¿Qué es y qué hace el Consejo de Seguridad Pública y del Estado?

El presidente Daniel Noboa ha convocado dos veces al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en lo poco que va del año, precisamente porque es la máxima entidad en la materia.

Por ley, el organismo debe reunirse cada cuatro meses. Sin embargo, también puede hacerlo de manera extraordinaria cuando el Jefe de Estado lo considere. Esto sucedió la noche del 9 de enero.

El presidente Noboa convocó al Cosepe en Carondelet, después de la ola de violencia alrededor del país y tras la declaratoria del conflicto armado interno. Después de la cita, el comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, informó que los grupos terroristas se habían convertido en un objetivo militar.

• 'Todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar', dice comandante de FF. AA.

Sin embargo, los detalles que se trataron dentro de la reunión y sus resoluciones son desconocidos, ya que las actas y documentos anexos de las sesiones pueden ser objeto de clasificación: reservada, secreta y secretísima.

Esto implica que solo podrían ser difundidas luego de transcurridos cinco, 10 y 15 años, respectivamente. Pero la información declarada como secretísima puede ser reclasificada.

Lo que sí se conoce, por ley, es que las funciones que tiene el Consejo se limitan a asesorar y recomendar al Mandatario sobre:

• Las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos, en materia de seguridad pública.
• La adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y del Estado.

¿Quiénes conforman el Consejo de Seguridad?

El Consejo de Seguridad está conformado, en teoría, por 14 altos funcionarios del área, que incluyen a las máximas autoridades de cuatro funciones del Estado o sus delegados.

Es decir, el Primer Mandatario, los presidentes de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, del Consejo Nacional de la Judicatura, Álvaro Román, de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y de la Función de Transparencia, César Córdova.

A ellos se suman los titulares de Defensa, Gian Carlo Loffredo; Interior, Mónica Palencia; Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld; Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi Contugi; y Atención a Privados de Libertad (SNAI), Luis Zaldumbide.

Y los comandantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y de la Policía Nacional, César Zapata.

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Sin embargo, la Ley de Seguridad Pública establece un puesto para el ministro de la "entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado", que además ejerce la secretaría del Cosepe.

Este cargo le correspondería al secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, quien es el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero, la entidad creada por Guillermo Lasso en agosto de 2022, está en proceso de eliminación.

Aunque el presidente Noboa no ha firmado aún el decreto que materializa su desaparición.

Y es que la Secretaría de Seguridad, entre sus 16 atribuciones legales, es la encargada de formular el Plan Nacional de Seguridad Integral y las propuestas de políticas en la materia, para ponerlas a consideración del Jefe de Estado y del mismo Cosepe.

Ese plan debe ser elaborado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y debe ser presentado ante las mismas autoridades, en el plazo máximo de 90 días posteriores a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

¿Y el Consejo de Política Criminal?

La última reforma a la Ley de Seguridad Pública, vigente desde marzo de 2023, establece la existencia de un Consejo Nacional de Política Criminal. Sin embargo, pese la creciente crisis de inseguridad que envuelve al país, liderada por el crimen organizado, el organismo no se ha reunido.

Este Consejo es el encargado de aprobar la política criminal, que se define legalmente como "el conjunto de respuestas que el Estado adopta, de manera integral e intersectorial, para prevenir y enfrentar la delincuencia y criminalidad".

El objetivo es garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de sus habitantes. Y este organismo está conformado por 15 miembros del Ejecutivo y tres de la Función Judicial.

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Son un delegado del Presidente de la República, los titulares de Derechos Humanos, Seguridad Pública, Interior, Defensa, Gobierno, Inteligencia Estratégica (CIES), Atención a Privados de Libertad (SNAI), Inclusión Social, Aduanas, Análisis Financiero (UAFE) y el Comandante General de la Policía.

Y los presidentes del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscal General del Estado.

Además, tiene un puesto, con voz pero sin voto, el delegado de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.

El pleno de este organismo debe reunirse al menos una vez cada tres meses y funcionará según el reglamento que el mismo emita para tal efecto. Sin embargo, nada de esto ha sucedido.