Así operaba la red de Mendoza: 19 nombres, entre funcionarios y amigos

Desde tres frentes operaba la red de corrupción comandada por el exasambleísta Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero, según las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado:

• Asamblea Nacional
• Servicio de Contratación de Obras (Secob)
• Consorcio Manabí - Pedernales

19 personas han sido vinculadas, hasta este momento, por el juez Marco Rodríguez al caso por presunta delincuencia organizada, en la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales.

A través de escuchas telefónicas, transcripción de chats y seguimientos personales, la Fiscalía ha identificado cuál era el rol de cada una de estas personas en el caso.

En la red aparece un asambleísta, un exlegislador, un exasesor legislativo, seis exfuncionarios del Secob, tres trabajadores del Consorcio Pedernales - Manabí, al que se le adjudicó la obra, y siete personas cercanas al círculo de Mendoza.

Sus labores iban desde la dirección de la red, la coordinación, la efectivización de cheques, la logística, la adjudicación de obras y el desvío de dinero.

A continuación, el diagrama del funcionamiento de la red:

Sin embargo, a la Fiscalía todavía le quedan varias semanas de instrucción fiscal y podrá -de ser el caso- incluir más nombres en el caso.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) Núcleo Manabí, por ejemplo, considera que se debe vincular a Luis Felipe Abarca Jaramillo, quien tiene a su cargo la subdirección de Contratación del Secob.

En una carta enviada a Darwin Espinoza, administrador temporal del Secob, Julio Villacreces, coordinador de la CNA, lamentó que Abarca siga en su cargo siendo el responsable por la falta de vigilancia en los procesos contractuales.

Además, de los audios de conversaciones entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero se desprendieron otros nombres de funcionarios públicos cuya posible vinculación al caso todavía debe ser establecida.

Se trata de la ministra de Gobierno, María Paula Romo; el presidente de la Asamblea, César Litardo; y siete legisladores más de la bancada de Azuero.

• Franco Romero Loayza
• Freddy Alarcón Guillin
• Washington Paredes Torres
• Rosa Verdezoto Reinoso
• Raúl Tello Benalcázar
• María Mercedes Cuesta
• Fernando Burbano Montenegro

Entre el jueves 23 y el viernes 24 de julio, los nueve funcionarios declararán ante la Fiscalía -de manera libre y voluntaria- sobre lo que conocen del caso.

"Voy a defenderme con alma, vida y corazón"

De los nueve funcionarios que han sido convocados para declarar, luego de que sus nombres aparecieran en las conversaciones de Azuero y Mendoza, solo tres se han referido públicamente al caso.

El último en hacerlo fue el legislador Freddy Peñafiel, quien subió un video a redes sociales explicando que, si no ha contestado su teléfono es porque está viajando a Quito, para cumplir con su declaración.

En una entrevista en radio Majestad FM de Quito, Raúl Tello, otro de los legisladores citados, aseguró que no ha llegado a acuerdos con el Gobierno y que se someterá a todas las investigaciones necesarias.

La ministra Romo, finalmente, a través de un tuit garantizó su asistencia al llamado de la Fiscalía.

Pedernales, Bahía y ¿Manta?

De las primeras investigaciones de la Fiscalía, se conoce que la red de Mendoza no solo operó alrededor del Hospital de Pedernales.

También tuvo injerencia en las obras del Hospital de Bahía en las que una empresa de Franklin Calderón, alias 'Banquero' y mano derecha de Mendoza, se quedó con el contrato de fiscalización.

En el expediente, José Santos, alias 'Chófer', otro de los cercanos a Mendoza, comenta en un chat que el exlegislador recibió USD 2 millones por tres hospitales.

Hasta el momento, no se conoce cuál es la tercera obra hasta la que los tentáculos de Mendoza y su red se extendieron. Pero, ya hay las primeras pistas.

Julio Villacreces, titular de la Comisión Anticorrupción en Manabí, asegura que -de manera extraoficial- un miembro del Gabinete Ministerial aseguró que tienen algunas sospechas de que Mendoza tuvo injerencia en las obras de repotenciación del Hospital Rodríguez Zambrano, de Manta.

Por esta razón, la CNA y el Comité Cívico Interinstitucional de esa ciudad empezaron una investigación a profundidad del caso.

Anteriormente, el Comité Cívico ha denunciado varias irregularidades en el proceso precontractual y contractual de esa obra. Incluso, a través de un amparo legal, se logró que los trabajos se detengan momentáneamente.

Villacreces dice que hay varias coincidencias en el proceso del Hospital de Manta, respecto a lo que ocurrió en Pedernales.

La que más llama la atención es que, al igual que en el segundo caso, en Manta se entregó el 50% del costo de la obra a manera de anticipo a la empresa que está a cargo.

Además -dice Villacreces- el costo de la obra que bordea los USD 27 millones es más alto que el rubro del Hospital de Pedernales. Es decir, se pudo hacer una casa de salud nueva en lugar de repotenciar la existente.

El Hospital de Manta tuvo daños en el terremoto de 2016. Y en febrero de 2020, la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa, anunció el inicio de los trabajos de arreglos y repotenciación.

Según el Servicio de Contratación Pública, el 13 de junio de 2019 se adjudicó la obra por USD 25,9 millones a la empresa Constructora Vicente Rodríguez.

La adjudicación se hizo a través de una licitación. Además de este Hospital, esta empresa tiene 10 contratos con el Estado.

Dos de estos contratos adicionales son también con el Secob. Uno para la construcción de la tercera etapa del Hospital de Lago Agrio y el otro para la terminación del bloque A, el ala 3 y el subsuelo del Hospital de Portoviejo, en Manabí.

Nota de la redacción: Esta nota se publicó originalmente el 23 de julio de 2020. El 31 de julio de 2024, Luis Felipe Abarca Jaramillo, exsubdirector Técnico de Contrataciones del Secob, envió una carta a PRIMICIAS aclarando que nunca fue vinculado ni sancionado por el caso Hospital de Pedernales, contrario al pedido de la Comisión Anticorrupción. Abarca explicó que él asumió ese cargo cuando ese proceso contractual ya estaba en curso. Agregó que fue ratificado en funciones por el interventor del Secob y, posteriormente, se le encargó la Coordinación de Gestión Jurídica de esa entidad. El objetivo de su aclaración es hacer efectivo su derecho al buen nombre y reputación.

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