La información: derecho ciudadano y deber del gobernante

Una persona, dos hechos exactamente iguales en dos momentos diferentes y dos conductas radicalmente opuestas. Ese puede ser el retrato de cualquiera de los cientos de miles de personas que diariamente inundan las redes sociales con sus opiniones sobre los hechos políticos. Lo que aplaudieron en algún momento ahora lo condenan y viceversa, lo que maldijeron hace un tiempo ahora lo defienden a brazo partido. Una expresión muy clara en estos días se encuentra en los juicios que hacen sobre la relación entre el gobierno y los medios de comunicación.

Quienes se quejaron de la medida vigente durante gran parte del correato que prohibía a los ministros acudir a entrevistas en los medios privados, ahora aplauden similar medida del émulo de Correa. Si en aquel momento susurraron tímidamente algo en nombre de la libertad, ahora usan esta como muletilla en el sentido inverso. Tan inverso, que antes se referían a la libertad de las personas para estar informadas, ahora se refieren a la libertad de los gobernantes para informar dónde y cuándo consideren adecuado.

Más allá de la posición contradictoria de esas personas, que al fin y al cabo es un recurso para acomodarse a los vientos que soplan, el tema alude a un aspecto básico de la democracia, que es la relación entre mandantes y mandatarios.

Esta relación está oscurecida por un problema semántico que, en países como los nuestros, tiende a borrar del escenario al primero, el mandante, y considerar al otro como el que manda, el que tiene todas las potestades. La relación es exactamente la inversa. El mandatario es tal porque ha recibido un mandato por la voluntad del mandante. Por tanto, tiene la obligación de rendirle cuentas, en el sentido más amplio de la palabra, no solo económicamente, sino con respecto a todos sus actos. En otros términos, está obligado a informarle cotidianamente. Norberto Bobbio —un autor que cualquier estudiante de primer año de ciencia política habrá leído— sintetizaba esto con un juego de palabras, al afirmar que la democracia es el gobierno del poder público en público.

• Democracia iliberal

Esa obligación marca una diferencia clarísima entre el gobernante y los gobernados. Mientras aquel tiene la obligación de comunicar por todos los medios, sin preferencias ni exclusiones, los ciudadanos pueden escoger las vías de información que les parezcan más adecuadas. Incluso si el mandatario dispusiera de medios oficiales (que no podrían llamarse públicos, como se los denominó en aquellos tiempos), estaría obligado a hacerlo además por los privados.

Es una diferencia que no entienden o no quieren entender las personas que defienden la decisión de los gobernantes a excluir a medios. Sostienen que, así como una persona opta por un periódico, un canal o una radio, el gobernante puede hacer lo mismo. No es solamente una equivocación, es la ausencia de comprensión de la posición de la ciudadanía (el demos) en la democracia contemporánea.

Una acertada comprensión del problema la vimos la semana pasada cuando un conjunto de medios de comunicación norteamericanos (especialmente cadenas de televisión) se negaron a cubrir las ruedas de prensa del presidente Trump. Lo hicieron en solidaridad por la exclusión de CNN y otras emisoras en los eventos de la Casa Blanca, pero en la base de esa decisión estuvo la comprensión del derecho ciudadano a recibir la información por medios plurales y del deber del gobernante a entregársela. Fue una excelente lección para los medios que guardan silencio cuando ven en peligro al vecino, para las personas que acomodan sus lentes y sus valores según la ocasión y para los gobernantes que ignoran su deber ante la ciudadanía.