Demanda abre la puerta para que la Corte Constitucional revise el decreto de Noboa sobre conflicto armado en Ecuador
Con el Decreto 424, el presidente Daniel Noboa "reconoció" la existencia de un conflicto armado interno, el 18 de junio. Cinco días después llegó la primera demanda de inconstitucionalidad contra la medida.

Imagen de un operativo militar en una ciudad de Los Ríos, el 29 de junio de 2026.
- Foto
@FFAAECUADOR
Autor:
Actualizada:
Compartir:
La Corte Constitucional (CC) recibió la primera demanda de inconstitucionalidad contra el polémico Decreto Ejecutivo 424, con el que el presidente Daniel Noboa decidió "reconocer" la existencia de un conflicto armado interno, desde el 18 de junio de 2026, y ofrecer indultos adelantados para fuerzas del orden y civiles, así como garantías de inmunidad para agentes extranjeros.
Sin embargo, aunque la CC no puede revisar de oficio este polémico Decreto, la demanda, planteada por el economista Andrés Albuja Batallas, abre esa puerta y obliga a que, en algún momento, los magistrados se pronuncien sobre la decisión del Primer Mandatario.
Por lo que, con esa estrategia jurídica, Carondelet logró esquivar el control de los magistrados, que venían invalidando de manera sistemática todas sus intenciones de volver a declarar un conflicto interno, desde abril de 2024.
Los motivos jurídicos de la Corte Constitucional han sido que la Presidencia no ha logrado acreditar, con base en el Derecho Internacional Humanitario, los dos requisitos para la existencia de un conflicto armado no internacional: un nivel de organización tipo militar por parte de las bandas criminales y un umbral de intensidad prolongada en las hostilidades contra el Estado.
Esto es justamente lo que señala el demandante, que el decreto ordinario esquiva el control automático de la Corte y advierte que sus "alarmantes" disposiciones "abren la puerta a la impunidad por graves violaciones de derechos humanos, promueve de manera fáctica la creación de grupos civiles armados (paramilitarización) , suprimer los pesos y contrapesos democráticos y genera un riesgo sistémico para la liberta de expresión, persecusión política y la comisión de crímenes de Estado, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".
Compartir:







