La seguridad se volvió prioridad después de seis meses y tres matanzas

El estado de excepción por grave conmoción interna frente a la inseguridad que vive el país terminó anoche. Aunque el Ejecutivo quiso que se extienda durante 60 días, la Corte Constitucional lo limitó a 30, hasta el 17 de noviembre, por falta de argumentos.

Así, queda solo vigente el estado de excepción en los centros de privación de libertad, declarados en emergencia, que terminará el próximo domingo 28 de noviembre.

En este escenario, solo entre enero y septiembre de 2021 en Ecuador hubo 1.753 muertes violentas, lo que representa un incremento del 89% frente al mismo período de 2020 y más del doble al compararlas con 2019. Y uno de los factores que precipita los índices son las masacres carcelarias, especialmente en Guayaquil.

Por eso el presidente Guillermo Lasso anunció que decretará "cuantas veces sean necesarias, el Estado de Excepción en las cárceles", durante su mensaje a la Nación, tres días después de la última matanza en la Penitenciaría del Litoral.

El Mandatario agregó que espera el apoyo de todas las instituciones, sin mencionar directamente a la Corte Constitucional, con la que tiene roces, porque le han puesto límites a sus estados de excepción.

Desde 2019, los magistrados insisten en que la crisis carcelaria requiere una solución integral, ya que los estados de excepción no brindan soluciones al problema ni a corto, mediano ni largo plazo.

Y el Ejecutivo lo sabe. Aunque la seguridad ciudadana fue el penúltimo punto de su plan de gobierno, ahí ya afirmaban que se requería una solución integral, "que demanda la inyección de importantes recursos económicos".

Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo se dedica poco espacio al tema y las metas trazadas para los cuatro años de gestión parecen más difíciles de alcanzar después del incremento en los índices de inseguridad y violencia.

¿Qué ofreció Lasso en campaña?

El plan de trabajo del presidente Lasso tenía tres ejes y 26 puntos. La institucionalidad estaba en el tercer eje y la seguridad era el punto 25. Ahí el movimiento Creo hacía un recuento del alza en los índices de inseguridad y las cifras de muertes violentas.

Pero el lineamiento transversal del plan se concentraba más en el microtráfico, con la intención de eliminar la tabla de porte de sustancias sujetas a fiscalización, y los delitos contra la administración pública.

La arrastrada y conocida crisis carcelaria recibió solamente dos párrafos de atención. Ahí el gobierno tildaba la situación de preocupante, refiriéndose especialmente al hacinamiento de reclusos, "que aumenta la inseguridad e impide la correcta rehabilitación".

Entre las pocas acciones concretas detalladas en el plan estaba establecer un mapa de riesgos, para identificar los sectores de la población y territorios según su vulnerabilidad en seguridad. Para trabajar en conjunto con la Policía, los gobiernos seccionales, la sociedad civil y las comunidades.

Sin especificar cómo, en la campaña también se habló de fortalecer a las autoridades de control, como la Justicia, la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Armadas, para aplicar "mano de hierro" a la delincuencia y rescatar a la población.

El 28 de enero, después del asesinato del presentador de televisión, Efraín Ruales, Lasso dio una rueda de prensa en la que criticó la falta de liderazgo y la actitud timorata y pusilánime de Lenín Moreno para enfrentar la inseguridad y demandó acciones inmediatas del gobierno.

En ese entonces, el ahora Mandatario dijo que la prioridad sería liderar un trabajo en equipo desde la Presidencia, con las fuerzas del orden y las autoridades de control. Una vez en el poder, la seguridad se volvió prioridad gubernamental casi seis meses después y luego de tres masacres carcelarias.

Lasso también ofreció todos los recursos necesarios para la renovación del sistema de justicia, que lleva con problemas presupuestarios y de personal desde hace varios años. Otro objetivo del plan de campaña era recuperar la confianza en las instituciones reformando la Justicia y reforzando la Fiscalía.

¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo?

La planificación gubernamental también dedicó poco espacio al tema de la seguridad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El documento aprobado por el Consejo Nacional de Planificación y que guiará los planes de inversión del Ejecutivo tiene cinco ejes, el tercero es el de la seguridad ciudadana.

Nuevamente, es el eje más pequeño del plan y, en las ocho páginas que se le dedican, están incluidos temas paralelos y complementarios como la defensa de la soberanía y el territorio nacional, la seguridad vial, la gestión de riesgos y la atención de emergencias.

Entre las metas específicas del Ejecutivo en cuanto a seguridad ciudadana y sistema carcelario están:

• Disminuir la tasa de homicidios intencionales de 106 a 100 por cada 100.000 habitantes.
• Incrementar el porcentaje de efectividad de las investigaciones fiscales del 55,75% al 73,45%.
• Incrementar la satisfacción de los usuarios de la Policía del 77% al 84,61%.
• Reducir el número de muertes violentas en las cárceles de 130 a 88.
• Reducir el porcentaje de hacinamiento carcelario del 29,83% al 20,42%.
• Disminuir la tasa de personas privadas de la libertad custodiadas por cada guardia penitenciario de 26 a 10.
• Reducir las situaciones de crisis en los centros penitenciarios de 118 a 79.

Todas estas metas parecen alejarse después de seis meses de incremento en las cifras de violencia dentro y fuera de las cárceles del país.