Las propuestas del Ejecutivo en materia de seguridad parecen quedarse cortas ante las últimas arremetidas de la delincuencia y del crimen organizado.
"La paciencia se terminó". La frase es del alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, quien busca advertir al presidente Guillermo Lasso de las consecuencias de la violencia en esa ciudad.
Erazo incluso amenazó con cerrar la vía Alóag-Santo Domingo y "paralizar el país", con el objeto de llamar la atención del Gobierno para que declare el estado de excepción en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Santo Domingo es una calurosa ciudad de 450.000 habitantes, punto de encuentro de diversas migraciones, y una de las principales conexiones entre las regiones Costa y Sierra de Ecuador.
No es este el primer gobierno local (GAD) que le exige a Lasso que cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad.
En Esmeraldas, la alcaldesa Lucía Sosa ha liderado marchas por la seguridad y también ha exigido la declaratoria de estados de excepción.
Mientras que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha dicho estar dispuesta a ir a la guerra y sostiene que el Gobierno Central le debe USD 60 millones al municipio porteño por los aportes que ha hecho por su cuenta para equipar a la Policía.
Lo mismo reclamó Erazo, quien dice que Santo Domingo cubre gastos que debería pagar el Ejecutivo, en patrulleros y motocicletas para la Policía, alarmas y cámaras.
Son varios los gobiernos locales que hacen lo mismo. La inversión mensual promedio en seguridad de los GADs pasó de USD 389.000 mensuales en 2021 a USD 6,2 millones en 2022.
Estados de excepción
El Ejecutivo sostiene que trabaja en seguridad y que tiene una estrategia de largo plazo para combatir el crimen.
Y argumenta que el repunte de la violencia es una reacción de la delincuencia frente a las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado.
Las apuestas normativas del gobierno para implementar la estrategia de seguridad han tropezado.
Los estados de excepción decretados no han conseguido disminuir los actos criminales. Y la misma Corte Constitucional (CC) ha limitado las facultades del Presidente cuando ha impulsado estas medidas.
Todos aceptan que los decretos ejecutivos que declaran los estados de excepción no solucionan el problema.
El Ejecutivo intentó crear una polémica figura, denominada estado de emergencia, que no restrinja derechos, pero permita la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad.
A eso se sumó la intención de que bomberos, agentes de tránsito, de aduanas y municipales pudieran hacer uso de la fuerza y llevar armas.
Ambas propuestas fueron planteadas en el veto a la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Pero no fueron aceptadas por el Legislativo.
El tercer intento
El tercer intento por atacar la violencia con mecanismos legales apuntaba a la Constitución.
El presidente Lasso planteó en su primera propuesta de referendo una pregunta específica para que los militares pudieran intervenir en los asuntos de seguridad interna y orden público.
Pero la Corte Constitucional lo impidió.
Los magistrados explicaron que la propuesta alteraba la estructura fundamental de la Constitución, respecto de la necesidad de mantener separadas y delimitadas a las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional.
Y la sentencia especifica que, incluso, esto ocasionaría un fortalecimiento del sistema presidencialista y afectaría el equilibrio de pesos y contrapesos de poder en el Estado. Por lo que una reforma constitucional de ese tipo debería pasar por la Asamblea primero.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, respondió que el Ejecutivo no insistirá en la idea de cambiar el papel de las Fuerzas Armadas con enmiendas o reformas constitucionales.
Ahora el Ejecutivo evalúa la posibilidad de reinsertar una pregunta de consulta popular que pueda reforzar el rol de los militares, pero con una reforma legal secundaria.
Eso depende de que el referendo y la probable consulta popular se lleven a las urnas y de que su contenido sea aprobado, lo que sucederá en 2023.
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