El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) aceptó, el 22 de diciembre, que los candidatos se movilicen sin restricciones de placas para poder recorrer el país durante la campaña electoral.
Es la primera vez en la historia de la democracia ecuatoriana, que la campaña para unas elecciones presidenciales se llevará a cabo en medio de una pandemia y un estado de excepción.
Aunque desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) pretendan que la declaración del presidente Lenín Moreno -al menos, 30 días de excepción y 15 de toque de queda– no afectará la campaña, esa visión fue rechazada por los partidos y movimientos.
En el cuarto consejo consultivo de organizaciones políticas, realizado el 22 de diciembre de 2020, se ventilaron todos estos temas y el protocolo de bioseguridad para la campaña electoral fue también cuestionado por los dirigentes partidistas.
La presidenta del CNE, Diana Atamain, entregó el protocolo de campaña electoral al director del ECU911, Juan Zapata, y al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el 22 de diciembre de 2020. Cortesía CNE
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dejó la reunión para acudir a una cita con el director del ECU-911, Juan Zapata, y con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para entregarles el protocolo que estableció el pleno para la campaña electoral.
Las quejas sobre las restricciones
Lo acordado por el CNE y lo decretado por el Ejecutivo chocan con los principios y el espíritu de una campaña electoral. Pero con la pandemia de por medio, todos los actores deben hacer ajustes obligatorios para evitar una nueva ola de contagios.
De todas formas, los representantes de las organizaciones políticas señalaron a la autoridad electoral las falencias existentes:
- No será posible controlar que todos los asistentes a las marchas y caravanas usen mascarillas de tipo quirúrgico.
- Lo difícil de controlar el número de personas en las marchas y el número de vehículos en las caravanas, especialmente en las grandes urbes.
- La ausencia de competencia de la Policía y de los gobiernos locales para restringir o sancionar dichas actividades.
- La incompatibilidad de las cifras de participantes aprobadas por el CNE en su protocolo con el máximo de 10 personas permitido por el decreto ejecutivo del estado de excepción, que restringe la libertad de asociación y movilidad.
- La imposibilidad de que los candidatos sigan en sus recorridos con las restricciones de placas para los vehículos a escala nacional y el toque de queda.
- La incompatibilidad de la prohibición de entregar material promocional durante la campaña electoral.
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), advirtió que las agrupaciones no pueden impedir la participación de los vehículos en las caravanas, -en Guayaquil, dijo- han llegado a superar los 2.000 vehículos en campañas anteriores.
Diego Almeida, de la Izquierda Democrática (ID), cuestionó cómo se va a manejar la campaña en Quito, Guayaquil y Cuenca, donde los alcaldes tendrán la potestad de regular y controlar los eventos de campaña, así como agendarlos, según el protocolo electoral.
Sin embargo, la autoridad electoral, como lo repitió el consejero Luis Verdesoto, debe precautelar el proceso en curso, para lo cual debe primar el cuidado de la salud de los votantes, miembros de juntas y todo el personal que trabajará en las distintas etapas.
Por lo tanto, se mantiene la restricción de campaña solo a caminatas y caravanas, los mítines siguen prohibidos, así como el contacto físico de los candidatos con los electores.
Aunque, tras su reunión con el las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Atamaint informó que sí permitirán que los candidatos inscritos puedan movilizarse sin restricciones de placas, mientras porten sus credenciales.
El acuerdo político del día
El consenso logrado en el consejo consultivo entre el CNE y las organizaciones políticas fue sobre el calendario electoral: no habrá cambios en las fechas establecidas. No se retrasarán las votaciones.
Los consejeros electorales recordaron que, de retrasarse el calendario, no se lograría posesionar a las nuevas autoridades en las fechas que manda la Constitución, 14 de mayo para lo asambleístas y 24 de mayo para el Presidente y Vicepresidente.
Y los representantes de los partidos y movimientos políticos presentes en la reunión les dieron su respaldo para mantener las fechas como están: la primera vuelta el 7 de febrero y el 11 de abril la segunda.
Esto pese a la pandemia, al estado de excepción y a la última resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que busca la inscripción de todos los aspirantes del movimiento Justicia Social, que quiere candidatizar a Álvaro Noboa a la Presidencia.
Pero, según los consejeros abrir el proceso, como lo pide el TCE, retrasaría hasta por 57 días las elecciones, lo cual es inejecutable y por ello remitieron una demanda ante la Corte Constitucional para que aclare las competencias electorales.
Pese al apoyo de las organizaciones políticas, para no mover los comicios, los dirigentes insistieron en que la pugna entre el CNE y el TCE “raya en lo bochornoso” y que las instituciones deben brindar seguridad jurídica para la contienda electoral.
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