El presidente Daniel Noboa ha planteado cinco reformas a la Constitución, dos ya quedaron en el camino

Esta fue la primera propuesta de reforma parcial a la Constitución que planteó Daniel Noboa el 16 de septiembre de 2024. Pretende modificar el artículo 5 y abrir la puerta al retorno de bases militares extranjeras a territorio ecuatoriano, algo que está prohibido desde 2008.

El nuevo oficialismo aprobó el segundo debate de la propuesta en la Asamblea Nacional, el 5 de junio. Sin embargo, el proceso quedó en el limbo hasta el 8 de julio, cuando el Legislativo remitió el documento final a la Corte, para su última revisión.

El pleno tiene el término de 20 días para pronunciarse. Si no lo hace, se entenderá que hubo un dictamen favorable. Los jueces deben revisar que el texto que se someterá a votación no induzca al voto a los ecuatorianos.

Una vez que el proyecto supere ese último filtro, empezarán a correr los plazos para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecute la votación, como ha sucedido en referendos previos. Son 15 días para la convocatoria y un plazo de máximo 60 días para llevarlo a cabo.

El 20 de septiembre de 2024, el Primer Mandatario anunció su intención de poner 'baygon' a los políticos, a quienes comparó con mosquitos que se llevan los recursos públicos de la ciudadanía. Por lo que planteó eliminar las asignaciones estatales que reciben los partidos y movimientos.

Es decir, el Gobierno quiere impedir que las organizaciones políticas calificadas reciban el fondo partidario anual, que está destinado principalmente a la formación de su militancia, publicaciones, capacitación e investigación.

Y también está en la mira el artículo que obliga al Estado a garantizar la difusión igualitaria de las propuestas pragmáticas de todas las candidaturas. Es decir, eliminar el fondo de promoción electoral que se otorga en las campañas.

Pero, de la mano, esta reforma habilitará a los sujetos políticos a pautar en los medios de comunicación directamente, por su cuenta y desde sus bolsillos, lo que actualmente está prohibido. 

La Corte aprobó la vía para tramitar la reforma parcial y el texto fue enviado a la Asamblea el 21 de noviembre. Unos cinco meses después, en abril de 2025, se llevó a cabo el primer debate. Pero aún no ha ocurrido el segundo, aunque por los plazos legales, podría llevarse a cabo a finales de julio.

El 6 de noviembre de 2024, llegó la tercera propuesta que apuntó a las personas privadas de libertad. El presidente Noboa decidió que quería sacarlos de la categoría de atención prioritaria, en palabras del Gobierno, "guiado por sentido de justicia e igualdad en la distribución de los recursos y atenciones estatales".

Pero pese a los discursos políticos alrededor del tema y los videos de TikTok, la intención de tramitar otra reforma parcial fue truncada por la Corte Constitucional. El 21 de noviembre, los jueces aclararon que la medida incurriría en una regresión de derechos, por lo que no puede tramitarse por esa vía.

Además, hubo juristas que advirtieron que incluso, por los tratados internacionales de los que Ecuador es firmante, ese tipo de retroceso en las responsabilidades estatales no podría ni siquiera tramitarse en una asamblea constituyente.

El 5 de febrero, el presidente Noboa envío su cuarta propuesta de reforma parcial a la Corte. El proyecto buscaba que los jueces puedan dictar prisión preventiva inmediata a quienes estén procesados por terrorismo y crimen organizado.

El argumento del Ejecutivo apuntaba a que "la situación de seguridad y las fallas en la administración de justicia requieren medidas firmes para evitar que delincuentes peligrosos se burlen de la justicia"

Pero, nueve días después, el 14 de febrero, con siete votos a favor y dos en contra, los jueces declararon que el proyecto no era apto para ser tramitado a través de una reforma parcial.

Los magistrados consideraron en su dictamen que la afectación de esa propuesta era grave, porque "vulnera el derecho a la libertad de movilidad al instaurar un mecanismo de privación obligatoria de la libertad, pues desconoce el carácter cautelar de la prisión preventiva y la convierte en una pena anticipada, sin que medie una justificación individualizada".

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió el 11 de julio una nueva propuesta de reforma constitucional para permitir la castración química a los violadores, que forma parte de sus iniciativas para endurecer las penas contra delincuentes y criminales en Ecuador.

En el proyecto, el Ejecutivo también plantea la creación de un registro confidencial de sentenciados "con la finalidad de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes".

Sin embargo, el Gobierno no tomó en cuenta la sentencia de diciembre de 2019, en la que ya se declaró inconstitucional la ley para la creación de un registro de violadores, debido a que vulneraba derechos establecidos en la Carta Magna e iba también contra una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.