La fiscal general, Diana Salazar, expuso su teoría del caso. Relató el rol que habrían tenido los nuevos implicados en la estructura que beneció al capo Leandro Norero.
El juez Fabián Córdova instaló este 15 de marzo la audiencia de formulación de cargos contra 13 personas como colaboradores de supuesta delincuencia organizada, dentro del caso Metástasis.
La Fiscal General, Diana Salazar, contó que el papel de estos colaboradores era ejecutar las órdenes del grupo de delincuencia organizada, con facilitadores y proveedores, con financiamiento ilegal, la ubicación de funcionarios corruptos y la impunidad a través del órgano Legislativo.
Se trataba de toda una estructura con roles establecidos y hasta una estrategia comunicacional, afirmó la funcionaria, para deslegitimar el caso de corrupción más importante en la historia de Ecuador.
La teoría sobre Aleaga y Garzón
La fiscal Diana Salazar explicó que el legislador correista Ronny Aleaga tenía el objetivo de lograr la impunidad de los actores del grupo delincuencial, en su calidad de asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización.
A raíz del proceso de lavado de activos contra Norero y la denominada ‘foto de los tetones’, contó Salazar, hubo preocupación entre los involucrados, especialmente en Xavier Jordán, que perdió la clandestinidad y está frente al escrutinio público.
Aleaga, alias 'el Ruso', estaba encargado de silenciar a la persona que representaba la mayor fuente de develación de sus actividades delictivas: Fernando Villavicencio, advirtió Salazar en la audiencia.
El candidato presidencial, asesinado en Quito en agosto de 2023, ya había denunciado las acciones de Jordán y Norero y esto le había conseguido acusaciones por parte de Aleaga, quien mal utilizó sus competencias fiscalizadoras, para pedir información sobre las investigaciones que la Fiscalía tenía contra Jordán, informó la titular del Ministerio Público.
“Aleaga se aseguraba de callar a las voces capaces de entorpecer esa actividad criminal”.
Diana Salazar
“No estaba para revisar las leyes, sino para acoplar la estrategia de persecución a sus opositores, para acallarlos”, mediante la presentación de informes, de denuncias o pedidos de información, sostuvo Salazar.
Elio Andrade, según la Fiscalía, participó desde el centro de privación de libertad donde estaba Norero y facilitó la compra de varios chanchos para celebrar un evento y recibió transferencias del otro líder del grupo delictivo: Helive Angulo.
De acuerdo con la acusación fiscal, Myriam Delgado se encargaba de brindarle comodidad a Norero y su familia, mientras formó parte de la comisión de pacificación y recibía beneficios económicos de Norero, a través de su operador Braulio Mera. A cambio de esto, la procesada condicionó su actuación de pacificadora a las necesidades de Norero.
La fiscal Salazar dijo que esto coincide con el papel de la colombiana Claudia Garzón, quien por medio de su gestión también como miembro de la comisión de pacificación, gestionaba tratos preferenciales para el capo.
Esta, según la teoría fiscal, lo conseguía a través de comunicaciones con Pablo Ramírez, quien entonces era director del SNAI. Y existen videos de agradecimiento de Garzón a Ramírez, dijo la Fiscal General.
El rol de los demás procesados
La guía penitenciaria Katherine Araujo recibió más de USD 10.000 de Braulio Mera, para mantener las comodidades del grupo criminal y la familia de Norero, explicó Salazar.
Mientras que, sobre Juan Pablo Jaramillo, afirmó que colaboró con la facilitación de los depósitos también para la comodidad de Norero en la cárcel y varios de ellos se hicieron a la misma guía penitenciaria.
La fiscal Salazar continuó explicando que el expolicía Ángel Lino era el encargado de hacer el seguimiento a la agente fiscal Libia Sarabia, quien se encontraba a cargo de la sustanciación del expediente por lavado de activos contra la familia de Norero. Lino facilitaba la información de su ubicación para que se perpetren los atentados, afirmó la funcionaria. Y agregó que tiene depósitos en su cuenta bancaria como pagos por su trabajo de ‘inteligencia’.
Sobre el acusado Marcel Loaiza, alias 'El Joyero', Salazar expresó que era el encargado de fungir como operador financiero de la cúpula criminal. Planificó fraudes procesales por el cambio de la evidencia incautada en el proceso de lavado de activos, especialmente por los relojes de alta gama, y su finalidad era sustituirlos por réplicas en Criminalística y hacer lo mismo con los lingotes de oro incautados.
'El Joyero' manejaba grandes cantidades de dinero y propiedades de Norero que provenían en gran medida de Xavier Jordán, sostuvo la Fiscal General. Y agregó que articulaba todas las gestiones del capo a cambio de su bienestar en la causa y su impunidad. Según Salazar, es la pieza clave junto con María José Aguirre, procesada agente fiscal que reformuló los cargos en otra investigación por tenencia de armas para que Norero obtenga la reducción de pena.
El agente penitenciario Carlos Mendoza, según el Ministerio Público, ingresaba objetos prohibidos a la cárcel de Cotopaxi. Norero le depositaba dinero a la cuenta de su pareja, Katherine Guaita. Mendoza también advertía sobre los operativos que se harían dentro de la cárcel.
Doris Oviedo, perito financiero de la unidad contra lavado de activos de la Policía Nacional, habría participado en la manipulación de elementos de convicción en su parte policial para beneficiar a Norero y confundir a las autoridades. Es decir, argumentó la fiscal Salazar, también cometió fraude procesal.
Sobre Eduardo Rodríguez, la fiscal Salazar dijo que es socio y accionista de Fabián Campuzano a través de una empresa de protección, que le sirvió para financiar a Norero y que le compró comodidad en la cárcel. Él registra varios depósitos que realizó entre 1 de mayo a 31 de octubre de 2022 a favor de Guaita.
La Fiscal General contó que Rommel Tamayo se reunió con Cristian Romero fuera de la cárcel de latacunga para intervenir frente a los jueces de Cotopaxi, para obtener beneficios para la hermana de Norero.
Y sobre Yannina Villagómez, fiscal provincial del Guayas, Salazar dijo tenía el rol de ser el brazo jurídico al cual acudían los líderes de la organización criminal, para asesorarse en los procesos contra Norero y su círculo cercano. El propio amigo de Norero, alias Nobita, Alexander Novillo acudió a su despacho para obtener la estrategia de defensa frente al proceso por lavado de activos, de sostener la inconsistencia del delito madre.
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