¿Qué pasará con el concurso para Fiscal General en Ecuador si el presidente Noboa convoca a un referendo sobre el CPCCS?

Con la venia de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa podrá emitir en cualquier momento un decreto ejecutivo para convocar a un nuevo referendo constitucional, el último que quedaba pendiente de su larga lista de propuestas.

El Mandatario incluso esquivó un paso y envió la propuesta corregida directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo devolvió a los magistrados, para asegurarse si el proceso podía avanzar. Y, a regañadientes, la Corte aceptó el atajo, aunque recordó a ambas autoridades que sus dictámenes deben ser cumplidos a rajatabla.

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Ahora solo resta que el presidente Noboa tome la decisión final, para que el CNE agregue una papeleta nueva al proceso de las elecciones seccionales, adelantadas para el 29 de noviembre. Y, según Carondelet, esa es la intención: aprovechar la jornada prevista de votaciones.

Esto no solo le daría al Mandatario una oportunidad de redimirse, tras la derrota de todas las propuestas de su último referendo y consulta popular, sino que también abre la posibilidad de frenar todos los concursos en marcha que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

¿Qué plantea Noboa?

La propuesta del Ejecutivo busca quitarle definitivamente la designación de autoridades de control al fracasado y polémico CPCCS y devolvérsela a la Función Legislativa, como era antes de la Constitución de 2008. 

Es decir, si la pregunta llega a las urnas y gana el 'Sí', la Asamblea Nacional retomaría la selección y designación del Fiscal, Contralor, Procurador, consejeros y jueces electorales (TCE), Judicatura, defensores Público y del Pueblo, superintendentes.

Sin embargo, el Mandatario no plantea un retorno total a como se hacían estas selecciones, también cargadas de polémica, en el antiguo Congreso, mediante negociaciones políticas directas entre los partidos con mayor representación. 

El presidente Noboa propone un proceso mixto, entre la participación ciudadana y la medición de fuerzas políticas, que ahora implicaría a su partido, Acción Democrática Nacional (ADN), y a la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa.

Así se mantendrían las comisiones de selección, pero ya no serán enteramente ciudadanas, sino que serán "técnicas" y conformadas automáticamente por cinco delegados, uno de cada función del Estado, dos ciudadanos (escogidos por sorteo público de entre los postulantes) y dos académicos universitarios. A menos que se trate del Consejo de la Judicatura, en ese caso participará un asambleísta nacional, un delegado de la Función de Transparencia y tres de las universidades.

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Por ello, una victoria electoral en este referendo tendría como resultado que todos los procesos de designación que estén en curso en el CPCCS se declaren desiertos. Es decir, en ese escenario, las cuestionadas renovaciones de la Fiscalía, el CNE, el TCE y la Defensoría del Pueblo se postergarán por un aproximado de 27 meses más.

Esto porque la propuesta de Carondelet estipula un plazo de seis meses para enviar los proyectos de ley que regulen dichos cambios y le otorga al Legislativo otro plazo de un año para tramitarlas, que puede extenderse por 90 días más. Todo a partir de la publicación de los resultados electorales.

Mientras tanto, tanto Carlos Alarcón seguirá siendo el Fiscal General encargado y Diana Atamaint e Ivonne Coloma continuarán como presidentas del CNE y del Contencioso Electoral, pese a que la primera renovación parcial de esas instituciones debió finiquitarse en 2021 y 2022 respectivamente.

Otras preguntas pendientes

La pregunta para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y restarle poder no es la única que está a la espera de una decisión final de Daniel Noboa. El Mandatario dejó en el camino otras dos propuestas: la contratación por horas en el sector turístico y el retorno de los casinos y salas de juego. Ambas aprobadas por la Corte Constitucional en septiembre de 2025.

El trabajo por horas en turismo se plantea solo para la primera relación laboral. El Ejecutivo aclara que, por su naturaleza, esas plazas "responden a picos de demanda estacionales, por lo que existen temporadas altas y bajas en las que se requiere ajustar la fuerza laboral".

Por lo anterior, el documento recalca que la situación laboral en Ecuador requiere "adoptar medidas para generar nuevas modalidades para acceder a plazas de trabajo sin afectar la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos de los trabajadores".

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Con esta pregunta, el Gobierno insistió una vez más en esta modalidad de contratación a la que la mayoría de ecuatorianos dijo "No" en el referendo del 21 de abril de 2024, con la diferencia de que en esta ocasión no se propone para todos los sectores, sino exclusivamente para el turismo.

Por otro lado está la cuestionada intención de legalizar nuevamente los casinos, prohibidos desde 2011. El presidente Noboa planteó tres propuestas al respecto, pero solo dos llegaron a la Corte y una superó los filtros de calificación.

La porpuesta dice que solo podrán funcionar en hoteles cinco estrellas, "conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley", que deberá indicar la delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura y demás aspectos necesarios para el funcionamiento y regulación de la actividad. La norma debería entrar en vigencia hasta 90 días después de la proclamación de resultados.