. Allí se establece que el IPPE solo hizo una entrega parcial de los documentos que la Cancillería le solicitó. El ministerio insistió, pero no remitieron la información.
Los documentos que el IPPE nunca entregó son:
- Elección de los miembros de su directiva.
- Inclusión y exclusión de miembros.
- Copias de las declaraciones de impuesto a la renta.
Dejar de entregar esta información a la Cancillería es una de las causales de disolución, de acuerdo con el Reglamento para el otorgamiento de la personería a las organizaciones sociales.
Sobre esta base, el ministerio realizó un informe jurídico y resolvió la disolución del instituto.
Acción de protección contra la difusión de información
El representante del IPPE, Rolando Carrera, interpuso el 8 de abril de 2019 una acción constitucional contra de la difusión de información que el Gobierno hizo de la fundación.
¿El argumento? Que se estaba vulnerando su derecho al debido proceso, al honor y al buen nombre, a la protección de datos personales y a la seguridad jurídica.
Según el IPPE, la información que la Secretaría Anticorrupción difundió pertenecía a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Iván Granda, secretario Anticorrupción, reveló en marzo que el banco venezolano Bandes había transferido dinero al IPPE, con el que se había pagado al expresidente Rafael Correa y a exfuncionarios de su régimen, como los exministro de Finanzas Ricardo Patiño, Fausto Herrrera y Patricio Rivera.
Los correístas también argumentaron que las declaraciones del presidente Lenín Moreno, en las que dijo las palabras “conspiración” y “desestabilización”, afectaron el buen nombre y honor del Instituto.
La acción de protección fue desechada por improcedente por el juez. El IPPE apeló esta decisión; el caso no se ha resuelto aún en la Corte Provincial de Pichincha.
La disolución de la Fundación fue recibida con críticas por parte de los correístas. El Gobierno, a través de Iván Granda, defendió sus denuncias la mañana del miércoles 24 de julio.
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