Luego del pedido de Carlos Pólit, que no tuvo oposición de Estados Unidos, la justicia de esa país reprogramó su juicio para octubre de 2023.
El excontralor Carlos Pólit tiene cinco meses más para preparar su defensa. Esto de cara al juicio por lavado de activos, al que se enfrentará en Estados Unidos (EE. UU.).
La audiencia de juzgamiento estaba prevista para el 22 de mayo de 2023. Sin embargo, el 29 de marzo de 2023, Pólit -a través de sus abogados- solicitó un diferimiento para cualquier fecha después de septiembre de 2023.
Esa petición no fue objetada por los abogados que representan a Estados Unidos, como acusadores oficiales.
El 4 de abril, la Corte de Florida aceptó la petición.
El Tribunal dispuso que el juicio con jurado se iniciará el 23 de octubre de 2023, a las 09:00. La diligencia se realizará en la división de Miami ante la jueza Kathleen M. Williams.
Además, el Tribunal ordenó que el tiempo hasta la fecha del juicio queda excluido del límite legal para un juicio rápido. Es decir, los plazos quedan suspendidos.
Más tiempo para revisar evidencias
Pólit solicitó el tiempo adicional para revisar la evidencia incluida recientemente. Entre el 15 de febrero y el 13 de marzo de 2023, el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) incluyó aproximadamente cinco gigas de documentos como evidencia.
Por esta razón, la Corte determinó que la razón expuesta para solicitar el diferimiento, "superan los intereses del acusado y del público en un juicio rápido".
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pólit presuntamente participó "en un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero, promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador".
Pólit está acusado de:
- Un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
- Tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero.
- Dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.
Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y de conspiración para cometer lavado de dinero y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.
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