La mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) confía en completar esas designaciones antes de la votación del referendo, en febrero de 2023. Pidió, además, la intervención de la Contraloría.
La crisis política y jurídica que aquejó al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) parece haberse calmado, pero el caos dentro del organismo persiste.
Ahora hay tres preocupaciones que se ciernen sobre la entidad:
- Finiquitar, al menos, la designación del Contralor y el Defensor Público hasta febrero.
- La negativa de la Asamblea a posesionar a las autoridades que designen.
- La situación del organismo cuando los cinco vocales que van a la reelección se dediquen a promocionar sus candidaturas.
El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, defendió el trabajo de la institución y dijo que el pleno ha cumplido con la conformación de las comisiones ciudadanas de selección. Y que los procesos que estos organismos lleven adelante son de su responsabilidad.
De momento, hay tres comisiones trabajando en la selección de las autoridades para la Contraloría, Defensoría Pública y parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Y, si todo sale bien, Ulloa confía en que podrían designar a los nuevos Contralor y Defensor antes de la votación del referendo constitucional, el 5 de febrero.
El ‘apuro’ es porque las preguntas 5 y 6, planteadas por el Ejecutivo, cambiarían el futuro del CPCCS.
Si la primera pregunta es aprobada, el Consejo ya no designaría a las autoridades de control y los procesos en curso se declararían desiertos, hasta que el nuevo régimen de selección esté en marcha.
Mientras que la segunda pregunta modificará la forma de selección de los mismos consejeros, por lo que, para el siguiente periodo, ya no serían electos en las urnas, sino en la Asamblea Nacional.
Ulloa y el consejero Francisco Bravo criticaron la propuesta presidencial. Para el presidente del CPCCS el Gobierno perdió la oportunidad de blindar a la entidad de las injerencias políticas y garantizar una apropiada selección de autoridades.
Bravo vaticina que el referendo no será aprobado, porque lo planteado irá contra la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía en 2018, con el proceso similar planteado por el expresidente Lenín Moreno.
Una tensa relación con la Asamblea
Tanto Ulloa como Bravo rechazaron que el Legislativo no haya posesionado al nuevo Superintendente de Bancos, Roberto Romero.
Pero confían en que, después de todas las sentencias dictadas de por medio, la Asamblea cumpla con sus competencias y posesione a todas las autoridades que siga designando el CPCCS.
Entre ellas, Ulloa espera, incluso, que esté el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que será seleccionado de la cuarta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Esto después de un pulso político porque las anteriores opciones tuvieron cuestionamientos.
La crisis dentro del CPCCS
David Rosero, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos estaban esperanzados en retomar el control del pleno del CPCCS, después de que la Asamblea destituyó a los otros cuatro vocales y posesionó a dos suplentes adicionales.
Pero, aunque la Justicia dio la razón a los vocales de mayoría, los consejeros de minoría siguen sin participar de las sesiones plenarias.
Por eso, la mayoría solicitó a la Contraloría que realice un examen especial a las asistencias y que “tome la decisión que corresponda”. Para ello, con una resolución plenaria remitieron la lista de participaciones en las sesiones del organismo.
“No podemos permitir que los consejeros se den el lujo de no asistir a las sesiones”, sentenció Ulloa y exhortó a que el Contralor tome acciones “con mucha valentía y frontalidad”.
Además, al caótico escenario se suma el hecho de que cinco de los siete consejeros titulares serán candidatos a la reelección. Pese a que ellos no pueden hacer campaña electoral, sí tendrán un mes para promocionar sus planes de trabajo.
Aunque legalmente no necesitan renunciar a sus cargos para terciar en las elecciones, pueden pedir licencia para esos días. Así lo hará, por ejemplo, el consejero Bravo. Si esto se repite con los demás consejeros, el pleno se quedaría sin los miembros suficientes para sesionar.
Por eso, Ulloa dice que, en ese momento, se requeriría de la participación de los vocales suplentes. Esto daría un total de seis consejeros, Ulloa y Almeida, más los cuatro suplentes ya posesionados por la Asamblea: Mónica Moreira, Karina Ponce, Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar.
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