La Comisión de Diálogo Penitenciario sostiene que la corrupción en las cárceles de Ecuador frena el proceso de pacificación. Su diagnóstico ya fue enviado a la Presidencia.
El último diagnóstico de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación específica problemas adicionales al hacinamiento y a la disputa de la cárceles de Ecuador por parte de organizaciones delictivas.
Hay dos puntos nuevos analizados: la corrupción en todos los estamentos del Estado y el difícil camino para alcanzar una tregua para lograr la pacificación de las cárceles.
“La corrupción -como violencia estructural- coexisten en diferentes instituciones del Estado relacionadas directamente con la problemática carcelaria, como el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Policía y Función Judicial”, dice el documento.
Los comisionados se refieren a denuncias de cobros por parte de algunos funcionarios a las personas privadas de libertad (PPL) en rubros como la comida, visitas, salud, entre otras.
“Las PPL dieron nombres de policías que son el brazo derecho de aquellos que supervisan lo que pasa en el Litoral. Además, son quienes aparentemente protegen a algunos de estos líderes”, detalla el informe.
La Comisión admite que en las actuales circunstancias “no es posible una tregua dado el rechazo de los grupos hacia los líderes (de las bandas)”.
No creen en su palabra y por eso no han firmado un acuerdo de paz.
“Estamos en una especie de equilibrio inestable. Aunque la tregua sea forzosa, es preferible eso a nada”, dice Nelsa Curbelo, quien preside la Comisión.
Según los comisionados, los líderes intentan conseguir el poder a la fuerza, "en un sistema desigual impuesto por ellos".
“Los jefes de los grupos obligan a generar huelgas de hambre cuando quieren protestar, mientras (ellos) reciben excelentes comidas en el pabellón de máxima seguridad de la Regional”, indica el informe.
Los privilegios alrededor de los líderes incluyen barricadas de protección en las celdas y mejor armamento del que poseen las Fuerzas Armadas, todo esto bajo la protección de la misma fuerza pública, señala el documento.
Con este panorama, "no habrá una paz sólida, porque no hay confianza entre la población carcelaria y el Estado, porque no han sido atendidos durante muchos años”, dice el comisionado Alfredo Narváez.
Los traslados a La Roca
La Comisión había recomendado no hacer cambios de celdas ni traslados de los líderes de las bandas hasta avanzar en un proceso de pacificación, pero el Gobierno tomó un rumbo diferente después de la masacre en la cárcel de Turi, el 3 de abril de 2022.
Las autoridades trasladaron a cinco privados de la libertad a la cárcel de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil, que estaba cerrada desde 2013.
Frente a lamentables enfrentamientos en Turi, se confirma la necesidad imperiosa de que Estado retome control total de cárceles, necesidad de política pública sobre el tema, urgencia del censo penitenciario en marcha, invertir en rehabilitación integral y respeto DDHH de PPLs
— Nelsa Curbelo (@nelsacurbeloc) April 3, 2022
“Solo mencionar La Roca produce miedo, dentro y fuera de las cárceles, porque saben las condiciones en las que se supone estarían en ese lugar: 23 horas en la celda y una hora en el patio”, dice Curbelo.
La comisionada indica que los detenidos “van a utilizar todas las argucias para que sus líderes no vayan a parar a un centro como ese”.
"El Gobierno no está dando muestras de un camino claro, va para atrás, para adelante y para un costado".
Nelsa Curbelo
Y más allá de querer impartir temor a las bandas, Curbelo reconoce “el fracaso del sistema al no poder rehabilitar y hacer cambios”.
Algunos de los cambios anunciados por el Gobierno desde 2021 todavía no se ejecutan, como el censo penitenciario.
“La secretaria de Derechos Humanos anunció que ya va a empezar, porque han conseguido los recursos, pero esos recursos ya tenían que estar, no hay que conseguirlos”, explica Curbelo.
Esto a pesar de que en agosto de 2021 el Gobierno anunció la inversión de USD 75 millones para las cárceles en los próximos cuatro años.
Todavía no se conoce con exactitud el perfil de cada uno de los detenidos, cuántos están enfermos, si han cumplido ya su condena o no tienen sentencia.
El SNAI reconoció en su momento que ni siquiera sabía si todos los internos lograban comer tres veces al día.
“Hay enfermos terminales no atendidos, enfermos psiquiátricos sin atención médica. Hay prisioneros con esquizofrenia y que si no se atienden; es muy peligroso”, asegura el comisionado Alfredo Narváez.
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