El asesinato de un fiscal, a cargo de casos de alto perfil, subraya fragilidad de operadores de justicia. En Guayaquil, más de la mitad de muertes violentas y extorsiones se ordenan desde las cárceles, según la Policía.
Hasta el asesinato del fiscal César Suárez, que tramitaba casos de corrupción como el de Daniel Salcedo y por terrorismo tras la incursión armada en TC Televisión, las autoridades hablaban de un repliegue temporal del crimen organizado en Guayaquil.
Ese supuesto repliegue se sostenía en la toma de control por parte de la Fuerza Pública de las cárceles de la ciudad, gracias a la declaratoria de conflicto armado interno y la identificación de 22 bandas como grupos terroristas.
Así como en la reducción de indicadores como el número de muertes violentas, que se redujo de 100 a 41 entre la primera y segunda semana de enero, aunque con estado de excepción y militares en las calles de por medio.
Para sostener esa reducción de muertes y evitar crímenes de alto perfil, como el del fiscal Suárez, las autoridades saben que la clave está en mantener control en las cárceles.
Para eso esperan sostener los controles internos en los centros penitenciarios con Fuerzas Armadas y Policía, más allá de los 60 días del estado de excepción.
El general Víctor Herrera, comandante de Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) asegura que, al menos, la mitad de las muertes violentas y de las extorsiones que ocurren en Guayaquil se ordenan desde las prisiones.
Las cárceles se convirtieron en “ciudadelas penitenciarias para los detenidos, en centros de mando", dijo el oficial en una entrevista en el programa Del Día a la Noche, de radio Centro.
Nueva estrategia penitenciaria
La nueva estrategia en las cárceles incluye la redistribución de detenidos según su nivel de peligrosidad (baja, media y alta), en vez de clasificar a los reos en función del grupo de delincuencia organizada al que pertenecen, como se hace actualmente.
Se trata de una clasificación que inició en 2018, cuando se empezaron a disparar las muertes violentas en las cárceles, previo a grandes masacres carcelarias.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha apuntado al problema que representan las grandes economías ilícitas, que generan decenas de miles de dólares a la semana por pabellón, solo en la Penitenciaría del Litoral.
El tráfico interno de drogas y la extorsión a los propios reos convirtieron a los pabellones en negocios lucrativos para las mafias.
Fernando Bastias, miembro del CDH, señaló que ha existido incapacidad gubernamental para controlar las cuentas a las que va el dinero producto de las extorsiones a los privados de libertad.
Eso sin contar con la falta de medidas de aislamiento de las comunicaciones.
¿Cabecillas sin señal telefónica ni electricidad?
Tras la fuga de cinco reos el 12 de enero de 2024 del complejo penitenciario del norte de Guayaquil, las autoridades hallaron “suites de lujo” para los líderes de cuatro de los pabellones de la cárcel Regional, uno de cinco centros carcelarios ubicados en el kilómetro 17 de la vía a Daule.
Se trata del mismo centro desde donde fugó Adolfo Macías, alias ‘Fito’, a quien las autoridades no encontraron en su celda durante un operativo realizado el 7 de enero.
En la cárcel Regional, la Policía halló piscinas, galleras y criaderos de patos durante los nuevos controles.
Además, se está investigando la información contenida en 55 celulares incautados, donde según la Policía se evidencia cómo se ejecutan extorsiones y se coordinan delitos violentos desde el interior del recinto.
“El complejo penitenciario atomiza la inseguridad en Guayaquil, desde allí se generan un sinnúmero de situaciones violentas y se ordenan muertes selectivas”.
Víctor Herrera, comandante de Policía Zona 8
Herrera también adelantó que con la redistribución de los privados de libertad se busca encarcelar a los cabecillas de los grupos terroristas en la cárcel de máxima seguridad, La Roca.
La idea es aislar a los líderes de las bandas del contacto externo a través de inhibidores de señal de telefonía móvil. Esa es una de las recomendaciones de seguridad que aún está en espera.
Aún no se informa de la fecha de inicio de esta nueva fase de control, pues la propia Roca sufrió daños en la cubierta superior, tras un ataque con un dron explosivo el 12 de septiembre de 2023.
También se prevé restringir en La Roca el suministro de energía eléctrica en las celdas. Con ese tipo de medidas se espera reducir a “mediano y largo plazo” la propagación del crimen desde el complejo penitenciario.
Reducción de muertes violentas en Guayaquil
En una semana de estado de excepción el distrito metropolitano de Guayaquil registró una disminución de las muertes violentas; pasó de 100 asesinatos en la primera semana del año; a 41, en la segunda semana.
En la denominada Zona 8, el 50% de los crímenes se concentran en los distritos Durán, Nueva Prosperina (noroeste de Guayaquil) y en el Sur de Guayaquil.
Se trata de distritos que en los que se están priorizando las operaciones conjuntas. Además, se ha incluido a Pascuales (norte) y Esteros (suroeste).
En los operativos de los últimos días, en el distrito Sur, se incautaron dos camioneta 4x4, de alta gama y nivel de blindaje (con caletas para armas o drogas). La Policía pide que esos automotores pasen a la institución a través de mecanismos de extinción de dominio.
El comando de la Zona 8 solicita además el traspaso de fusiles nuevos, incautados en diferentes partes del país. Esto porque, en algunos casos, el armamento de las bandas terroristas supera al de la propia Policía.
El coronel Cristian Rengifo, jefe policial del distrito Sur, advirtió además, que las bandas están modificando pistolas marca Glock, con accesorios que permiten el disparo en ráfagas, lo que las convierte en una suerte de "ametralladoras con gran poder de fuego".
La zona metropolitana de Guayaquil concentró en 2023 casi un tercio de todos los asesinatos registrados en el país (2.752 de los 7.878 crímenes reportados en Ecuador).
Lo último