El director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Cristian Torres, cuenta que la entidad apunta a reforzar la prevención de desastres, aunque el personal y sus recursos no sean suficientes.
En medio de un invierno complicado, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) intenta cumplir con sus competencias como puede.
Su director, Cristian Torres, explica la importancia de mejorar la prevención de riesgos y de contar con una ley que regule todo el sistema nacional, para lo cual colabora de cerca con la Asamblea Nacional, que tramita un proyecto en la materia.
En entrevista con PRIMICIAS, Torres cuenta las necesidades que tienen tanto el Servicio como el país, para enfrentar los diversos tipos de amenazas existentes.
¿En qué condiciones recibieron el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos?
Recibimos una institución con mucha problemática, con muchas demandas de procesos contractuales y laborales, especialmente al hacer un recorte tan fuerte. En 2017 la entidad contaba con 702 funcionarios, actualmente contamos con 406. Fue una disminución de 300 personas.
Hubo 28 demandas y tuvimos que reintegrar a 10 personas por disposición judicial y se les tuvo que pagar el sueldo del tiempo durante el que no trabajaron. Y este fue un patrón común en muchas otras instituciones.
Después tuvimos un espacio un poco perdido en territorio porque el Covid-19 nos limitó bastante y este no es un trabajo de escritorio.
¿La institucionalidad actual y su personal son suficientes para trabajar en la gestión de riesgos del país?
Siempre vamos a necesitar más personal. Incluso, cuando teníamos 700 funcionarios hubiera sido mejor tener más. Pero hay que recalcar el trabajo interinstitucional para poder apoyarnos en territorio.
Por ejemplo, en Zaruma estamos trabajando con el equipo de investigación geológica, el Viceministerio de Minas, FF.AA., Policía, bomberos. El trabajo tiene que ser multisectorial y multinivel, con los municipios, las prefecturas y los otros ministerios.
No hay casi ningún ministerio que no tenga que ver con la gestión de riesgos.
¿Operacionalmente, el SNGR tiene los equipos y herramientas para ejercer su trabajo? ¿Cómo está el parque automotor, por ejemplo?
Recibimos el Servicio con muchos equipos sin mantenimiento, lo estamos tratando de solucionar. Tenemos vehículos que tienen ya muchos años, casi 400.000 km. Pero hay que reconocer que las gestiones anteriores hicieron un buen trabajo con la cooperación internacional. Japón, por ejemplo, nos donó cuatro vehículos que están en territorio.
En total hay 84 vehículos, de ellos 46 están operativos (40 vehículos y 6 camiones).
También estamos haciendo mantenimiento de las sirenas, necesitamos que los sistemas de alerta temprana estén en funcionamiento. Por ejemplo, los de alerta de tsunami y volcanes.
Además, estamos proyectando un incremento de presupuesto para los próximos años, para poder repotenciar estos equipos y para tener herramientas para hacer análisis en territorio.
Con ese contexto, ¿cómo han atendido las emergencias por el invierno y las inundaciones, aluviones, derrumbes?
Han sido días bastante difíciles, no lo puedo negar. Hemos tenido semanas, como la última de enero y la primera de febrero, en las que tuvimos una serie de eventos adversos. Tuvimos que hacer una articulación y coordinación interinstitucional. Y tuvimos que desplegarnos en territorio para apoyar a la población en estas emergencias.
Un tema polémico durante el gobierno anterior fue la gestión de los kits de ayuda humanitaria. ¿Cómo está esa gestión?
Ahora estamos haciendo los procesos de compra para poder reponer los stocks antiguos e hicimos una gestión con el Servicio Nacional de Compras Públicas para poder incluir los kits de alimentos dentro del catálogo electrónico.
Con eso reducimos un millón de problemas en temas de corrupción, de tiempos, de precios. Ya no hay que hacer la subasta inversa, porque ya está catalogado y cuando se necesite, el tiempo de compra se reduce considerablemente.
En cuanto a kits con insumos que podían estar caducados se encontraron cosas que se pudieron corregir. A los que les queda poco tiempo de vigencia los estamos rotando rápido para que no se desperdicien.
En este mismo tema de la ayuda humanitaria, siempre hay un problema de gestión, ya que al no contar con un registro único de damnificados, las ayudas pueden duplicarse o no llegar a quiénes realmente lo necesitan.
Ahí lo importante es recalcar que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) tiene mesas de trabajo. Y la número cuatro es la de asistencia humanitaria. Y, por ejemplo, en el caso reciente de La Comuna y La Gasca la emergencia la manejó el Municipio de Quito y el gobierno apoyó desde el día uno.
Sí había ese problema de que hay mucha donación y muchos kits y había que estructurarlo para que llegue de manera adecuada a la población. El registro de beneficiarios lo tenía el Municipio y se dirigió a esas personas todo lo que entraba en donaciones.
Por temas como estos también hay la percepción en la ciudadanía de que la gestión de riesgos en el país se limita a la respuesta en casos de emergencia. ¿Hay prevención?
El Servicio trabaja en el análisis, reducción, respuesta y prevención de riesgos. Pero estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que hay que cambiar y lo que nos hemos propuesto.
Por eso, desde el inicio, hemos priorizado la emisión de los lineamientos para la reducción de riesgos y desastres en el país. Estamos elaborando también el plan nacional de reducción de riesgos, que ya es un plan como gobierno, no como institución.
El gobierno abrió una línea de crédito para que los municipios puedan realizar sus proyectos de prevención en zonas de riesgo.
En el mapa nacional de riesgos y amenazas, ¿están tomadas en cuentas las obras de infraestructura, como Coca Codo Sinclair?
Claro. Pero la responsabilidad no solo recae en Gestión de Riesgos, sino en todas las instituciones públicas y privadas.
Con la emergencia de la erosión regresiva del río Coca, lo que hicimos fue crear una comisión técnica científica que aglutine todos los estudios que se están haciendo.
También están mapeadas las represas, por ejemplo, y tenemos un monitoreo en territorio de los riesgos que puedan materializarse producto de estas obras. Y hay un trabajo muy de cerca con prefecturas, alcaldes y gobernadores para poder vigilar los riesgos en territorio.
¿Qué pasa con los riesgos en sectores estratégicos extractivistas?
Con las refinerías ese es un tema que tenemos que recuperar y reforzar para poder asesorar técnicamente a estas unidades. Pero la Constitución es clara, cada entidad debe tener su unidad de gestión de riesgos que, bajo los lineamientos del ente rector, los aplique en territorio en su área de acción.
También tenemos la unidad de monitoreo de eventos adversos en territorio, que hemos tenido que fortalecer poco a poco, porque también la encontramos bastante desmejorada y disminuida de personal.
Hemos tenido que hacer movimientos de personal, sacar de un lado para poner en otro y mantener el monitoreo constante de amenazas en territorio.
¿Hace falta una ley que regule la gestión de riesgos y que cree institucionalidad? ¿O basta con el COE, que es una entidad que existe solo a nivel reglamentario?
Soy fiel creyente de que se necesita una ley de gestión de riesgos. El COE como tal emite exhortos, pero está conformado por instituciones que sí emiten órdenes y toman decisiones regulatorias. El problema está cuando ningún de esos miembros puede dar esas órdenes y ahí es donde necesitamos una ley.
Lo que nosotros como gobierno buscamos en una ley, aunque no hemos presentado un proyecto, es que el Estado ecuatoriano tenga un enfoque de reducción del riesgo junto con mitigación del cambio climático. Porque, caso contrario, vamos a seguir solo respondiendo.
¿Qué pasa con el proyecto de ley de gestión de riesgos que está en la Asamblea?
Ahí tenemos buenas noticias. La Comisión de Seguridad Integral lo ha puesto en su agenda legislativa como prioridad. Nos han llamado a aportar y seguiremos haciéndolo.
Hay seis proyectos que lo están juntando y nosotros vamos aportando a esto desde la visión que tenemos como técnicos.
¿Cree que la Asamblea tome en cuenta las ideas que planteen ustedes desde el Ejecutivo?
Hemos tenido muchísima apertura hasta el momento, de eso no me puedo quejar. De hecho, la Asamblea ha llamado a organizaciones civiles que se dedican a la gestión de riesgos y vamos a ver qué sucede.
Hay que recordar que también tenemos asambleístas en la Comisión y en el Pleno y está el papel del presidente Guillermo Lasso, como colegislador, con el veto.
Lo primordial es velar porque siga dentro de la agenda y que lo logren en este periodo legislativo y que no sea en el último año (2025).
¿Cuáles son los principales puntos que debería tener una ley de gestión de riesgos?
El financiamiento para los institutos técnicos científicos, que son una parte importantísima de la gestión de riesgos (Geofísico, Inamhi, Inocar). Necesitamos tener también una claridad de las obligaciones que tenemos como Estado y miras hacia la reducción del riesgo de desastres.
Brindar todas las herramientas para que la gestión deje de ser vista como que solo regalamos kits, si no como una herramienta para el desarrollo del país, ya que otro desastre de magnitud, como el terremoto de 2016 puede retrasar todos los planes económicos que tengamos a futuro si no nos preparamos.
Y terminar de definir todas las responsabilidades multinivel, nacional, provincial y cantonal. Porque si hay problemas de competencias ahí.
¿Cómo ven la idea de tener una ley de gestión de pandemia, que ya se tramita en la Asamblea?
Nosotros tenemos la postura de que es necesaria una ley de gestión de riesgos integral. La cual pueda tratar, entre otras cosas, ese tipo de emergencias como la pandemia. Esta misma postura la ha manifestado ya Fabián Pozo, el secretario Jurídico de la Presidencia.
¿Cree que en la Comisión legislativa puedan tener la misma visión?
Sí. Lo hemos tratado. Hemos visto muchos puntos en común con la Comisión de Seguridad en específico. Sin embargo, el proyecto de ley de gestión de la pandemia está siendo tratado en la Comisión de Salud.
Pero creo que sí se puede incluir en el proyecto de gestión de riesgos, lo he conversado con Ramiro Narváez, el presidente de la Comisión de Seguridad, y en cierto punto también coincide con eso.
¿Considera que una ley de gestión de riesgos debe permanecer atada al Código de Seguridad Ciudadana o debe ser una ley orgánica separada?
Nosotros también mantenemos que debe estar fuera del Código de Seguridad y también tenemos coincidencia en eso. El asambleísta Narváez me dijo que va a ser tratada dentro del Código para acelerar el proceso, pero que es muy probable que en un momento hagan una votación y la vayan a sacar.
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