Los contratos para solucionar la crisis carcelaria serán reservados

La declaratoria de emergencia entró en vigencia el 7 de octubre de 2021. El Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) busca hacer contrataciones directas para solucionar "las necesidades inmediatas en seguridad que afectan al Sistema".

Pero, tres días antes de firmar esa declaración, el SNAI aprobó otra resolución que involucra a las contrataciones de emergencia para salir de la crisis.

El 4 de octubre de 2021, Bolívar Garzón, director de la entidad, firmó la resolución SNAI-2021-0060-R. Con ese documento, el Gobierno clasificó como reservada la información relacionada con:

• Los planos de las infraestructuras en las que funcionan los centros de privación de libertad.
• Las especificaciones técnicas y los procesos precontractuales y contractuales de adquisición de tecnologías, equipos y dispositivos de seguridad y vigilancia para los centros de privación de libertad.
• Las especificaciones de organización de operativos de seguridad, traslados y remisiones de personas privadas de libertad.
• El diseño e implementación de sistemas tecnológicos de seguridad y mecanismos de comunicación interna para la seguridad de los centros de privación de libertad.
• Los procesos precontractuales y contractuales para la construcción, reconstrucción, mejoramiento, remodelación y repotenciación de centros de privación de libertad.

La reserva sobre estos documentos estará vigente por cinco años.

Tecnología, seguridad e infraestructura

Los puntos segundo y quinto de la resolución 0060-R apuntan directamente a los contratos de tecnología, seguridad e infraestructura. Justamente, esas áreas son las que se pretenden reforzar con las contrataciones de la nueva emergencia.

El 5 de octubre de 2021, Noemí Mena, jefa del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, emitió el informe CSVP-2021-070-I. En ese documento, recomendó la adquisición de armas no letales y equipos de protección personal para los agentes de seguridad penitenciaria.

Un día después, Pablo Coello, Director de Inteligencia e Investigaciones, aprobó el informe DII-2021-0439 y recomendó contratar, de manera urgente, la reparación de la infraestructura carcelaria. Así como la implementación de las herramientas y equipos tecnológicos necesarios para la seguridad.

Lúber Cáceres y Ángel Zapata, como director de Operativos, Logística y Equipamiento y subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria, respectivamente, señalaron en un informe que es imperativo construir, reconstruir, o readecuar la infraestructura carcelaria existente y tecnificar los centros.

Estos fueron los tres informes que sirvieron de base para la declaratoria de emergencia. Lo que significa que las contrataciones que se realicen durante esta emergencia serán reservadas.

Estas estarán a cargo de la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, la Unidad de Infraestructura y Construcciones y la Dirección de Operativos, Logística y Equipamiento.

El financiamiento

Luego de la segunda masacre carcelaria, que ocurrió en julio de 2021 y dejó más de 20 personas asesinadas, el Gobierno anunció un plan de mejoras para las cárceles que tendría una inversión de USD 75 millones para cuatro años.

El 30 de julio de 2021 se lanzó la emergencia para canalizar esas contrataciones. Esa declaratoria estuvo vigente hasta el 26 de septiembre de 2021, pero no se hizo ninguna contratación.

Es decir, el Ministerio de Finanzas todavía no ha desembolsado la cuarta parte de los USD 75 millones que corresponden al primer año.

Dos días después de concluida esa emergencia, y sin ninguna contratación de por medio, la Penitenciaría del Litoral fue el escenario de la peor masacre carcelaria de la historia. En una riña en la que hubo 118 asesinados.

Nuevamente, el Gobierno, encabezado por el presidente Guillermo Lasso, anunció un plan para mejorar las cárceles y, otra vez, garantizó la dotación de todos los recursos económicos por parte del Ministerio de Finanzas.

Además, Lasso anunció la aprobación de un crédito de USD 45 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar las cárceles.

Ese préstamo ya había sido anunciado en enero de 2021, pero no ha sido desembolsado. El crédito tiene dos objetivos principales:

• Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el derecho constitucional de acceso a la rehabilitación integral.
• Proteger a las personas privadas de libertad (PPL) y adolescentes infractores.