En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Defensa, Luis Lara, dice que se están tomando medidas para detectar la infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas.
El 4 de diciembre, un cabo de la Marina fue detenido mientras trasladaba 18 bloques de cocaína en una camioneta de la Armada.
El ministro de Defensa, Luis Lara, asegura que frente a casos de militares implicados en delitos, las Fuerzas Armadas están fortaleciendo las pruebas de confianza (polígrafo), para detectar infiltraciones del crimen organizado y mejorando los procesos de selección de personal.
El general Lara revela que durante el correísmo se debilitó el control de la Reserva Ecológica Arenillas, en la frontera con Perú, lo que dejó el terreno libre a grupos asociados con la delincuencia transnacional.
Hoy Ecuador busca que la zona sea declarada área de reserva nacional, para retomar el control de un área en la que proliferan el tráfico de armas, de municiones y de explosivos.
Subraya que el Plan de Seguridad y Defensa contempla el apoyo de varios países, incluidos Estados Unidos e Israel, y que el Gobierno ha entregado recursos para la adquisición de 137 vehículos blindados 4×4 y 6×6, entre otros equipos.
¿Qué medidas están tomando en Fuerzas Armadas para prevenir la corrupción e identificar al personal contaminado?
Hemos declarado una política de tolerancia cero a la corrupción y estamos actuando con absoluta firmeza en este sentido, ajustando procedimientos de selección en las escuelas de formación de oficiales y tropa.
También estamos fortaleciendo las pruebas de confianza para el personal en todos los niveles, lo que permitirá detectar posibles infiltraciones.
Y estamos adoptando las medidas necesarias para generar confianza entre los ciudadanos respecto del trabajo profesional de sus Fuerzas Armadas.
¿Cómo funciona la cooperación con Perú para enfrentar delitos como tráfico de armas, municiones, explosivos y sustancias prohibidas, en un contexto cambiante de inseguridad?
A partir de la suscripción de los acuerdos de paz en 1998, los dos países han incrementado las acciones para el control fronterizo, en el marco del acuerdo de constitución de la Comisión Binacional Peruano-Ecuatoriana sobre Medidas de Confianza Mutua y de Seguridad.
Los nuevos escenarios, cada vez más complejos de la seguridad en la región, han obligado a redoblar esfuerzos, en especial por la acción de la delincuencia organizada transnacional que, asociada con grupos dedicados a la minería ilegal, tratan de aprovechar la enorme extensión de la frontera entre los dos países.
Así, ingresan en territorio ecuatoriano los explosivos y detonantes para actividades ilegales, así como armas y municiones.
A través de los acuerdos y entendimientos en las reuniones de mandos regionales, en las que participan los comandantes de las unidades de frontera, tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía, se ha fortalecido para el intercambio de información.
¿Cuáles son los resultados de los operativos de 2022?
En lo que va del año hemos incautado una gran cantidad de armas de fuego (138), de municiones de diferentes calibres (12.358) y varios tipos de explosivos, como 28.265 tacos de dinamita, 54.741 fulminantes, 45.691 metros de mecha lenta, 8.603 cápsulas detonantes, 1452 kilos de nitrato de amonio, 494 tacos de explogel.
Estamos gestionando varios proyectos para que, en el mediano plazo, se puedan recuperar varias unidades militares, implementar nuevos destacamentos, incrementar el personal militar profesional, lo cual mejoraría el control fronterizo.
¿Cómo reforzar los mecanismos de seguridad en las fronteras con Perú y Colombia?
A lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas han cumplido con firmeza su misión constitucional de defender la soberanía y la integridad territorial, pero además han sido factor de desarrollo y bienestar de las zonas de frontera.
Una equivocada visión política de la defensa produjo el desmantelamiento de unidades y destacamentos militares en la frontera sur, debilitando la vigilancia y el control en la zona.
Sin embargo, la institución ha realizado esfuerzos para revertir poco a poco esa tendencia, con el apoyo del Estado, para repotenciar y reemplazar equipos y armamento obsoletos y readecuar la infraestructura.
¿Cuáles son los ejemplos de esas políticas equivocadas?
Me gustaría citar el caso de la Reserva Ecológica Arenillas (REA) que, a partir de 2012, por decreto ejecutivo del Gobierno, dejó de ser considerada área reservada de seguridad y pasó a ser controlada por el Ministerio de Ambiente.
Al no disponer el ministerio del personal necesario para un efectivo control de las 13.170 hectáreas de la reserva, se incrementaron las acciones de grupos asociados con la delincuencia transnacional, con el consiguiente daño a la seguridad de Ecuador.
En este momento, se analiza la declaratoria de la Reserva Ecológica Arenillas como Área Reservada de Seguridad, lo que permitirá fortalecer el control de un territorio clave para la defensa nacional.
¿No es el momento de apuntalar una política regional para frenar la arremetida transnacional del narcotráfico?
La decisión del Gobierno de declarar al narcotráfico y sus actividades conexas como una amenaza para la seguridad y la paz de la Nación es una toma de posición valiente, para preservar la paz y la seguridad.
Trae el riesgo de la reacción de las mafias, que han creado situaciones de alta violencia, pero, al mismo tiempo, nos permite ver un futuro en el cual podamos tener un país productivo y en paz.
Esa visión regional de combate al narcotráfico y al crimen transnacional no solo es fundamental, sino urgente, por sus efectos para la seguridad de los ciudadanos.
Es el momento de avanzar en acuerdos regionales o binacionales para que las fuerzas de seguridad puedan enfrentar con decisión estas actividades ilícitas.
Las relaciones con las Fuerzas Armadas de los países vecinos son activas y se enmarcan en los mecanismos de cooperación institucional, hay intercambios de información y se realizan operaciones coordinadas de control cuando es necesario.
Ecuador espera que Estados Unidos financie un Plan de seguridad y defensa de USD 5.300 millones. ¿El énfasis será mejorar la operatividad, inteligencia, tecnología y equipamiento de Fuerzas Armadas y Policía en fronteras?
El Plan de Seguridad y Defensa es una decisión soberana de Ecuador que busca, a través de los canales diplomáticos de cooperación, el financiamiento de países amigos.
El énfasis del plan está en el incremento de las capacidades de las Fuerzas Armadas para cumplir su misión, pero para ello, hay que invertir en equipamiento y movilidad.
Se suma el imprescindible énfasis en la ciberdefensa, mediante mecanismos de prevención, protección y respuesta que permitan proteger la información sensible y los bienes estratégicos de la Nación.
Las buenas relaciones con el Gobierno de Israel nos están permitiendo conversar con la industria de defensa de ese país, para fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia y ciberseguridad.
¿Cuál ha es apoyo concreto que el Gobierno ha dado a Fuerzas Armadas?
El Gobierno está entregando recursos para mejorar las capacidades operativas de Fuerzas Armadas, que han permitido la adquisición de 137 vehículos blindados 4×4 y 6×6.
Además de la adquisición de 5.700 kits de armamento y equipo, la entrega de recursos para la recuperación de los helicópteros de transporte de la Aviación del Ejército, para la recuperación de embarcaciones y el sostenimiento logístico para la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Esmeraldas’, así como para la dotación de uniformes para el personal militar.
Los procesos en el campo de la defensa no son de ejecución inmediata, toman su tiempo; el fortalecimiento de Fuerzas Armadas se notará en el primer semestre del próximo año.
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