Aquiles o la pedagogía de la humillación

El poder en Ecuador ha decidido que no necesita esperar a los jueces para ejecutar una condena y, de preferencia, humillar al acusado. Lo que estamos presenciando con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no es la culminación de un proceso legal —pues no existe ninguna victoria judicial ni sentencia firme— sino el inicio de una operación que parece estar destinada a humillarlo públicamente.

En una etapa procesal donde apenas se arranca una investigación contra él y sus hermanos, el Estado ya ha dictado su veredicto simbólico: el de la degradación.

Raparle el pelo, negarle acceso a la luz del sol, y arrebatarle hasta su Biblia —de acuerdo a lo que denunció su abogado— no son medidas cautelares ni implican ningún tipo de justicia; al contrario, son actos de exhibicionismo autoritario sobre un ciudadano que sigue siendo inocente.

El presidente Daniel Noboa lo ha acusado públicamente de distribuir ilegalmente diesel subsidiado —a pesar de que no existe una sentencia condenatoria— y lo ha llamado “alcalde criminal”, irrespetando toda presunción de inocencia.

Además, sin presentar ni un solo dato de respaldo, aseguró que desde que Álvarez fue detenido, “han caído las muertes violentas en el DMG (Distrito Metropolitano de Guayaquil) en un 26%”.

¿Qué intenta decir el Presidente con declaraciones así de ligeras?

En un país que se desangra, parece que el interés primordial de quien debiera estar ofreciendo soluciones a largo plazo, es de destruir a sus opositores con narrativas fáciles de propagar.

En una democracia, la sospecha de la comisión de un delito debería investigarse de forma independiente y garantizando el debido proceso. Eso no está pasando en el caso de Álvarez, acusado, junto a sus hermanos, de comerciar ilegalmente combustible subsidiado.

Tras una larga confrontación política, Álvarez fue convirtiéndose en una figura potente capaz de rivalizar políticamente con el primer mandatario y eso parece haberle puesto en la mira de un gobierno que da señales peligrosas de querer controlarlo todo, incluso los poderes independientes.

¿O en qué democracia una investigación previa hacia un ciudadano es suficiente licencia para aplicarle tratos de delincuente sentenciado, saltándose la justicia para llegar directo a la humillación?

El caso de Álvarez es apenas un acto más en una antología de la represalia. La lista de quienes han sido golpeados por un poder opaco no es corta. Está Jan Topic, quien se configuraba como principal rival de Noboa en las elecciones de 2025, y que quedó fuera de la contienda tras una cuestionada decisión del Tribunal Contencioso Electoral.

Andrea Arrobo, quien fue ministra de Energía nombrada por Noboa, fue posteriormente denunciada por Arturo Félix Wong, entonces Secretario General de la Administración Pública — y amigo íntimo de la infancia del Presidente Noboa — por supuesto sabotaje y traición a la Patria. El Ejecutivo nunca presentó públicamente respaldo alguno para sostener sus acusaciones.

Contra Verónica Abad, a quien Noboa eligió como compañera de fórmula en las elecciones de 2023 y que se convirtió en Vicepresidenta tras ganarlas, se utilizó el Ministerio de Trabajo, la Cancillería y el TCE para despojarla de su cargo.

En los tres casos hubo distintas instituciones del Estado que, coincidencialmente, actuaron contra estas tres figuras a las que Noboa se enfrentaba y que, políticamente, le resultaban incómodas.

¿Cuán aleccionador puede ser el peso del Estado cuando se ensaña?

Estamos ante una nueva confirmación de que en Ecuador existen dos velocidades procesales: una supersónica para el que disiente y una que apenas gatea para el que podría involucrar responsabilidades de funcionarios del gobierno. Esta selectividad deja un sabor amargo en una democracia porque delata la asimetría de la eficacia.

Mientras la justicia vuela con cronómetro para rapar la cabeza de un rival político, se arrastra con parsimonia frente a los desfalcos millonarios de Progen y la ATM, o ante la impunidad en el caso de la bomba que explotó en La Bahía.

Esta estrategia suma ahora una nueva arista desde el ya cuestionado Tribunal Contencioso Electoral, con un empujón dado por la diligente Fiscalía. La suspensión de la Revolución Ciudadana— guarda una inquietante sintonía con la voluntad de orden que hoy mantiene a Álvarez en una celda.

El escenario vuelve a poner en escena a dos poderes, supuestamente independientes, que sin embargo parecen marchar al mismo ritmo y con la misma diligencia que el Ejecutivo.

Al inhabilitar a la principal fuerza de oposición de forma tan opaca, el oficialismo logra despejar quirúrgicamente el tablero de las próximas elecciones seccionales sin la inconveniente necesidad democrática de pasar por las urnas. Es el uso del derecho como un borrador político: una forma de evitar la rivalidad eliminando al competidor antes de que empiece la carrera

Todo confluye en una misma pedagogía de la humillación. Pero podríamos equivocarnos si pensamos que este es un drama exclusivo de las élites o de figuras con apellido y cargo. Esto no se trata de Andrea, Aquiles, Jan o Verónica; como actores políticos, todos ellos están —o deberían estar— sometidos al escrutinio público y a la rendición de cuentas, exactamente igual que, en teoría, lo está el presidente Noboa.

El problema de fondo es mucho más aterrador para el resto de nosotros. Un Estado que ha normalizado la ausencia de garantías para un debido proceso, o que ha canjeado la rivalidad política transparente por la proscripción institucional es un Estado que no tiene nada que ofrecerle al ciudadano común.

Si el poder es capaz de rapar la cabeza de un alcalde o disolver por decreto a la mayor fuerza de oposición sin despeinarse, ¿qué garantía le quedan a otros actores u organizaciones políticas en el país? Y, más grave aún, ¿qué garantías le quedan al ecuatoriano de a pie, a aquel que no tiene ni el respaldo, ni la exposición, ni los micrófonos de quienes hoy están en la mira?

Cuando el poder escarmienta lo hace con una clara intención: que nadie más se atreva a desafiarlo y en ese escenario no existe la democracia.