La crisis de seguridad que afecta a Ecuador arrincona al Gobierno. La gestión del Ejecutivo es cuestionada desde, al menos, tres frentes por sus acciones o la falta de las mismas.
La última ola de violencia, que inició el 1 de noviembre e incluyó atentados narcoterroristas en cuatro ciudades, tiene al Ejecutivo y las fuerzas del orden concentradas en buscar soluciones. Además, provocó que los frentes políticos del presidente Guillermo Lasso se multipliquen.
El Ministerio del Interior trasladó su sede a Guayaquil y el Presidente también despacha estos días desde las ciudades afectadas. Las reuniones del Consejo de Seguridad (Cosepe) son constantes.
Además de eso, las cadenas informativas y los reportes de los operativos o las acciones realizadas en las cárceles no son suficientes. La opinión pública, los actores políticos y de la sociedad civil reclaman resultados tangibles.
Pero los atentados y los conflictos en las cárceles no ceden.
Las acciones y discursos gubernamentales ha ocasionado que cada vez más actores se concentren en medir cada paso que da el Ejecutivo en este contexto.
La Asamblea advierte con juicios políticos; el movimiento indígena con organizarse para resolver el problema por su cuenta; y los defensores de derechos humanos piden vigilancia:
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El movimiento indígena
El primer frente político lo abrió el movimiento indígena. La Conaie emitió un comunicado el 2 de noviembre, en la mañana, y acusó al Gobierno de “indolencia, incapacidad e inacción”.
La Conaie evocó la lista de masacres carcelarias y el alto índice de muertes violentas. Lo que, según ellos, representa el fracaso del plan de seguridad gubernamental.
Por lo que el movimiento indígena llamó a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a unirse para que “el pueblo organizado” resuelva el problema.
El Ministerio de Gobierno rechazó este pronunciamiento y lo calificó como una “pretensión de profundizar irresponsablemente los problemas” del país, que -afirmó- no han sido provocados por el Ejecutivo.
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Defensores de derechos humanos
El mensaje presidencial, de la noche del 2 de noviembre, decía que el Gobierno actuará “con dureza, dentro del marco de la ley” y que “cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia”.
El 3 de noviembre, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador emitió un pronunciamiento en el que acusó al presidente Lasso y a los anteriores gobiernos de haber provocado la ola de violencia, “por no garantizar los derechos humanos de la población”.
“En ausencia del Estado, era cuestión de tiempo que los territorios abandonados y las cárceles sean disputadas por bandas criminales”. Eso, según el documento, “pone en mayor riesgo y zozobra, a la población empobrecida y vulnerable”.
En seis páginas, las 24 organizaciones pusieron algunos ejemplos como la baja ejecución presupuestaria, “de la que el Ejecutivo se jacta bajo el argumento de ahorro y de no contratar con sobreprecios”.
Por eso, esta organización responsabilizó al Gobierno por la violencia suscitada y reclamó que los organismos de derechos humanos intervengan para precautelar la vida de los presos.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos también rechazó el discurso presidencial por “estigmatizante y porque los derechos humanos no son un obstáculo para garantizar la seguridad ciudadana”.
Además, advirtieron a la comunidad internacional que ese discurso gubernamental puede ser “el preludio para justificar las violaciones a los derechos humanos que pueda cometer la fuerza pública”.
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La Asamblea Nacional
Ante la serie de atentados que iniciaron el 1 de noviembre, hubo actores políticos, especialmente del correísmo y Pachakutik, que lanzaron la idea de adelantar las elecciones generales, convocando a una muerte cruzada.
El tema pasó desapercibido, ante los continuos ataques en distintas ciudades y centros penitenciarios.
Sin embargo, en la Asamblea Nacional, los representantes de todas las tiendas políticas, a excepción de Creo, coincidieron en que el presidente Lasso no ha demostrado capacidad para gestionar la crisis de seguridad y administrar el Estado en general.
La mayoría de críticas se concentraron en el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y en el ministro del Interior, Juan Zapata. Por estos funcionarios, los legisladores acusaron al Ejecutivo de improvisar en la designación de autoridades.
En la sesión del 7 de noviembre, el Pleno aprobó una resolución en la que, aunque respalda las acciones para recuperar el control de las cárceles, pone plazos al Gobierno. Entre otras cosas, para presentar reformas legales y remitir informes.
El documento advierte que si los ministros continúan sin comparecer ante la Asamblea, como lo dispuso el mismo presidente Lasso, serían sometidos a enjuiciamientos políticos.
En sus discursos, los legisladores también hicieron la misma advertencia al Presidente.
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