Asamblea da vía libre a Daniel Noboa para que Ecuador abandone el sistema SUCRE
Con votos en contra del correísmo, el Pleno aprobó el informe de la salida de Ecuador del sistema SUCRE, que habría sido utilizado por Alex Saab, sospechoso de lavar dinero. La última transacción que hizo el país usando el SUCRE data de 2019 por USD 1,6 millones con Cuba.
El Pleno de la Asamblea en sesión del 9 de junio de 2026, cuando conoció y aprobó el informe sobre la denuncia al Sistema SUCRE.
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PRIMICIAS.
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La Asamblea Nacional votó el 9 de junio a favor del informe que aprueba la denuncia al tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), del que Ecuador es parte desde 2010.
La solicitud de denuncia fue enviada por el presidente Daniel Noboa, el 21 de mayo de 2026, previo a notificar a la Cancillería de Venezuela y al propio sistema SUCRE la intención ecuatoriana de abandonar ese mecanismo de intercambio comercial.
La moción fue aprobada con 86 votos que salieron de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y los independientes que son aliados del oficialismo.
El informe fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. La presidenta de este comisión, Lucía Jaramillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), señaló que la idea del sistema SUCRE se desvirtuó y sirvió presuntamente para la corrupción y el lavado de dinero.
El caso más sonado es el de Álex Saab, considerado el supuesto testaferro de Nicolás Maduro y que habría montado un entramado de compras ficticias de material de construcción en Ecuador para hacer casas sociales en Venezuela usando el SUCRE.
Saab fue deportado por Caracas el 16 de mayo de 2026 y entregado a las autoridades de Estados Unidos que lo investigan por varios delitos, entre ellos, blanqueo de capitales.
Jaramillo también pidió a la Comisión de Fiscalización que actualice el informe sobre el Caso Sucre que investigó el exasambleísta, Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, porque habría indicios de que con dinero irregular se financió la campaña presidencial del correísmo en 2013.
Saldo negativo en lo comercial
La corrupción no es el único punto que llevó al Estado ecuatoriano a denunciar el tratado para abandonar el sistema SUCRE. De hecho, el expresidente Guillermo Lasso fue el primero que inició el trámite para salir del sistema en 2022.
Informes del Banco Central, a los que tuvo acceso la Comisión de Relaciones Internacionales, señalan que el intercambio con los demás integrantes del SUCRE, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, es inexistentes desde hace siete años.
"Las operaciones canalizada a través del sistema disminuyeron de USD 1.065,9 millones en 2012 a USD 1,69 millones en 2019, concentradas exclusivamente con Cuba, lo que refleja que el mecanismo ha dejado de cumplir su objeto como sistema multilateral de compensación regional de pagos", señala el informe.
A eso se suma que desde su entrada en vigencia, durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador entregó cerca de USD 5 millones a la iniciativa bolivariana: más de USD 2,7 millones de aportes anuales para la operatividad del SUCRE, y el resto para un Fondo de Reservas y Contingencia Comercial.
Un informe jurídico de la Cancillería, de enero de 2022, explicó que los aportes anuales del país al sistema están suspendidos desde 2018, por falta de entrega de información del Consejo Monetario Regional del SUCRE a los pedidos ecuatorianos.
"Es una decisión política", dice el correísmo
La asambleísta por Revolución Ciudadana, Bertha Vélez, pidió a la Asamblea que no apruebe la denuncia enviada por el presidente Noboa, porque dijo que se trata de una propuesta más política que técnica.
Según el correísmo, el sistema SUCRE funcionó entre 2010 y 2019 generando intercambios comerciales superiores a los USD 2.600 millones que habrían beneficiado a Ecuador.
"¿Si el sistema funcionaba, por qué dejó de operar? Fueron los gobiernos los que le abandonaron. Primero, Lenín Moreno sacó al Ecuador de la ALBA y luego Guillermo Lasso no lo reactivó, no lo auditó, no lo reformó".
Bertha Vélez, asambleísta de RC
La bancada de Revolución Ciudadana propuso que se haga una moratoria de 12 meses antes de pronunciarse sobre la denuncia planteada por Daniel Noboa.
En ese tiempo, el correísmo proponía que se conforme una comisión técnica, compuesta del Banco Central, Cancillería, Ministerio de la Producción y la Contraloría, que realice un control integral al sistema para que siga funcionando.
Además, pidió que se ejecuten auditorías forenses internacionales a las transacciones más emblemáticas hecha con el SUCRE y que si se detectan irregularidades, se sancione a los responsables.
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