El presidente Lasso tiene siete vetos legislativos pendientes

Proyectos de ley aprobados por la anterior Asamblea están a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo. El Mandatario debe comenzar a tratarlos esta semana.

El presidente Guillermo Lasso tiene deberes acumulados en su Secretaría Jurídica.

Además de la redacción de las nuevas leyes y reformas, la Secretaría Jurídica elabora las objeciones a los proyectos de ley que la Asamblea aprueba.

La Presidencia tiene pendientes siete vetos a distintas reformas que la anterior Asamblea pasó. Los plazos para cumplir este trámite comienzan a vencerse esta semana.

Estos vetos marcarán la tendencia en la relación entre Legislativo y Ejecutivo. Si Lasso veta propuestas que tengan acogida en la actual Asamblea, puede haber fricciones.

Por otro lado, el Mandatario enfrenta el reto de cambiar lo que sucedía en el gobierno de Lenín Moreno.

En ese periodo, las objeciones casi siempre llegaban a último minuto. Y en muchas ocasiones contenían errores que generaban molestias entre los asambleístas.

Siete leyes a la espera

El Presidente de la República tiene dos opciones una vez que la Asamblea le envía un proyecto:

Vetarlo totalmente, en cuyo caso la Asamblea no puede volver a tratar el tema durante un año.
Veto parcial, en el que el Ejecutivo hace cambios puntuales a la propuesta. En este caso, la Asamblea necesita 70 votos para aprobar lo objetado o 91 para ratificar el texto original.

El Mandatario tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre si veta o no los siguientes proyectos de ley:

Reforma a la Ley de Seguridad Social

Plazo: 3 de junio de 2021.

Tema: La reforma se refiere a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Propone que la presidencia del Consejo sea rotativa entre los tres vocales para que cada uno dirija la entidad por 16 meses.
Reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Plazo: 3 de junio de 2021.

Temas: Plantea reformas en los límites de velocidad, registro de usuarios de bicicleta, regulación para los scooters, uso de cascos, nuevas materias en la educación básica y cambios en los cursos para la obtención de licencia de conducir.
Reforma para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito

Plazo: 5 de junio de 2021.

Temas: La propuesta cambia varios cuerpos legales. Establece nuevas penas para defraudación aduanera, recepción aduanera, contrabando y actos lesivos a la propiedad, y crea un Comité Interinstitucional para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito.
Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva

Plazo: 10 de junio de 2021.

Tema: La iniciativa plantea, según la Asamblea, “mecanismos de transición de la economía lineal a la economía circular inclusiva”.

La propuesta está orientada a sensibilizar a los consumidores, introducir sistemas de etiquetado, reformar los sistemas de recolección y clasificación e impulsar la inversión en los sistemas de gestión de residuos.
Reformas al COIP en materia de violencia sexual digital

Plazo: 11 de junio de 2021.

Temas: Plantea la creación de nuevos delitos relacionados con la violencia sexual por medios digitales. El proyecto generó polémica por la inclusión de un texto que finalmente fue eliminado por la misma Asamblea.

La iniciativa propone la penalización del acoso laboral, el acoso escolar y académico, el hostigamiento, la violencia económica, la violencia política, la violencia gineco-obstétrica, entre otros.
Ley de Navegación

Plazo: 16 de junio de 2021.

Tema: La norma aprobada tiene como objetivo “regular y garantizar la defensa de la soberanía y la integridad territorial en los espacios acuáticos nacionales”.

La propuesta busca actualizar el Código de Policía Marítima, cuya última reforma se realizó hace 41 años y fortalece el control de las actividades marinas y la seguridad de la navegación.
Reformas sobre beneficiarios de pensiones

Plazo: 16 de junio de 2021.

Tema: La iniciativa reforma la Ley de Seguridad Social y la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

La norma permitiría que los beneficiarios de pensiones de retiro del ISSFA e ISSPOL, que estén o se reincorporen a prestar servicios bajo relación de dependencia, continúen recibiendo la totalidad de la pensión de retiro.