El presidente Lasso somete a cinco "malos jueces" al escarnio público

El presidente Guillermo Lasso cumplió con su promesa de exponer a los jueces que liberan a líderes de bandas delictivas. En una cadena nacional, la noche de 7 de febrero, el Mandatario dio a conocer varios nombres.

"Hemos declarado la guerra al crimen organizado, y a las mafias que nos roban la paz (...) han sido testigos de como las fuerzas del orden exponen sus vidas para llevar a los criminales ante la justicia y han sido testigos, de como algunos jueces liberan a esos delincuentes", dijo el Presidente.

El presidente recordó que la justicia y las fuerzas del orden están para proteger a los ciudadanos, "sin embargo, en nuestro país contamos con malos jueces que defienden a los delincuentes".

Luego de esas palabras anunció tres decisiones al respecto:

• Poner una queja formal ante el Consejo de la Judicatura.
• Denunciar a los jueces ante la Fiscalía General del Estado.
• Exponer públicamente a esos jueces.

En esa línea identificó a los siguientes magistrados:

• Ángel Lindao Vera, juez multicompetente de La Concordia.
• Juan Carlos Terán Moreno, de Guayaquil.
• Mary Alexandra Quintero Prado, de Manta.
• José Luis Alarcón Bowen, de Manta.
• Emerson Geovanny Curipallo Ulloa, de Santo Domingo.

Un Gobierno 'justiciero'

La crisis de inseguridad no da tregua mientras las promesas y planes del Gobierno se multiplican. Inicialmente, el epicentro estaba en las cárceles. Ahora está en las calles y juzgados.

Para el Ejecutivo gran parte del problema radica en la mala administración de justicia. Por eso, su nueva meta es señalar con el dedo a "los aliados de la delincuencia", es decir, los jueces que consideran que toman malas decisiones.

Según el presidente Guillermo Lasso, desde hace tiempo, hay decisiones de ciertos jueces que indignan a la ciudadanía y que muestran "abusos que juegan en favor de criminales". Pero, en diciembre pasado, advirtió que su Gobierno no meterá las manos en la justicia.

De todas formas, el Mandatario ahora transita una zona gris. Aunque insiste en el respeto a las funciones del Estado, desde mediados de diciembre ha iniciado una campaña que apunta a 'desenmascarar' a los jueces considerados "enemigos" del Estado.

El 14 de diciembre apuntó al juez Vicente Oña, quien dejó libres a cinco delincuentes detenidos por la Policía, uno de ellos un cabecilla de Los Lobos, que fue recapturado mientras transportaba armas y drogas.

Según Lasso, ese mismo hombre habría asesinado al director de la cárcel del Inca. Por eso declaró al magistrado públicamente como "enemigo de la seguridad pública y defensor de delincuentes“.

Esa fue la gota que derramó el vaso, desde entonces, el Mandatario prometió exponer a los malos jueces. Aclarando que el respeto a la independencia de funciones, “no implica quedarnos callados cuando dichas funciones fallan a sus obligaciones”.

Además, el Gobierno solicitó que se investigue el patrimonio de cinco jueces que emitieron fallos a favor de “delincuentes”

Por eso, con esta última denuncia pública, el presidente Lasso parecería querer hacer justicia a su propia manera, ratificando su intención de someter a los jueces señalados al escarnio público.

Los antecedentes

Desde abril de 2022, el presidente Lasso ha criticado la administración de justicia. En ese entonces, convocó a los titulares de la Fiscalía, la Judicatura y la Corte Nacional a un "diálogo urgente".

El Mandatario quería "encontrar soluciones y propuestas que permitan defender al Estado de Derecho de estos abusos", refiriéndose a las decisiones judiciales a favor de varios sentenciados por corrupción, narcotráfico y hasta asesinatos.

El resultado de esa cita fue la intención de la Corte Nacional de pedir un pronunciamiento a la Corte Constitucional (CC) sobre tres temas: los alcances y límites de la figura del habeas corpus, permitir el inicio de procesos por prevaricato a los jueces y revisar los límites de potestad disciplinaria que tiene la Judicatura.

Mientras que la Judicatura suspendió a dos jueces que otorgaron polémicos habeas corpus y llamó a los jueces superiores a que ejerzan su potestad disciplinaria, para que, con base en eso, el Consejo pueda sancionar a los jueces que incurran en faltas.

Nada ha cambiado desde entonces. Las sorpresivas sentencias de ciertos jueces continúan y la crisis de la Función Judicial se ahonda.

El problema financiero

No solo se trata de supuestos hechos de corrupción y una aparente infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, sino también de falta de presupuesto. Como lo ha dicho el mismo Gobierno, hay jueces que sí intentan hacer su trabajo.

Sin embargo, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, explicó que no existe dinero para evaluar a los jueces y que en ese tipo de casos tampoco lo pueden hacer de oficio, por una reforma legal previa.

"El 91% del presupuesto se va en sueldos, el 9% nos queda para pagar arriendos, luz, servicios e infraestructura básica", contó a PRIMICIAS.

Entre 2011 y 2012, el presupuesto del Consejo de la Judicatura, sin contar a la Fiscalía y a Defensoría Pública, era más de USD 650 millones. En 2022 el presupuesto fue de USD 370 millones. Pese a que el trabajo y las necesidades de jueces y fiscales han aumentado.