Tras las demandas y anuncios de protestas, ADN recula en cambios al pago de compensación por jubilación voluntaria

El 8 de julio ingresaron a la Corte Constitucional (CC) tres demandas de inconstitucionalidad en contra de la polémica nueva Ley de Integridad Pública, aprobada por el oficialismo en la Asamblea Nacional y ratificada por el presidente Daniel Noboa. Suman un total de 11.

Se trata de la normativa que terminó cambiando las compensaciones por retiro voluntario, el pago por despido intempestivo y la modalidad de evaluación en el sector público. Esto desató el descontento entre gremios y sindicatos del sector público, que amenazaron con manifestaciones.

Las primeras movilizaciones contra el Gobierno se convocaron para el 11 y 16 de julio, especialmente en Quito. Y las organizaciones a la cabeza son las tradicionales Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Frente Popular, Unión Nacional de Educadores (UNE), Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) y Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

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Sin embargo, esa misma tarde del 8 de julio, la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo también cerraba el informe para el segundo debate del último proyecto de Ley de para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas. 

Y fue entonces que, la mesa presidida por la legisladora Valentina Centeno, de Acción Democrática Nacional (ADN), decidió echar para atrás la reforma previa, que apenas lleva vigente dos semanas. En este tercer proyecto de ley urgente, el oficialismo incluyó una reforma a su propia Ley de Integridad Pública.

El cambio en el texto es mínimo pero fundamental en el tema de las compensaciones por retiro voluntario. El artículo 81, que ratificaba que las compensaciones se recibirían solo a partir de los 65 años de edad, ahora dirá: " a partir de los sesenta (60) años ".

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Por supuesto, para que esta reforma entre en vigencia se requiere que el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas sea aprobado sin modificar esa disposición y que el presidente Noboa también ratifique el cambio.

Mientras tanto, los servidores públicos que apliquen para su retiro voluntario serán tratados con la normativa vigente. Aunque, según Centeno, la polémica alrededor de la reforma de la compensación anterior se trató información "malintencionada".

Sin embargo, pese a las críticas de los sindicatos y gremios y a las advertencias de movilizaciones para frenar la normativa, ni el Gobierno, ni la Asamblea, ni la Comisión que trató el proyecto, ni su presidenta aclararon formalmente la supuesta desinformación.

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Los que sí reaccionaron inmediatamente a la decisión de la Comisión de Desarrollo Económico fueron los miembros de la Unión Nacional de Educadores y señalaron que esto les da la razón, "corregir la inconstitucionalidad" y "rectificar la eliminación de la compensación económica jubilar". 

Pero, a la vez, advirtieron que la movilización convocada para el 11 de julio se mantiene, puesto que su demanda ante la Corte Constitucional incluye otros temas no resueltos, como la estabilidad laboral del sector público. Resta ver cuáles serán las reacciones de los otros colectivos que han demandado esa y otras leyes oficialistas.