El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha evaluado 1.285 casas en 12 provincias golpeadas por desastres naturales. De estas, 131 quedaron destruidas, perjudicando a 426 familias.
En Ecuador, el invierno deja casi 8.000 personas perjudicadas en dos meses, según el reciente informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
En los distintos eventos, como inundaciones, aluviones, hundimientos y deslizamientos, hay 33 fallecidos y 71 heridos. Además de las víctimas, decenas de familias sufren la pérdida de sus viviendas.
Según un informe del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), de las 1.285 viviendas evaluadas en 12 provincias del país, 131 quedaron destruidas. Son 426 familias perjudicadas por esta problemática.
Cotopaxi y Azuay presentan los casos más graves, con 47 y 42 viviendas destruidas, respectivamente.
En este grupo también consta la provincia de Napo, específicamente la localidad de El Chaco, donde hay 18 familias perjudicadas por la erosión regresiva del río Coca desde febrero de 2020.
Además, el cantón Chunchi, en Chimborazo, donde 14 familias serán reubicadas tras un deslizamiento de gran magnitud, ocurrido el 12 de febrero de 2021.
De las casi 500 familias con viviendas destruidas, el Miduvi ha calificado a 51 como elegibles, es decir que pueden acceder a una vivienda de emergencia.
El ministro de Vivienda, Darío Herrera, explicó a PRIMICIAS el proceso de selección y reubicación de las familias. "Cumplimos dos tareas: evaluamos y hacemos un proceso de selección y validación de beneficiarios y núcleos familiares".
Según el convenio vigente, los municipios deben donar y urbanizar el terreno para la reubicación de estas familias. Dichos lotes pasan a nombre del beneficiario y posteriormente el Ministerio coloca una casa de concreto, prefabricada, de tres dormitorios y un baño.
Cada vivienda de emergencia le cuesta al Gobierno USD 15.000. Si se aplica la remodelación o reconstrucción, el Estado cubre hasta USD 7.500 por casa.
El proceso, desde que la familia pierde su propiedad hasta que se le adjudica la vivienda no debería tomar más de 90 días, dijo el ministro. Pero reconoce que hay "cuellos de botella" en los municipios, como el trámite de fraccionamiento del terreno y otras eventualidades.
Lenta reubicación de familias perjudicadas
Luego de más de un año de espera, las 14 familias de Chunchi están por ser reubicadas. Ya pasaron todo el proceso y en las próximas semanas recibirán sus viviendas de emergencia.
En el caso de El Chaco, que data de 2020, las 18 familias están en proceso de calificación.
Según el ministro Herrera, había un requisito que tenía represados los procesos. "La persona primero tenía que devolver legalmente escrituras del terreno de su vivienda para acceder a una nueva y ese trámite demoraba meses", explicó.
El 2 de marzo de 2022, el Miduvi suscribió el acuerdo ministerial número 22, con el que eliminó ese requisito que "hacía casi imposible que una familia tenga su vivienda", dijo.
Ahora, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) le dona el terreno y ese GAD luego declara no habitable la zona evacuada.
Las únicas personas que no calificarían para estas viviendas de interés social son aquellas que ya posean propiedades en otro sitio.
"Nuestro objetivo es reemplazar las viviendas destruidas, cada una de ellas es un caso", dijo Herrera.
Cotopaxi presenta una complejidad. Aquí el Miduvi evaluó 226 casas, de las cuales 47 están destruidas, pero aún no se determina cuántas familias perjudicadas recibirán la vivienda de emergencia.
Gestión de Riesgos hizo informes de análisis de riesgo, donde concluye que "hay una amenaza latente" en Pucayacu (La Maná) y El Palmar (Pujilí).
"Con ese documento, los municipios respectivos deben hacer un plan de reubicación y uso de suelo", indicó a PRIMICIAS, Cristian Torres, director de la entidad.
#Urgente
— 𝚁𝚘𝚍𝚛𝚒𝚐𝚞𝚎𝚣 𝚂𝚊𝚕𝚊𝚣𝚊𝚛 :. (@RodriguezS_16) January 31, 2022
Iglesia⛪ del recinto #El #Palmar es destruida por la corriente del río.
En las siguientes horas los cantones de #Pujilí y #LaManá
deberían ser declarados en #Emergencia🆘 pic.twitter.com/sdclc8Giv9
Hay algunas familias cuya economía les permite trasladarse a otro lugar o a su vez tienen otras casas, según explicó el alcalde de La Maná, Hipólito Carrera.
En diálogo con PRIMICIAS, explicó que la parroquia Pucayacu está asentada sobre el margen del río Quindigua, dos veces desbordado en un mes de invierno. Hay 40 viviendas seriamente amenazadas.
En el recinto Sandomo, a 15 kilómetros de Pucayacu, hay siete casas en riesgo. Están en una zona inhabitable, en un valle en medio de montañas, donde los ríos cambian su cauce.
"Estamos evaluando un terreno en el recinto La Florida, a cinco kilómetros de Pucayacu", manifestó.
En la cabecera cantonal de La Maná, hay 20 familias que requieren reubicación. Aquí también se estudia un terreno para las nuevas viviendas.
Tras el reciente desbordamiento del río Quindigua, 180 familias fueron evacuadas y permanecen en albergues temporales.
A quienes no desean la vivienda del Gobierno y deciden regresar a la zona de riesgo, se les hace firmar un acta de compromiso, mediante la cual asumen la responsabilidad posterior.
Además del apoyo del Miduvi, Cristian Torres recordó que los GAD tienen acceso a líneas de crédito, en algunos casos no reembolsables, para realizar obras de mitigación y reparación.
Este es el caso de Nabón, en Azuay. Según el titular de Riesgos, el Gobierno facilitó al municipio el financiamiento no reembolsable para obras de mitigación por casi USD 7 millones, de los cuales ya recibió USD 2 millones.
Sin catastro nacional
Ecuador no cuenta con un catastro nacional, que establezca las zonas de riesgo en el país. Este proyecto cuenta con USD 146 millones de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) desde 2017, pero quedó a un lado.
"Necesitamos el levantamiento, tanto urbano como rural, para tener información catastral de todo el país en una sola plataforma y así determinar zonas de riesgo y de expansión urbana, invasiones", enfatizó el ministro de Vivienda.
El funcionario detalló que hay tres grupos municipales: los que no tienen catastro, otros empiezan a tener uno y otros que sí tienen, como Guayaquil y Quito.
Cuando se cuente con esta herramienta, se podrán hacer los planes de uso y gestión de suelo de los municipios, para evitar construcciones en laderas y bordes de río.
El ciclo se cierra con un control permanente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, lo cual evitará que nuevamente existan familias damnificadas.
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