Esta semana, el CNE deberá decidir si admite a trámite el pedido presentado por la ciudadana Kerly Carvajal. De ser aprobado, tendrá seis meses para recoger alrededor de dos millones de firmas contra el presidente Guillermo Lasso.
El trámite para revocar el mandato al presidente Guillermo Lasso camina a la par de la mayor crisis que enfrenta su gobierno en un año en funciones: un paro nacional que cumple ya siete días este lunes.
La iniciativa, presentada por un colectivo en Guayaquil, podría comenzar con la recolección de firmas en las próximas semanas.
Los plazos para el trámite de la revocatoria del mandato están establecidos en la Ley de Participación Ciudadana. El pasado 2 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) notificó a Lasso con la iniciativa, representada por la ciudadana Kerly Carvajal. El 13 de junio, Lasso entregó su respuesta a través del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Según la ley, Lasso podía impugnar la solicitud presentada por el colectivo “por no reunir los requisitos de admisibilidad“. Estos son:
- Identificación del solicitante y que este no esté incurso en alguna prohibición, por ejemplo que no tenga sus derechos políticos.
- La determinación “clara y precisa” de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria.
Desde entonces, el CNE tiene siete días hábiles para admitir o negar la solicitud de revocatoria. Este plazo se cumplirá en esta semana.
Si se admite la petición, el CNE deberá entregar a los solicitantes los formularios para la recolección de firmas. La Constitución establece que para la revocatoria del mandato del Presidente de la República es necesario el respaldo del 15% del padrón vigente.
En 2021, el padrón alcanzó los 13,09 millones de votantes registrados. Es decir que, para que la revocatoria pase son necesarias 1,96 millones de firmas válidas, que deberán ser presentadas en 180 días.
Si este número de firmas es validado, el CNE tiene tres días para convocar a los ecuatorianos a las urnas, dentro de los siguientes tres meses.
Los señalamientos contra Lasso
Lasso acumula en el CNE dos solicitudes de revocatoria de mandato. Hasta ahora, la única que avanza es la de Kerly Carvajal, quien se identifica como presidenta de la “Coordinadora Nacional por la revocatoria del mandato de políticos demagogos“.
Este colectivo está conformado por, entre otros, el abogado guayaquileño Pedro Granja; la exvocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, y la activista Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Su pedido de revocatoria del mandato se centra en supuestos incumplimientos de Lasso a su plan de gobierno:
- Una educación accesible y de calidad para todos.
- Creación de dos millones de fuentes de empleo, que equivaldrían a 250.000 empleos por año de gobierno.
- Control del crimen organizado.
- Vivienda digna para todas las familias.
- No más violencia intrafamiliar ni abusos contra las mujeres.
- No más impuestos.
- Conservar el patrimonio natural del Ecuador.
- Salud gratuita y de calidad.
Además argumentan que el plan de Gobierno del binomio Lasso-Borrero y el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 se contradicen. Según indican, “la propuesta del gobierno ecuatoriano es dejar la planificación en manos del mercado y desterrar al Estado de los proyectos de desarrollo”.
La respuesta del Gobierno
Aunque el Gobierno debía centrar su respuesta en los requisitos de admisibilidad de la solicitud de revocatoria del mandato, aprovechó para cuestionar también los argumentos de fondo de la petición.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó 120 cajas, con “la evidencia de lo que se ha ejecutado en los frentes social, económico y de seguridad”.
Jiménez aseguró que el pedido no cumple con los requisitos de forma, pero también es una oportunidad para que el Ejecutivo presente las acciones que ha cumplido.
“Estas acciones responden a actuaciones de sectores politiqueros que tratan de figurar, a través de un espacio y buscan notoriedad cuando no la tienen”.
Francisco Jiménez, ministro de Gobierno
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