Ley de Inteligencia: La ciudadanía podrá conocer los gastos reservados a través de "su asambleísta", dice la Presidencia
Esta es la tercera Ley aprobada por el oficialismo que ha recibido demandas ciudadanas de inconstitucionalidad. La falta de transparencia, control y claridad es la principal queja.
Los jueces de la Corte Constitucional y la abogada de la Asamblea, en la audiencia contra la polémica Ley de Inteligencia, el 1 de septiembre de 2025.
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Esta es la tercera audiencia que enfrentan el Ejecutivo y Legislativo por las polémicas leyes que aprobó el oficialismo. En esta ocasión se trata de la Ley de Inteligencia, que permite, por ejemplo, la interceptación de comunicaciones sin orden judicial.
A esto se suma la opacidad que agregó la Asamblea al manejo financiero del ahora denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyos informes y documentos sobre los gastos reservados serán incinerados.
Y, aunque en la Ley se prohíbe que se obtenga y almacene información sobre personas solo por su etnia, orientación sexual, credo religioso, posición política o de adhesión o pertenencia a organizaciones, la sociedad civil la acusa de ser un peligro para las libertades ciudadanas.
La audiencia telemática fue convocada por la Corte Constitucional (CC) y arrancó alrededor de las 10:20. La jueza ponente, Alejandra Cárdenas, explicó las reglas a las partes: los demandantes, los abogados de la Presidencia y de la Asamblea Nacional, y los ciudadanos que presentaron amicus curiae (escritos de respaldo a las demandas o a la Ley).
Las críticas de los demandantes
La Ley de Inteligencia tiene cuatro demandas ciudadanas de inconstitucionalidad en su contra, que fueron acumuladas en un solo proceso. Estas fueron presentadas por un bloque de sindicatos y por un grupo de organizaciones de derechos humanos.
En la audiencia, participaron las abogadas de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh), que hablaron de los artículos de la Ley y del Reglamento que están reñidos con la Constitución y los estándares internacionales, de legalidad, bien legítimo, necesidad y proporcionalidad.
Dijeron que la norma genera un vacío legal, al hablar de la seguridad integral del Estado sin definirla, por lo que crea incertidumbre jurídica y permite una interpretación subjetiva y arbitraria de la Ley. Esto contraviene la seguridad jurídica y el principio de reserva de ley.
Por ejemplo, señalaron que se crea un régimen de reserva total, que va contra la transparencia y rendición de cuentas. Así como establece un fondo de gastos especiales ajeno al control público, que permite la incineración de sus registros; la exclusión del sistema de inteligencia del régimen general de contratación pública, sin especificar qué procedimiento se utilizará; y una rendición de cuentas anual restringida a una sola comisión legislativa, en lugar de que sea semestral.
Otro punto señalado por las abogadas fue la violación de los derechos a la privacidad y a la inviolabilidad de correspondencia, sin un fin legítimo ni control judicial, lo que permitirá la persecución, criminalización, vigilancia masiva, interceptación de comunicaciones y recopilación y acceso indiscriminado a información.
La abogada de los sindicatos reiteró las vulneraciones de derechos que permite la Ley de Inteligencia como está vigente, así como que daría paso a la vigilancia y persecución de dirigentes políticos y sociales.
También señaló que se crea un régimen sin transparencia, que dará pie a excesos, a la vez que permite la impunidad de los funcionarios del sistema. Y agregó que la normativa impide, incluso, que la Asamblea Nacional, pierda su capacidad de fiscalización.
La abogada de la Alianza de Derechos Humanos afirmó que la ciudadanía no tiene ningún recurso judicial idóneo para defender sus derechos, frente a las posibles intromisiones en sus derechos; que no existe ninguna posibilidad de control, investigación y sanción de los actos de inteligencia que violan derechos.
El equipo demandante agregó que toda ley de inteligencia debe cumplir con ciertos estándares que no están establecidos en este caso, como: los tipos de medidas y acciones para la obtención de información autorizadas; los objetivos perseguidos; las clases de personas y actividades de las cuales se permite obtener información en función de la identificación de amenazas; el grado de sospecha que puede justificar la intervención; los plazos de empleo de las medidas; los métodos para actualizar supervisar y examinar las medidas utilizadas.
Los argumentos de la Asamblea y la Presidencia
La abogada del Legislativo, Mercedes Mediavilla, inició su participación recordando la crisis de inseguridad que ha desbordado al Estado, en medio de la expansión del crimen organizado. Y contó la historia del trámite de la Ley de Inteligencia, que nació de una propuesta correísta.
Para Mediavilla, las acusaciones contra la normativa están llenas de "supuestos y miedos" de cómo se podría aplicarla. El abogado Édgar Lagla, también de la Asamblea, acusó a los demandantes de no establecer con claridad los principios constitucionales vulnerados.
Lagla afirmó que la Ley es clara, estable y previsible y se aplica de manera consistente, ya no existe una inseguridad jurídica de cómo manejar los procedimientos. Y negó que se vulnere el derecho a la intimidad, siempre y cuando, se ajusten a la Ley, persigan fines legítimos, sean proporcionales y estén debidamente controladas.
Mientras tanto, el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, pidió que se tome en consideración el contexto en el que se desarrolla la Ley, con las amenazas a la soberanía del Estado, por las amenazas contra la soberanía del país, por parte de los grupos armados.
Andino habló del debilitamiento institucional que ha afectado al país, incluyendo el sistema de inteligencia, que fue dispersado. Y detalló el control económico, territorial y de la ciudadanía que ha logrado el crimen organizado.
El abogado de Carondelet abrió la puerta a que la Corte Constitucional interprete ciertos artículos de la Ley de Inteligencia, ya que los conceptos jurídicos indeterminados no son causal de inconstitucionalidad en las normativas.
En cuanto al manejo de los fondos de manera reservada, Andino dijo que no se trata solo de una característica en materia de inteligencia, sino que también se aplica en otros ámbitos. Y afirmó que cualquier ciudadano que se sienta afectado podrá acceder a la información de los gastos reservados, podrá "acudir ante su asambleísta y pedir y explicar para qué la quiere".
Según Andino, esto es parte del control político que tiene el Sistema de Inteligencia, para que la ciudadanía pueda acceder a la información. Y sobre el papel del Contralor General, agregó que participará de todo el proceso, ya que es "el que autoriza finalmente cualquier tipo de decisión dentro de los gastos reservados".
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