La población migrante es vulnerable. Y, aunque el Gobierno dijo que la atención hospitalaria durante la emergencia sanitaria no distinguiría nacionalidades, esa no es la realidad ni el único problema de los venezolanos en el país.
La comunidad migrante, especialmente en situación legal irregular, se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad debido a la pandemia por Covid-19. Pero, de entre todas las nacionalidades, la que ya arrastraba una crisis humanitaria que ahora se intensifica es la venezolana.
En Ecuador, antes de la emergencia sanitaria, el 55% de los venezolanos sentía discriminación, de una pequeña muestra tomada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Ahora, su situación ha empeorado. En general, gran parte de la población del país está teniendo problemas económicos y laborales por la paralización de las actividades. Pero, esto se agudiza aún más cuando hay un sector irregular, informal y que no tiene cédula ecuatoriana.
Al no ser ecuatorianos, por ejemplo, los migrantes venezolanos no tienen acceso a las ayudas sociales que otorga el Gobierno central a las personas y familias en situación de vulnerabilidad por la pandemia, como las canastas de alimentos o los bonos de emergencia.
Las organizaciones 'Venezuela en Ecuador', 'Chamos Venezolanos en Ecuador' y la 'Fundación Venezolanos en el Exterior en Ecuador (Funvex-Ec)' coinciden en que no hay atención desde el Estado central.
Pero, estas agrupaciones entienden que la situación es compleja y que ha rebasado a todos los gobiernos, así como que la prioridad sean los nacionales.
También coinciden en que hay más colaboración y ayuda humanitaria desde los gobiernos locales, prefecturas y alcaldías, algunas iniciativas privadas y pocas ONGs. La pandemia, reconocen, ha superado a todos.
¿Cuáles son los principales problemas de los venezolanos?
Entre las principales vulneraciones que sufre la comunidad venezolana en el país está el desahucio, no ser recibidos en los hospitales públicos y no ser beneficiarios de atención apropiada en la línea 171 del Ministerio de Salud.
Así lo señala Steve Vergara, director nacional del mecanismo de movilidad humana de la Defensoría del Pueblo, según las denuncias que han recibido. Y dice que, en muchos casos, solo con exhortos, han logrado revertir los desahucios.
El funcionario reconoce que las acciones de política pública del Estado, para asistir a las personas vulnerables, no contemplan a las personas en movilidad humana.
Comerciantes venezolanos y ecuatorianos comparten una acera en el hipercentro de Quito, el 20 de febrero de 2020. Mario Alexis González
El personal de las asociaciones de venezolanos en Ecuador apunta a la alimentación de la comunidad migrante, como la principal preocupación. La mayoría son personas que vivían del día a día, como comerciantes informales, o en negocios que están temporalmente cerrados.
La asociación 'Venezuela en Ecuador' tiene registradas, hasta el 5 de abril a:
- 5.500 familias, unas 17.000 personas, en situación de vulnerabilidad.
- De ellos, 8.500 venezolanos están en situación grave.
Además, asegura Daniel José Regalado, ellos no solo atienden a venezolanos, sino también a ecuatorianos que han sido excluidos de las asistencias del Gobierno. Ya que, según él, "la frágil ayuda alimenticia" de los gobiernos locales y central no da abasto.
Eduardo Febres Cordero, de la 'Funvex-Ec', reconoce que las instituciones gubernamentales están saturadas de solicitudes. Y asegura que la Embajada y consulados venezolanos "no están dando asistencia a nuestra comunidad en ninguna área".
Ellos también hicieron un registro, con georreferenciación para ubicar a quienes necesitan ayuda. Hasta el 8 de abril, tenían las siguientes cifras:
- 2.466 familias registradas.
- 2.882 son niños en condición de vulnerabilidad.
- 1.139 cabezas de hogar desempleadas.
- 98% requiere alimentos con carácter de urgencia
- 64 familias necesitan asistencia legal, por despidos intempestivos o desahucios.
- 764 personas requieren asistencia médica y psicológica.
Desde 'Chamos Venezolanos en Ecuador', Egleth Noda, dice que solo en Quito tienen identificadas a 826 familias y 1.300 niños que necesitan ayuda. Por lo que, al igual que las otras agrupaciones, están buscando fondos y ayuda para conseguir insumos y repartirlos entre la comunidad.
Además, explica que hay varias políticas que son inalcanzables, más aún para poblaciones vulnerables como la migrante. Por ejemplo, el Patronato San José en Quito sí entrega alimentos a quienes se acerquen a sus instalaciones sin importar la nacionalidad. Pero no hay forma de llegar sin transporte público.
Asimismo, al igual que muchos niños ecuatorianos, los niños migrantes no tienen garantizado el acceso a Internet e, incluso a la educación en general. Por lo que las clases y tareas virtuales son imposibles sin un computador y una impresora.
Una fuerza laboral necesaria, pero invisibilizada
La emergencia sanitaria por el covid-19 y el aislamiento social mandatario obligaron a la mayoría de ciudadanos a encerrarse. Pero, no todos tienen el privilegio de mantener la medida de prevención a cabalidad y con comodidad.
El aislamiento y las restricciones de movilidad incrementaron el consumo de productos y servicios a través de aplicaciones de entrega a domicilio, en algunos casos hasta en un 1.500%. Y la fuerza laboral detrás de aquellas 'apps' es venezolana, en su mayoría.
Al igual que muchos ecuatorianos estos trabajadores no tienen beneficios ni garantías. Y, ahora, su protección sanitaria para prevenir el contagio también depende de ellos.
Si llegan a contraer el Covid-19 les resulta difícil obtener ayuda médica, principalmente por su nacionalidad. Esto pese a que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó que la atención hospitalaria durante la emergencia no discriminaría a nadie, ni siquiera por su estado migratorio.
Muchos de ellos son parte de la ola migratoria que huyó de su país en los últimos años. Antes de la emergencia, el Estado calculaba que en Ecuador se habían quedado alrededor de 400.000 migrantes venezolanos. Y para ellos se abrió un proceso de regularización a través de una visa humanitaria.
Ciudadanos venezolanos esperan para cruzar hacia Ecuador en la frontera con Colombia en junio de 2019. Reuters
Pero el covid-19 también forzó la suspensión de ese proceso. El presidente Lenín Moreno extendió el periodo para el registro por 60 días, una vez que se supere el estado de excepción decretado el 16 de marzo.
Según las cifras del Ministerio de Gobierno, hasta el 26 de marzo, en que se suspendió el proceso, 236.123 venezolanos solicitaron iniciar el registro para la visa humanitaria. Y 84.228 siguen pendientes de ser atendidos.
Entre ellos también hay médicos. Solo la Funvex-Ec tiene registrado un contingente de 469 profesionales de la salud dispuestos a prestar apoyo a escala nacional. Son especialistas de 55 áreas, distribuidos en 68 ciudades de 21 provincias. Y 258 siguieron el curso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para atención de Covid-19.
En Alemania se debate actualmente que, ante la falta de personal médico, podrían habilitar a los migrantes de Oriente Medio, especialmente de Siria, que entraron al país en los últimos cinco años para ayudar a combatir la pandemia.
Y, en Portugal, por ejemplo, el Gobierno decidió regularizar, el 28 de marzo a todos los inmigrantes que hubieran solicitado permiso de residencia, con el fin de “garantizar los derechos de todos los ciudadanos” que están en el país.
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