Cuando los criminales llegan a las alcaldías

Las organizaciones criminales se infiltran en los gobiernos para promover sus agendas de servicios ilícitos y obtener un mayor acceso a sectores críticos, como los puertos y el control aduanero. Cuanto mayor es la influencia de estas organizaciones dentro del gobierno, mayor es el nivel de violencia política. El resultado plantea desafíos para el establecimiento de la paz y el ejercicio de la autoridad.

En Ecuador, la influencia de los grupos criminales (GDO) dentro de las instituciones podría traducirse en un incremento de la violencia durante estas elecciones seccionales, con los candidatos, en teoría, entre los sectores más vulnerables. Según Gutiérrez-Romero e Iturbe, “paradójicamente, los alcaldes son los principales objetivos de la violencia política orquestada por estos grupos”. Es un común denominador en países que enfrentan problemas similares de crimen organizado, como México, Italia y, ahora, Ecuador.

Para comprender la necesidad de generar “alianzas con los municipios locales”, dos ejemplos son los supuestos nexos del exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, y del exalcalde de Machala, Darío Macas, cuyas investigaciones siguen abiertas. Lo penoso es que solo se habla de dos municipios locales, ambos gobernados por el GDO Los Lobos, específicamente en relación con el tráfico de drogas y los proyectos mineros ilícitos. Identificar solo a dos jugadores dentro de la red de intermediarios de interés es poco.

Especialistas en Colombia estiman que el 60% de los municipios del país tienen nexos directos con grupos de delincuencia organizada y facilitan los servicios ilícitos de estas organizaciones. Dudo mucho que este porcentaje sea inferior en Ecuador, debido a la poca institucionalidad y a los pocos costos para los criminales de cuello blanco a nivel nacional.

México, otro país que tiene “alianzas” municipales con los carteles nacionales, ha tenido, desde el 2000 hasta 2021, alrededor de 500 políticos locales asesinados a manos de los carteles locales. En Ecuador, durante las elecciones de 2025, alrededor de 14 líderes políticos fueron asesinados por parte de GDO. El Oro, una provincia con presencia de Los Lobos y de proyectos mineros, registró en 2025 altas tasas de violencia y amenazas a políticos locales. Es decir, a mayor infiltración criminal en las instituciones, en efecto, se traduce en una violencia más notoria.

Para Gutiérrez-Romero e Iturbe, los asesinatos de políticos y candidatos tienen un impacto mínimo en la participación electoral en las elecciones seccionales y no afectan la reelección del partido en el poder. Más bien, la violencia política es estratégica: busca identificar a aquellos partidos o candidatos que sean fáciles de comprar mediante la corrupción. Otra forma de comprar a los candidatos es mediante el financiamiento de sus campañas, con el fin de influir en la toma de decisiones, mas no de reemplazar al Estado. A los grupos delictivos les gusta el Estado corrupto.

Por ende, es crucial controlar las alcaldías en zonas de alto valor: aquellos municipios que son corredores logísticos del tráfico de drogas, así como aquellos que están plagados de minería ilícita de materiales críticos, que va mucho más allá del oro. Los municipios tienen un papel en la seguridad municipal, y estas alianzas con grupos criminales reducen los costos transaccionales para el GDO, sin generar alzas sospechosas del aparato judicial, el cual es fácil de comprar en Ecuador.

En el caso del Ecuador, existe un problema geográfico profundo con las provincias que colindan con Perú y Colombia, los dos productores más fuertes de cocaína a nivel global. Por otro lado, las dos provincias que son las únicas con salida internacional de contenedores son El Oro y Guayas. En términos de minería ilegal, ciertas provincias como Azuay e Imbabura están plagadas de minería ilegal; un gran ejemplo es Buenos Aires. Además de las provincias amazónicas, donde la cocaína es un mercado que casi ya no produce el enriquecimiento que el oro sí produce con sus proyectos ilegales.

La violencia no solo es una respuesta a la represión estatal. Al contrario, es mucho más posible que sea una respuesta a la competencia dentro de los mercados ilícitos, así como a la búsqueda de rentas a través de los facilitadores del crimen. Mientras el crimen organizado pueda convertir el poder local en una herramienta para controlar mercados ilícitos, la violencia no será una anomalía del sistema, sino el costo de un Estado mafioso.