Dos presos relacionados con grupos criminales y dos grupos de abogados plantearon acciones legales luego de los asesinatos del 23 de febrero.
Son 79 muertos y 19 heridos en cuatro cárceles del país. Ese es el balance final de la masacre carcelaria del 23 de febrero de 2021.
Ese evento es el más violento de la historia carcelaria del país y está entre los 10 más graves de Latinoamérica.
No pocos advierten que los más de 38.000 presos que tiene el sistema carcelario siguen en riesgo.
El hacinamiento o la sobrepoblación carcelaria que rebasa el 30%, más el déficit de guías penitenciarios, que ya bordea el 70%, y la falta de infraestructura de seguridad convierten a las cárceles del país en bombas de tiempo.
Por esta razón, dos presos -vinculados a las bandas que están en guerra en las prisiones- y dos grupos de abogados, defensores de derechos humanos, emprendieron caminos legales para que el Estado garantice la protección de los detenidos.
Dos internos
La página de la Función Judicial alberga los casos de habeas corpus y pedidos de medidas cautelares que se han presentado a raíz de la terrible masacre.
Dos de estos fueron interpuestos por dos internos de la Cárcel de Latacunga, una de las más grandes del país, y donde el 23 de febrero fueron asesinadas seis personas.
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Ángel Aguilar Morales
Imagen de la captura de los vinculados al asesinato de Juan Antonio Serrano, en septiembre de 2021. Fiscalía
Aguilar Morales está preso desde 2012. Fue señalado como autor material del asesinato de Juan Antonio Serrano, fotoperiodista y hermano del asambleísta José Serrano. Y sentenciado a 20 años de cárcel.
Guarda prisión en el pabellón de mediana seguridad de Latacunga. Pidió ser trasladado a otro centro carcelario.
Según su defensa, no tiene relación directa con las bandas criminales que participan de la guerra carcelaria. Pero sería uno de los objetivos de 'Los Choneros' por una conexión familiar.
"Se lo vincula por el hecho de ser hijo de la conviviente de un presunto líder de una de estas agrupaciones (alias 'Pipo')", dice el expediente del habeas corpus.
'Pipo' es el líder de 'Los Lobos', banda que fue aliada de 'Los Choneros'. Pero tras la muerte de alias 'Rasquiña', en un atentando en Manta, la banda de 'Los Lobos' no estuvo de acuerdo con que el mando de la organización pasara a manos de alias 'Fito'.
Esa lucha de poder, entre otros factores, sería uno de los desencadenantes de la masacre carcelaria y de la guerra que se vive en las prisiones.
La justicia negó la acción de Aguilar, así que seguirá detenido en Latacunga.
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Patricio García Vera
Imágenes de la Cárcel de Latacunga, el 15 de diciembre de 2020. @SNAI_Ec
Es integrante de 'Los Choneros' y conocido con el alias de 'El puerco'. Fue sentenciado por asesinato en 2011 y también está detenido en Latacunga.
El habeas corpus lo presentó por intermedio de su abogado, Harrison Salcedo quien, además, era el defensor de José Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', exlíder de 'Los Choneros'.
Salcedo consiguió que Zambrano saliera con prelibertad, a mediados de 2020.
Además del peligro por la reciente masacre, el interno argumenta su pedido alegando su precaria condición de salud, ya que es portador de VIH.
El trámite está detenido. Una jueza de Cotopaxi se abstuvo de conocer el caso. Dijo que debido a que el detenido solicita su traslado a una cárcel de Guayas, el habeas corpus debería ser tramitado ante un tribunal de esa provincia.
Defensa de derechos humanos
Además de los pedidos de los dos internos, el Gobierno y la Justicia tienen que atender las solicitudes de dos grupos de abogados que buscan garantizar los derechos de toda la población carcelaria.
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La PUCE e Inredh piden medidas cautelares
La acción la presentaron tres abogados: David Cordero y José Valenzuela, director y coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE); y Pamela Chiriboga, coordinadora de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
El habeas corpus con solicitud de medidas cautelares está dirigido al presidente Lenín Moreno, así como a César Litardo, presidente de la Asamblea; a Edmundo Moncayo, director del SNAI, a la Procuraduría, al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Gobierno.
La audiencia se realizará la tarde del 11 de marzo de 2021.
Los abogados solicitan el diseño de un plan urgente para eliminar la sobrepoblación carcelaria. Piden que para calcular el número de presos que el sistema podría albergar se tomen en cuenta:
- La capacidad instalada en los centros de rehabilitación social del país.
- El número de guías penitenciarios disponibles de acuerdo con las normas internacionales.
- El estricto cumplimiento de las normas de distanciamiento social ordenadas por el COE nacional para toda la población del país.
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Habeas corpus colectivo
Lo presentaron María del Carmen Vera y Lyonel Calderón, dos abogados guayaquileños en libre ejercicio, en favor de toda la población carcelaria. El objetivo es proteger la vida y la integridad física de los presos.
El 3 de marzo, el Tribunal de Garantías Constitucionales fallo a favor de su solicitud y ordenó, entre otras cosas:
- Que el Ministerio correspondiente brinde el apoyo psicológico a los familiares de las víctimas de la masacre.
- El establecimiento de brigadas de atención psicológica para los presos que lo requieran y para sus familias.
- Exhortar al presidente Lenín Moreno para que ejecute el plan de acción a mediano y largo plazo exigido por la Corte Constitucional.
Fiscalía y CC también actúan
Además de las acciones legales presentadas por abogados y presos, dos instituciones estatales también han intervenido por la crisis carcelaria.
La Fiscalía General del Estado, por un lado, conformó un equipo especializado de fiscales para investigar las muertes en las cuatro cárceles del país.
El grupo está dirigido por la Unidad de Investigación contra la Delincuencia Organizada.
Además, la Corte Constitucional (CC) hizo un llamado al Gobierno para elaborar un plan real de mejoras en el sistema carcelario.
Tras las emergencias de 2019 y 2020, el SNAI había presentado un plan. Pero la Corte determinó que es insuficiente, ya que esta entidad no es generadora de política pública.
El plan debe ser generado por el Directorio del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Esta instancia es dirigida por Gabriel Martínez, el actual ministro de Gobierno.
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