La Secretaria de Planificación, Sariha Moya, conversó con PRIMICIAS sobre los planes del gobierno del presidente Daniel Noboa, con inversiones prioritarias en los sectores sociales y de seguridad.
En medio del conflicto armado interno, decretado por el presidente Daniel Noboa, y un déficit fiscal de USD 5.000 millones, sin contar las deudas pendientes del Gobierno Central, el Ejecutivo necesita delinear su planificación para 2024.
Sariha Moya, secretaria Nacional de Planificación, conversó con PRIMICIAS sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno y la necesidad de generar liquidez para evitar que el déficit continúe creciendo.
Las dos principales líneas de inversión a las que apunta el Ejecutivo son: social y seguridad. Por ello apuestan porque su última reforma tributaria, para incrementar el IVA, sea aprobada por las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional.
La secretaria Moya acepta que tienen otros planes bajo la manga, en caso de que esto no suceda, pero advierte que el impacto de esas medidas sería doloroso para quienes tienen que absorberlas.
Después de casi dos meses de Gobierno, ¿qué ha hecho la Secretaría de Planificación?
Me encontré con un equipo técnico que no había tenido mucho contacto previo con autoridades. Entonces, lo primero que hicimos fue invitar a cada ministro y su equipo técnico a revisar y verificar en qué estado estaban los principales proyectos que manejaba cada institución. Y, así, tomar decisiones.
Tenemos que verificar cuáles serían las acciones a las que hay que dar continuidad y fortalecer. Y cuáles son las que tendríamos que rediseñar, en función de los objetivos que estaban plasmados en el plan de gobierno y que dan los insumos para el Plan Nacional de Desarrollo.
Este periodo de gestión es bastante atípico, ¿qué proyectos de inversión quedaron pendientes del gobierno de Guillermo Lasso? ¿Cuántos se mantendrán o modificarán?
Estamos en una etapa de formulación del Plan Anual de Inversiones, que tiene que constar en el Plan Nacional de Desarrollo y en la proforma que se presenta a la Asamblea Nacional, a mediados de febrero.
Estamos verificando los 355 proyectos que se encuentran postulados. De esos, el año pasado, 181 estaban en ejecución. Pero hay que verificar qué calidad de ejecución tenían, porque el problema que tiene Ecuador es estructural a nivel de caja fiscal.
Entonces, se puede tener un proyecto de USD 100 millones y mandar a pagar un anticipo de USD 30 millones. Pero si Finanzas no logra desembolsar el anticipo, el proyecto no arranca o lo hace sin el financiamiento que debe tener.
Y Finanzas no tiene, precisamente, mucha liquidez...
Heredamos USD 5.000 millones de déficit y tenemos cuentas por pagar que superan los USD 3.000 millones.
Sin contar con lo que se ha pagado a través de manejo de liquidez, que es tomar los recursos de las empresas públicas, universidades públicas. Esto está permitido en la ley, pero no es saludable ni sostenible para las finanzas públicas.
Entonces, con los ministros, estamos revisando qué proyectos sí pagaron anticipos, cuáles no. Y en función de eso se va a delimitar los que entran en el Plan Anual de Inversiones. Pero un plan no se debe medir por el número de proyectos, sino por la calidad.
Entonces, entre todos esos proyectos, ¿cuáles tendrían continuidad?
Un ejemplo es el proyecto que busca mejorar el Sistema de Rehabilitación Social de manera integral. No solo es construcción de infraestructura, sino de forma integral. Pero, previamente, no había recibido el financiamiento adecuado, estaba con una ejecución muy baja.
Entonces, este sería uno de los que se repotencie, revise y rediseñe. Pero estamos revisando cómo se les puede dar viabilidad de manera sostenible y permanente, no con una medida parche.
¿Y cuáles son los proyectos de inversión a los que apunta el Gobierno este año?
El primero es el eje social, que es muy importante para nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Hemos estado revisando los proyectos y alrededor de un 40% o 50% se destinan a temas del eje social: salud, educación y vivienda.
Luego tenemos, como parte del mismo eje social, la seguridad. Es algo que rompe un poco el esquema de la forma en la que se ha venido viendo a la seguridad, como un eje aparte que sale de lo social. Pero la violencia se tiene que combatir desde la prevención y desde la contención.
Con un tejido social tan débil, no podemos considerar que tenemos medidas a largo plazo sin atender el sector de lo social. Entonces, hemos estado revisando en qué estado están los proyectos y programas de asistencia social que tiene el Ministerio de Inclusión Social.
Cuando llegamos, una de las cosas más tristes fue ver los USD 30 millones de deuda en centros de desarrollo infantil.
No podemos financiarnos a costa de los proveedores.
El déficit no es solo un número, ¿dónde está esa carga? ¿Quién está cargando ese déficit? ¿Los proveedores de guarderías, las clínicas de diálisis, los proveedores de alimentación escolar? Eso no se puede permitir.
Tenemos una cadena de pagos rota, porque no podemos pagar a los proveedores, el proveedor no puede pagar a sus trabajadores y ellos no pueden pagar sus cuentas.
¿Primero saldar las cuentas pendientes y luego seguir?
Claro. Estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas, porque una planificación sin financiamiento no es planificación. Entonces, parte del cambio de visión es el seguimiento que vamos a tener, no solo del presupuesto codificado y ejecutado. Eso funciona cuando tienes una caja fiscal líquida que te permite pagar inmediatamente.
Pero cuando tienes una situación como la que estamos experimentando, lo que necesitamos es ver cómo va a ir ese cronograma de pagos, para que se garantice una ejecución saludable.
Primero tenemos que pagar lo que adeudamos, pero hay servicios que no se cortan. Y eso es lo que convierte al déficit en una bola de nieve que sigue creciendo.
Hemos adoptado medidas como el aporte de los grandes contribuyentes, que van a más de USD 1.000 millones que en 2023. Esto fue lo que se aprobó en la Asamblea. Y, ante este escenario tan adverso, también se ha planteado el incremento al IVA en tres puntos porcentuales.
El incremento del IVA no se ha aprobado todavía. ¿La primera reforma tributaria alcanzaría para detener esta bola de nieve del déficit fiscal?
No la detiene, pero la achica. Por eso mismo se está pensando en otras medidas y también se está verificando la calidad del gasto.
Pero a veces pensamos que el Estado 'obeso' se conforma simplemente de burócratas. Y en un Estado con una masa salarial de USD 10.000 millones, en la cual el 90% se destina a educación, salud y fuerzas de seguridad.
¿Cuál es el impacto que buscan con la reforma enviada a la Asamblea para enfrentar el conflicto armado interno?
El proyecto de ley es bastante claro en que los recursos se destinen al eje social y al objetivo de seguridad. Estos dos son los componentes que se analizan a nivel de prevención (fortalecer el tejido social) y contención (equipar a las fuerzas del orden). Esa información va a ser pública.
Ahora tenemos un déficit de USD 5.000 millones, pero el siguiente año esa bola de nieve podría llegar a USD 10.000 millones, lo cual es completamente insostenible.
Los USD 5.000 millones fue el déficit que tuvimos en la pandemia, pero con fuentes de financiamiento identificadas para el siguiente mes. Ahora nos dejan un déficit sin fuente de financiamiento ni para los sueldos.
¿Hay un plan B? Porque en la Asamblea dos bancadas, que suman 69 votos, ya se negaron a aprobar un incremento del IVA. Es decir, de entrada no hay los votos necesarios.
Hay planes B, C... planes Z.
Pero lo que puedo decir es que el plan B de por sí es doloroso. Como lo ha dicho el Ministro de Finanzas, sí hay otras medidas, que incluso nos las plantean, pero son dolorosas y deberían tener más preparación en los sectores que las tienen que absorber.
En este momento, la carga del déficit está en los proveedores y en los gobiernos locales.
Pero si ponemos un impuesto al consumo, que no grava la canasta básica o bienes de primera necesidad, esa carga tributaria no necesariamente va directo al consumidor. Se reparte entre varios actores, entre el grupo de oferentes y el de los demandantes.
Además, el consumidor tiene el margen de maniobra entre un producto costoso o uno que lo reemplace. Es decir, la propuesta es que el déficit lo carguemos entre todos, en función de cuánto consumimos. Los que más consumimos vamos a ser los que más pagamos.
Y, cuando haces un esfuerzo de este tipo, abres las fuentes de financiamiento externo, que no se pueden abrir cuando tienes una caja fiscal crítica y un déficit crítico.
En cuanto al eje de seguridad, ¿tuvieron que cambiar su planificación prevista debido a la declaración de conflicto armado interno?
Estábamos conscientes que los dos principales ejes que teníamos que atender eran el social y el de seguridad. Eso siempre estuvo claro desde el plan de gobierno.
Lo que sí nos ha obligado a hacer es buscar recursos antes. Es decir, había políticas y proyectos que se iban a ir haciendo con el tiempo, de forma paulatina. Pero los hemos adelantado.
Es difícil tomar decisiones con una caja fiscal que ciertos días tiene USD 70 millones, cuando pagas una nómina de USD 800 millones mensuales.
No podemos estar en una lógica en la que tienes que sacar el pago para los chalecos antibalas o el pago para las guarderías. Necesitamos liquidez de forma urgente.
¿Cuáles serían las prioridades en los proyectos de seguridad?
El sector seguridad necesita fortalecerse, porque no hemos tenido suficiente equipamiento para las fuerzas de seguridad, ni para lo básico, peor para temas tecnológicos más avanzados.
Está el anunciado fortalecimiento del Sistema de Rehabilitación Social, a través de dos nuevos centros y de potenciar los que ya existen. Y tenemos varios requerimientos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa.
Defensa había planificado hacer una serie de adquisiciones como helicópteros, para atender el fenómeno de El Niño, esos mismos insumos servirían en estos momentos. Son proyectos que estuvieron planificados el anterior año, que tenían contratos firmados, pero que nunca se pudo desembolsar anticipos.
Tenemos también que equipar a la Policía y a la nueva leva de policías que está por salir y necesita su dotación básica. A través de Cancillería se está generando programas de cooperación internacional para equipamiento y para transferencia de tecnología, inteligencia policial y militar.
Eso en grandes líneas de planificación, porque hay temas que por seguridad son reservados.
¿Qué pasa con esas dos nuevas prisiones tan anunciadas, pero de las que no se sabe nada sobre la construcción y contratación?
Lo que puedo decir es que el proyecto entra en el Plan Anual de Inversiones, ya tiene un monto definido, un lugar y ya está en marcha. Son temas que trata el Consejo de Seguridad.
Si bien es cierto, no fue factible ir y estar en ese momento (para poner la primera piedra), como estuvo planificado de parte del presidente Daniel Noboa y el gabinete de seguridad, el proyecto sigue en marcha.
Y una vez que se tenga que publicar, la información estará disponible en los links de transparencia de las instituciones. Como país tenemos que guardar la reserva del caso, incluso por la situación que estamos enfrentando en este momento.
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