Gobernar desde la minoría

En las principales ciudades del país, el próximo alcalde podría ser elegido, una vez más, con menos de la cuarta parte de los votos. Lo mismo podría ocurrir con varios prefectos. Esa posibilidad ya no constituye una anomalía, sino una consecuencia de la creciente fragmentación del sistema político ecuatoriano.

La proliferación de movimientos, el debilitamiento de los partidos tradicionales y las reformas al Código de la Democracia, que redujeron los incentivos para conformar alianzas, han multiplicado las candidaturas.

Desde luego, un alcalde elegido con el 18,56% de los votos, como ocurrió en 2023 con Cristian Zamora en Cuenca, posee plena legitimidad jurídica. Ganó conforme a las reglas democráticas y nadie puede cuestionar el origen legal de su mandato. Y no fue un caso aislado. En esas mismas elecciones, otros ocho alcaldes ganaron con menos del 25 % de los votos válidos

Sin embargo, la legitimidad jurídica no siempre equivale a un mandato político sólido. No es lo mismo empezar a administrar una ciudad o una provincia respaldado por una mayoría amplia que hacerlo cuando tres de cada cuatro electores prefirieron otra opción.

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A ello se suma otro elemento. Los gobiernos locales nunca habían enfrentado desafíos tan complejos como los actuales. Un alcalde ya no solo administra obras públicas; también debe responder, con competencias propias o compartidas, a problemas de seguridad, migración, minería ilegal, salud pública, movilidad y crimen organizado.

Gobernar con poco respaldo ya era difícil hace una década; hacerlo hoy, con una agenda de estas dimensiones, es un desafío superior.

En ese contexto, la fragmentación electoral puede traducirse rápidamente en problemas de gobernabilidad. Una autoridad con un respaldo limitado deberá construir acuerdos permanentes en concejos, también fragmentados, y ejercer el liderazgo en una sociedad donde la mayoría apoyó a otros candidatos.

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La elección termina el día del escrutinio; la construcción de legitimidad política comienza al día siguiente.

Quizá es momento de retomar una discusión: ¿deben las ciudades y provincias seguir eligiendo a sus autoridades mediante mayoría simple, incluso cuando el ganador representa a una clara minoría del electorado?

No se trata de defender una reforma específica, sino de preguntarnos si el diseño institucional vigente continúa respondiendo a las exigencias de territorios cada vez más complejos y políticamente fragmentados.

¿Una segunda vuelta para alcaldes y prefectos? ¿Un umbral mínimo para ganar en primera vuelta? Existen distintas alternativas. Lo importante es abrir el debate.

Porque una democracia no solo debe producir ganadores; también debe producir autoridades con el mandato político necesario para gobernar.