Erika Zoldan, Javier Andrade y Laura Ulici quedaron libres del proceso por presunta delincuencia organizada. Su red había sido catalogada como la pieza clave de la corrupción hospitalaria.
El juicio por presunta corrupción en el Hospital Abel Gilbert Pontón, de Guayaquil, duró 147 días. La Fiscalía inició con la idea de buscar una sentencia contra Laura Simona Ulici Amalia, Ericka Mónica Zoldan Marcovich y Javier Roberto Andrade Lara. Pero, al final, cambió de parecer y no los acusó.
"Demostraré que (...) viabilizaron la existencia de una estructura de corrupción". Así empezó el fiscal Bolívar Burbano el alegato de apertura en la audiencia de juicio, el 10 de julio de 2023.
Tras varias suspensiones y reinstalaciones, el juicio terminó el 4 de diciembre de ese mismo año. En ese lapso, la postura del Ministerio Público cambió radicalmente.
"Tengo que retirar la acusación (...) no hemos podido determinar que estas tres personas pertenezcan a un grupo organizado para obtener beneficios de manera fraudulenta de las arcas del Estado", dijo Burbano en el cierre de la diligencia.
Ya sin una acusación formal, el Tribunal -conformado por los jueces Guedis Cevallos, Marlon Castro y Manuel Armas- no tuvo otra opción que ratificar la inocencia de Ulici, Zoldan y Andrade.
Así, el único caso de corrupción hospitalaria que ha sido judicializado y en el que aparecen los supuestos líderes de la denominada red Zoldan se diluyó. Este grupo de empresarios, dedicado al suministro de insumos médicos para el Estado, fue catalogado por las autoridades como "la pieza clave de la corrupción hospitalaria" que estalló en la pandemia del Covid-19.
La red Zoldan y su alcance
La primera vez que el país conoció sobre Zoldan Corporeishon y su red de empresas fue el 18 de junio de 2020. El mundo vivía los estragos asociados al coronavirus y el sector más golpeado era el de la salud.
En Ecuador, las capacidades sanitaria y hospitalaria habían sido rebasadas por la pandemia, mientras, los casos de corrupción por la venta de insumos médicos con presunto sobreprecio, golpeaba más al debilitado sistema de salud.
Por esta razón, el 1 de junio de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional anunciaron la creación de una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para perseguir los casos de corrupción asociados a la emergencia sanitaria.
El primer gran golpe llegó 17 días después. Las autoridades ejecutaron un operativo con 44 allanamientos y la detención de 13 personas en varias ciudades del país. El foco central era la empresa Zoldan Corporeishon.
Se presumía la existencia de una supuesta estructura delincuencial que estaba operando en varios hospitales de la red pública de salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a escala nacional.
El caso inició por una denuncia de Pedro Pablo Duart, quien era el gobernador del Guayas. Esa acusación apuntaba al Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, donde la red Zoldan había obtenido contratos.
El Hospital Abel Gilbert Pontón pertenece a la red del Ministerio de Salud Pública (MSP). Está ubicado en el sur Guayaquil Y, según los últimos datos disponibles (octubre 2017), atiende a 13.546 pacientes al mes, por consulta externa; y 4.814, por emergencia. Tiene 11 especialidades quirúrgicas y 13 clínicas.
En ese proceso por delincuencia fueron procesadas 25 personas. Entre estos Ulici, Zoldan y Andrade. Las dos últimas eran accionistas de varias empresas relacionadas y dedicadas al suministro de insumos médicos al Estado. Andrade era su cliente y también era proveedor del Estado.
Ese caso se centró únicamente en el Abel Gilbert. Pero la red Zoldan tenía mayor alcance. En agosto de 2020, una investigación de PRIMICIAS reveló que, entre 2009 y 2020, la red Zoldan había recibido más de 300 contratos por USD 119 millones con el Estado.
Se identificaron dos modalidades para ganar esos contratos:
Tres de 300 contratos, en la mira
En el fallido caso del Abel Gilbert la Fiscalía apuntó a tres contratos. Estos fueron adjudicados a Javier Roberto Andrade Lara a través de subastas inversas electrónicas:
- SIE-HAGP-002-2019: USD 26.790 por un intensificador de imágenes.
- SIE-HAGP-003-2019: USD 58.650 por repuestos y accesorios para monitores multiparámetros.
- SIE-HAGP-050-2019: USD 938.000 por insumos traumatológicos para cirugías autoscópicas de rodilla y hombro.
Tal como se identificó en los patrones de otros contratos, Andrade ganó las adjudicaciones por negociación y subasta. En el primer proceso, Andrade fue el único oferente por lo que su propuesta de USD 26.790 fue acogida en la negociación.
Para los otros dos contratos, en cambio, sí hubo subastas. En el SIE-HAGP-003-2019 se presentaron Andrade y Sorin Chirculescu, también identificado como parte de la red Zoldan, aunque no fue procesado. Andrade ganó la puja tras disminuir la oferta en USD 943.
Para el proceso restante también hubo dos oferentes: Andrade Lara y la empresa Ormedic. El primero ganó el contrato de USD 938.000 tras mejorar la oferta en USD 1.500. PRIMICIAS consultó a Ormedic sobre ese proceso. Se indicó que la respuesta se dará tras la búsqueda de los archivos relacionados.
Un extraño proceso judicial
Según la teoría inicial de la Fiscalía, Andrade formó parte de una estructura criminal para ganar esos contratos. Junto a él actuaron varios funcionarios públicos como Francisco Ceballos, exgerente del Abel Gilbert.
También fueron señaladas Zoldan y Ulici, quienes habrían viabilizado la obtención de los contratos a través de la negociación con servidores públicos, ahora procesados, que estaban a cargo de las compras del Hospital, de la Farmacia y de la Subdirección de Medicamentos e Insumos.
Con esa tesis, Fiscalía procesó a Andrade, Zoldan, Ulici, Ceballos y 21 personas más, entre funcionarios públicos y empresarios. Incluso, los tres primeros recibieron orden de prisión preventiva y estuvieron prófugos.
El 8 de septiembre de 2021, el juez Jorge Guzmán llamó a juicio a los 25 involucrados. Inicialmente, el juicio arrancaría solo para 22 personas y el de Andrade, Zoldan y Ulici quedaría suspendido, ya que no podían ser juzgados en ausencia.
Sin embargo, el 6 de octubre de 2021, el juez Guzmán revocó la orden de prisión preventiva. Poco después, estas tres personas se presentaron ante la justicia, pero como el proceso ya se había dividido, su juicio se hizo por separado.
Así, su juicio se instaló en julio de 2023 y terminó en diciembre. En los tres años, entre el inicio de la investigación y el juicio, el proceso cambió de acusador. Inició con la fiscal Claudia Romero, pero en la audiencia de juzgamiento estuvo Burbano.
En la audiencia de juzgamiento, Andrade, Zoldan y Ulici tuvieron el mismo abogado: Sebastián Ramón Fernández.
La acusación inicial había sido presentada en diciembre de 2020. Pero en los tres años posteriores, hasta que concluyó el juicio, hubo nuevos documentos y detalles que cambiaron el panorama del proceso.
En este lapso, por ejemplo, la fiscal Romero dispuso la apertura de investigaciones previas por presunto peculado para cada uno de los contratos investigados en la causa inicial por delincuencia organizada.
Sin embargo, el Ministerio Público archivó esas causas, ya que no se encontraron elementos suficientes para formular cargos por peculado.
De su lado, Ramón incluyó un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), aprobado en marzo de 2022, en el que se certificó que en esos contratos no había indicios de responsabilidad penal. Desde 2019, este tipo de informes de la CGE ya no son un requisito para iniciar un proceso penal.
Estos dos elementos contribuyeron a desbaratar la acusación de la Fiscalía. Por esta razón, Burbano la retiró y el Tribunal ratificó la inocencia de Andrade, Zoldan y Ulici.
Todavía queda la duda de qué ocurrirá con el juicio de los otros 22 involucrados, que está suspendido. Pero debido a las pruebas nuevas presentadas por Ramón, y por el principio de igualdad, es probable que el resto también sea declarado inocente.
¿Dónde están Zoldan y sus aliados?
PRIMICIAS consultó tanto a la Fiscalía como a la defensa de Andrade, Zoldan y Ulici, sobre el transcurso del juicio y su resultado. No hubo una respuesta oficial en ninguno de los dos casos.
Al igual que cuando se inició el caso, encontrar a Zoldan y sus asociados sigue siendo una tarea complicada. La dirección de Zoldan Corporeishon está en Quito, en las calles Roca y Tamayo, en el sector de la Pontificia Universidad Católica.
En la numeración que aparece en el Servicio de Rentas Internas (SRI), en realidad funciona un comedor, que PRIMICIAS visitó. Al ser preguntados sobre Zoldan Corporeishon, los trabajadores del restaurante evitaron dar respuestas.
Construcción ubicada en el centro-norte de Quito, dónde debería operar Zoldan Corporeishon, pero funciona un comedor. PRIMICIAS
Una mujer aseguró que llamaría a alguien encargado; después de unos minutos, un hombre se acercó y dijo que no había respuesta y que no podían dar ninguna información.
Algo similar ocurre con Andrade. Según el SRI, su RUC tiene registrado el nombre comercial JRAL Medical y está ubicado en las calles Carrión y Plaza, muy cerca de dónde debería estar Zoldan Corporeishon. En la visita a este lugar, el conserje informó que en ese sitio funcionaban oficinas y viviendas.
Al timbrar en el departamento que corresponde a Andrade, una persona descendió a la entrada del edificio y pidió los datos del equipo que visitó el lugar, mientras llamaba por su celular, sin obtener respuestas.
Al final de la audiencia de juicio, además, se señaló que Zoldan estaba radicada en Florida, Estados Unidos. Mientras que Ulici y Andrade estaban juntos en Barcelona, España.
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