El ministro de Gobierno pide, de nuevo, corresponsabilidad de las autoridades seccionales en el manejo de la seguridad, pero le responden que esa es una tarea del Gobierno Central.
El presidente Guillermo Lasso convocó a las autoridades seccionales al denominado Encuentro por la Seguridad. El evento tuvo lugar el 6 de junio, en la Escuela Superior de Policía de Quito.
Durante el encuentro, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, pidió que los Gobiernos Autónomos Descentralizados sean corresponsables en el manejo de la seguridad del país.
Pero este llamado a la unión se convirtió en el escenario de un nuevo desencuentro entre el Municipio de Guayaquil, uno de los más grandes del país, y el Gobierno Central.
Antes de acudir a la cita con el presidente Lasso, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, llegó a Quito con una comitiva de camionetas y de funcionarios de los organismos municipales de seguridad.
"Vamos a la reunión, pero estoy segura de que si el Presidente (Lasso) no presenta un plan de seguridad específico, si no da recursos, las balas, los vehículos, entonces habrá citado a una especie de escuelita cómica", dijo una desafiante Viteri.
La respuesta del Gobierno Central llegó por el lado de Pablo Arosemena, gobernador de Guayas, quien además se refirió al atuendo de Viteri, que vestía un traje negro y lentes de sol de aviadora.
"Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de 'Top Gun' y montar un show llevando decenas de camionetas de la Agencia de Tránsito Metropolitana a Quito, malgastando recursos. Eso no es correcto", dijo Arosemena en un comunicado oficial.
Así, se escribió un nuevo capítulo de la disputa entre los dos niveles de gobierno por la crisis de seguridad que vive Ecuador.
Por un lado, el Gobierno Central pide que haya corresponsabilidad de las alcaldías en el combate a la inseguridad.
Las autoridades seccionales, por otro lado, le responden al gobierno que no es su competencia garantizar la seguridad nacional.
Quién hace qué
Según la Constitución ecuatoriana, la seguridad ciudadana y el orden público son responsabilidad del Gobierno Central.
Una responsabilidad que ejerce a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
Sin embargo, el Código de Organización Territorial (Cotaad) establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) tienen que coordinar con estas dos entidades las actividades de seguridad.
Incluso, el mismo Cootad faculta a los GADs municipales a establecer el cobro de tasas o contribuciones especiales para mejoras. Una de estas tasas es la de servicios de seguridad ciudadana.
En Quito, por ejemplo, se recaudan unos USD 7 millones anuales por este concepto. La tasa se cobra junto con el impuesto predial. Y desde 2022, fue reformado el cálculo de cobro, según la ubicación del predio.
El Gobierno espera que este dinero sea utilizado para colaborar con las tareas de seguridad ciudadana, específicamente, en cuanto a la prevención del delito y de la violencia.
Se dispara gasto en seguridad
Según el Servicio de Contratación Pública (Sercop), en lo que va de 2022, los GADs han lanzado al menos 14 procesos de contratación sobre seguridad ciudadana.
En total, los procesos suman USD 31,1 millones. Sin contar cuatro que no tienen montos referenciales disponibles.
Los datos del Sercop muestran un incremento de las contrataciones de los GADs en el área de seguridad ciudadana en 2022.
El promedio mensual de inversión de los GADs llega ya a los USD 6,2 millones.
El 98% de los USD 31,1 millones invertidos hasta el 6 de junio de 2022 por los Gobiernos Autónomos Descentralizados o GADs corresponde a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil.
Cuando en 2021, según los registros del Sercop, el promedio mensual de gasto de todos los GADs en seguridad fue de USD 389.000.
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