El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) está dividido. Por un lado, los cuatro consejeros de mayoría, destituidos y restituidos. Por otro, los tres de minoría y los suplentes, a los que invoca la Asamblea Nacional. Ambos bandos se defienden con acciones jurídicas.
La crisis jurídica y política que tiene en 'jaque' al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) crece. Los actores involucrados en la pugna siguen, cada uno, su camino, ignorando las decisiones que los contradicen.
Lo hizo la Asamblea Nacional y lo hacen los dos bandos internos del CPCCS. Todos envueltos en un vaivén de acciones jurídicas que esperan sus respectivas resoluciones.
Mientras tanto, las designaciones de, al menos, tres autoridades de control siguen en marcha.
Destituidos y restituidos
Los vocales Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa fueron destituidos por la Asamblea, en un juicio político, pero recuperaron sus cargos gracias a una acción de protección.
Ellos conforman la mayoría dentro del CPCCS desde febrero, cuando sustituyeron a Sofía Almeida, con Ulloa, como presidente del organismo. Este grupo mantiene cercanía con el Gobierno, así como su reconocimiento legal.
Mientras la acción de protección esté en pie, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó que no reconocerán a los suplentes.
Pero, la acción de protección, interpuesta por un tercero, no es suficiente. Los consejeros, con Ulloa a la cabeza, apuestan también por otras coberturas jurídicas.
Al tener el manejo administrativo de la entidad, este CPCCS presentará denuncias penales ante la Fiscalía, contra el Legislativo y contra sus propios compañeros de minoría:
- Una por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, contra Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea.
- Una por el presunto delito de usurpación de funciones, contra los consejeros David Rosero y Sofía Almeida.
Además, pedirán que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional haga un control político a dichos consejeros, por incumplimiento de funciones, para su posible censura y destitución.
Según Ulloa, Rosero y Almeida remitieron oficios a los funcionarios del CPCCS para que suspendan procesos relacionados con la selección del futuro Contralor General del Estado.
Sin embargo, si este grupo sigue adelante, ejerciendo la gestión mayoritaria dentro del Consejo, sus decisiones deberán después pasar por la Asamblea.
Por ejemplo, las designaciones no solo del Contralor, sino del Defensor Público y del Superintendente de Bancos, deben llegar al Pleno del Legislativo para su posesión y posterior ejercicio de los cargos.
Ahí podría darse un nuevo 'round' en este pulso político entre la mayoría del CPCCS y el correísmo, el socialcristianismo y los legisladores de las disidencias de Pachakutik y la Izquierda Democrática, quienes los destituyeron.
La minoría y los suplentes
Este bloque de consejeros está respaldado por la mayoría en la Asamblea Nacional. A Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos se sumará Olindo Nastacuaz, posesionado como consejero suplente del CPCCS.
Rosero confirmó que esperarán la notificación de la Asamblea sobre las nuevas posesiones y que, una vez que eso suceda, se autoconvocarán a una sesión plenaria.
Sin embargo, reconoció que el poder administrativo dentro del Consejo aún lo tiene Ulloa, pero alega que las decisiones que sigan tomando esos consejeros no tendrían validez legal.
Según el consejero de minoría, el juez que otorgó la acción de protección ya recibió los expedientes remitidos por la Asamblea, lo que ratificaría la destitución de la mayoría. Por ese motivo es que no han asistido a las sesiones convocadas por Ulloa.
Y seguirán sin hacerlo, solo les resta esperar, afirma. Además, confía en que los recursos legales interpuestos por la Asamblea, contra la mayoría, también sigan su curso.
Algo similar sostiene el nuevo consejero suplente, Nastacuaz, quien está en Ibarra, a la espera de ser convocado a su primera sesión plenaria en Quito, para ocupar el cargo titular. No le preocupa la batalla legal en curso, ya que afirma que no hay impedimentos para que pueda ejercer.
Pero la incógnita se mantiene sobre los suplentes Karina Ponce y Mónica Moreira, quienes no han asumido sus cargos, y Carlos Figueroa, que no asistió a su posesión.
Ponce emitió un comunicado en el que advirtió que esperará a que “se resuelva esta disputa en la instancia judicial que corresponde”. Mientras que Figueroa dijo que no podría asistir a la posesión, pero que se daba por notificado.
A su vez, Moreira recordó que ella ya ha sido principalizada en dos ocasiones, en ausencia de los consejeros titulares. "Estamos a la expectativa de lo que podría pasar", dijo, sobre las acciones judiciales en curso.
Pero, en su determinación por reemplazar a los consejeros destituidos, la Asamblea convocó a otros cuatro ciudadanos para posesionarlos como suplentes: Gina Aguilar Ochoa, Joba Fon Fay, Alain Molestina y Olindo Nastacuaz.
Fon Fay falleció en 2020, mientras que Ochoa y Molestina no asistieron. Solo Nastacuaz estuvo en el evento. Y, sobre la posesión de Figueroa, que era el siguiente en la lista, el presidente de la Asamblea dijo que será discutida y se tomará una decisión.
Hasta el cierre de esta edición no hubo cambios respecto a la acción de protección a favor de la mayoría.
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