Washington ha tomado medidas puntuales en casos de corrupción en Ecuador, como el retiro de visas y las designaciones personales. La meta de recuperar activos relacionados con investigaciones judiciales puede tomar más de una década.
Cada año en el mundo se paga un estimado de USD 1 billón en sobornos y se roban otros USD 2,6 billones, según los cálculos del Foro Económico Mundial. Esto representa, al menos, un 5% del PIB mundial, y Ecuador no es la excepción.
Los casos de corrupción no han dejado de sorprender al país y ninguna administración ha salido sin acusaciones en su contra. Los últimos casos envuelven a la Asamblea Nacional, después de que el presidente Guillermo Lasso denunciara un presunto intento de venta de votos.
Previamente, durante el gobierno de Lenín Moreno, estalló la ‘pandemia’ de corrupción, a la par que la de covid-19, donde hubo centenas de contratos por la emergencia sanitaria y en muchos de ellos se observaron irregularidades y sobreprecios.
La lista de escándalos es larga: Isspol, Las Torres, Ecuagran, Sobornos, Coopera, Alex Saab, Actemra, Seguros Sucre, Biscayne Capital, Salcedo, y Singue. Varias causas tienen aspectos en común: no hay resoluciones de la justicia, las autoridades de control fueron burladas y Estados Unidos ha liderado las investigaciones.
Estados Unidos marca la pauta
El mismo presidente Lasso y el canciller Juan Carlos Holguín han lamentado que Estados Unidos lleve adelante procesos más ágiles sobre casos de corrupción que involucran a Ecuador.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el presidente Guillermo Lasso, en Carondelet, el 19 de octubre de 2021. EFE / José Jácome
El último caso en el que Washington puso a las autoridades ecuatorianas sobre alerta fue el de los presuntos narcogenerales. Cuatro meses después de que el embajador Michael Fitzpatrick anunció del retiro de visas por supuesta corrupción, también a jueces y abogados, en Quito no hay noticias al respecto.
Chandana Ravindranath, directora de lucha contra la corrupción en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, recuerda que el presidente Joe Biden estableció la lucha contra la corrupción como una prioridad de la seguridad nacional y en diciembre de 2021 publicó la primera estrategia para contrarrestarla.
El documento indica que la Casa Blanca incrementó la cooperación y esfuerzos en otros países, a través del Departamento de Estado y sus agencias relacionadas.
Ravindranath señala que la estrategia busca responder a la dimensión transnacional y la naturaleza transfronteriza de la corrupción. Para ello, están “aumentando la transparencia en las transacciones de bienes raíces para dificultar que los actores corruptos laven sus fondos” y dificultar que puedan “esconderse detrás de estructuras corporativas opacas”.
Una semana después de la emisión del documento, la Embajada en Quito empezó a señalar sus preocupaciones, sobre la corrupción en las fuerzas del orden y el sistema judicial.
Además, Ecuador ya ha recibido asistencia en casos como el FIFAGate, Odebrecht y Las Torres. Actualmente, en las cortes estadounidenses existen 28 procesos en curso que vinculan a ecuatorianos, algunos de ellos tienen relación directa con los casos mencionados.
Acciones tomadas desde Washington
Para intentar frenar la corrupción y sus efectos, el gobierno de Estados Unidos pretende organizar sus acciones en torno a cinco pilares de trabajo:
- Modernizar, coordinar y dotar de recursos sus propios esfuerzos;
- Frenar las finanzas ilícitas;
- Responsabilizar a los actores corruptos;
- Preservar y fortalecer la arquitectura multilateral anticorrupción; y,
- Mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior.
Los últimos acontecimientos tanto en Ecuador como en Estados Unidos, sobre los casos relacionados con el país, apuntan a tres medidas puntuales: retiro de visas, designaciones personales (públicas o reservadas) y asistencia y recuperación de activos.
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Retiro de visas
Imagen referencial de una visa de Estados Unidos cancelada. Redes
Como lo dijo el embajador Fitzpatrick, Washington tiene la potestad de retirar el visado a su país a cualquier ciudadano extranjero, por los motivos que considere. Pero, a la vez, apuntó que son centenares los casos y muchos de ellos por vinculaciones a actos de corrupción.
Esto no necesariamente implica que la persona a quien se le retira el documento está siendo investigada por la justicia estadounidense, pero sí que está siendo ‘evaluada’ por el Departamento de Estado.
Ravindranath explica que debe haber un caso que cumpla con los umbrales legales y que se presente a los abogados, para probar que corrupción o abuso de los derechos humanos.
James Walsh, subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, ratifica que “pasamos por una revisión legal muy sólida en el Departamento de Estado antes de tomar esas determinaciones”. Y aclara que la restricción de sanciones de visa “están completamente separadas del aspecto de la acusación” fiscal.
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Designaciones públicas o reservadas
La familia Bucaram Pulley, el 4 de julio de 2021. @abdalabucaram
El pasado 9 de marzo, el expresidente Abdalá Bucaram hizo historia nuevamente. Esta vez no por huir de procesos legales en su contra, por corrupción, y exiliarse, sino por ser el primer exfuncionario ecuatoriano “designado” públicamente por Washington.
Estados Unidos lo designó por su participación “en actos significativos de corrupción, incluida la apropiación indebida de fondos públicos, la aceptación de sobornos y la interferencia en los procesos públicos”.
La medida implica que no es elegible para ingresar al territorio de ese país y se hizo extensiva a su esposa María Rosa Pulley y a sus hijos Jacobo, ‘Dalo’ y Michel.
La decisión fue tomada con base en la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras, que aplica a los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos.
Y se da cuando el Secretario de Estado tiene información fidedigna de que el funcionario extranjero ha estado involucrado, directa o indirectamente, con corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos.
La designación puede ser pública o privada. Y la lista se entrega de manera periódica al Congreso. Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha designado públicamente a más de 149 personas.
Joshua Mater, coordinador sénior de sanciones de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado, agrega que una vez hecha la ‘evaluación’ también “podemos hacer el caso legal para una designación económica y financiera de conformidad con la autoridad pertinente”.
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Recuperación de activos
Imágenes de las propiedades relacionadas con Carlos Pólit en Miami. Capturas de pantalla / GoogleMaps
Aunque los gobiernos en Ecuador apuntan a la recuperación de activos con promesas políticas, el proceso no es nada simple y puede tomar más de una década.
Jeffrey Coleman, agente especial supervisor en la Unidad de Corrupción Internacional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), cuenta que en los casos exitosos, desde la fecha en que se presentan las acciones de decomiso, probablemente, pasan tres o cuatro años hasta que los fondos obtenidos ilegalmente regresan al país de origen.
Mary Butler, Jefa de la Unidad Internacional de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia, explica que hay demasiadas variables. La mayor parte del proceso está determinado por los tribunales.
Están, por ejemplo, el tiempo que lleva completar la investigación del delito que tiene como base el decomiso de activos. Además hay que presentar cargos y llevar al acusado ante el tribunal. Otros aspectos que pueden durar años son el arresto del acusado y la extradición desde otro país.
A esto se suma el juicio como tal y si se recibe la orden de decomiso, es posible que se requiera liquidar los bienes, el tiempo de la venta y, finalmente, la negociación con el gobierno del país que recibirá los fondos. “Ambas partes necesitaban estar seguras de que los fondos se utilizarían para un propósito apropiado y serán sujetos a condiciones de auditoría suficientes”.
Por ello, el agente del FBI Coleman agrega que se trata de un proceso en el que tienen “la esperanza de comenzar a trabajar de manera más colaborativa con otros países”, para hacerlo “más rápido de lo que lo hemos hecho históricamente”.
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