La justicia ratificó la prisión preventiva contra la viuda del fallecido prefecto Carlos Luis Morales. Su abogado asegura que si no se levanta la medida, ella no colaborará.
Lejos de aclararse, el proceso judicial por presunto tráfico de influencias en la Prefectura de Guayas se dilata. La Policía sigue buscando a tres de los implicados: Sandra Arcos Astudillo, Javier Vélez Arcos y Kerly Moyano Carbo.
Sobre ellos pesa una orden de prisión preventiva, que fue ratificada el 28 de julio. Pero hasta el momento los procesados siguen escondidos.
En el caso de Arcos Astudillo, viuda del exprefecto Carlos Luis Morales, el abogado defensor señala que si el juez no levanta la orden de prisión, ella no declarará.
«No irá a la corte para que sea aprehendida y se restrinjan sus derechos», dice el abogado Carlos Luis Sánchez, quien también defendió al extinto exfutbolista y Prefecto de la provincia.
Tras la muerte de Morales la causa que pesaba en su contra se anuló, pero el trámite siguió con los otros 11 acusados. Además, la instrucción fiscal se amplió a 120 días y el plazo sigue corriendo.
La Fiscalía ha avanzado poco, puesto que aún no declaran Arcos, su hijo Javier Vélez y tampoco Moyano Carbo.
Arcos y Vélez son piezas clave, según la Fiscalía, porque guardan relación con las empresas que habrían operado en la presunta red de corrupción de la Prefectura durante la administración de Morales.
Mientras que Moyano fue coordinadora de Contratación Pública de la institución.
El delito de tráfico de influencias, que indaga la Fiscalía, tiene una pena de tres a seis años en prisión.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El caso de presunta corrupción en la Prefectura se destapó en junio de 2020, tras los allanamientos de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía. Siete personas fueron detenidas, incluyendo a Morales.
El operativo se efectuó para obtener información de supuestas irregularidades en contratos que se habían suscrito con empresas, cuyos propietarios y accionistas tendrían vínculos con el fallecido Prefecto.
Momento de la detención del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en Guayaquil el 3 de junio de 2020. API
Inicialmente se investigaba a seis empresas que habían operado en esta supuesta red. Ahora la fiscal a cargo del caso, Yanina Vilagómez, indaga la participación de cuatro empresas.
Se trata de Recréate Comunicaciones S.A., Impoferrcorp S.A., Talleres Multimarcas S.A. y Zerazamiz S.A.
Según Villagómez, la empresa Recréate le pertenece a la viuda de Morales. Y el abogado defensor, Carlos Luis Sánchez no lo niega, pero descarta que la firma haya tenido contratos con la Prefectura.
Sánchez también alega que no hay indicios de que esta compañía esté relacionada, a su vez, con Impoferrocorp.
«La única coincidencia aquí es que ambas empresas comparten el mismo contador», asegura el abogado.
La tercera empresa cuestionada es Talleres Multimarcas que, como se indica en la Superintendencia de Compañías, fue disuelta. El hijastro de Morales y fugitivo de la justicia, Javier Vélez, es accionista de esta empresa.
Mientras que Zerazamiz es la única compañía investigada que ha firmado un contrato con la Prefectura durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
En marzo de 2020, el Gobierno provincial contrató a Zerazamiz por USD 79.980.
“Los ciudadanos buscados fueron miembros del núcleo familiar de la máxima autoridad provincial”, sostiene Villagómez sobre la viuda del Prefecto y el hijastro.
El propio Morales, ante de morir, denunció a su hijastro y pidió que se investigaran las compañías de su propiedad.
Los misterios de Zerazamiz
Sobre Zerazamiz S.A., una compañía dedicada a las asesorías contables, hay varias dudas.
La primera de ellas es cómo pudo obtener un contrato para realizar un muestreo de Covid-19 con pruebas rápidas en Guayas, si no tiene experiencia en ese campo.
Además, la empresa cobró por cada prueba rápida USD 23,16, mientras que el Municipio de Guayaquil compró el mismo insumo por USD 11,20.
Imagen de archivo de las pruebas rápidas que realizó la Prefectura del Guayas, en mayo de 2020. Cortesía Prefectura
El gerente de la empresa, José Luis Vázconez, quien ahora porta un grillete electrónico, es un carpintero ebanista, quien declaró que funcionarios de la Prefectura le pidieron firmar unos papeles sobre los que no sabía nada.
Mientras que el dueño de la compañía, tal como consta en la Superintendencia, es Hermelindo Velázquez Castro, de 76 años. El paradero de este hombre es un misterio.
¿Cuándo terminará el proceso judicial? Luego de los 120 días de instrucción fiscal, el juez Alfonso Ordeñana tiene la potestad de continuar la causa a través de un dictamen acusatorio.
Lo puede hacer aún cuando no reciba las versiones de los tres fugitivos.
Ordeñana es presidente de la Corte de Justicia de Guayas, donde se ventila el caso de presunta corrupción en la Prefectura. Recayó en esta sala porque involucraba al Prefecto, quien tenía fuero de corte.
Pero con la muerte de Morales, el abogado de Arcos ha pedido que se cambie la causa a un juez ordinario. «Por ley, Ordeñana debería desprenderse del caso, no lo hace por presión política», asegura Sánchez.
Lo cierto es que Ordeñana también tiene sus propios problemas. El Consejo de la Judicatura le inició un sumario administrativo, luego de que no acogió el pedido de prisión para Carlos Luis Morales en junio. En ese entonces dictó medidas cautelares y el uso del grillete.
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