"Lo firmo hacia atrás": Los chats y las prórrogas ficticias que dieron paso a la entrega de USD 104 millones a Progen
Chats periciados y documentos del expediente del caso Apagón exponen cómo funcionarios de Celec, hoy vinculados al proceso por peculado, pactaron firmas retroactivas y alteraron plazos para librarse de la Contraloría. Las maniobras, según la Fiscalía, habrían mantenido vigentes los contratos y viabilizaron el pago irregular de USD 104,4 millones a Progen a cambio de nada.
Motores de generación eléctrica de la empresa Progen
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Mientras Ecuador sufría apagones de hasta 14 horas a finales de 2024, en los despachos de Celec se habría pactado por WhatsApp la falsificación de firmas retroactivas y la alteración de informes técnicos para favorecer a la contratista Progen Industries LLC, según la Fiscalía.
La audiencia de vinculación al denominado caso Apagón expuso estos movimientos. La inclusión de 10 personas a un día de cerrar la instrucción fiscal alargó el proceso por 30 días más. Con esto, la cifra total de procesados por presunto peculado subió a 31.
El fiscal Carlos Leonardo Alarcón sostiene que las prórrogas injustificadas se usaron para evadir multas y justificar desembolsos. El presunto perjuicio fiscal por las obras inconclusas en las centrales de Salitral y Quevedo asciende a USD 104,4 millones.
Parte de la investigación por peculado apunta a la existencia de una presunta estructura de funcionarios que habría viabilizado transferencias millonarias a favor de Progen, a pesar de los evidentes retrasos en la entrega de los equipos y su instalación.
El expediente fiscal revela que las alarmas sobre el nulo avance de la proveedora extranjera se encendieron temprano. Desde el 14 de septiembre de 2024, un memorando interno de Celec advirtió que Progen no presentaba un cronograma de trabajo aprobado . Pese a estas advertencias técnicas, las autoridades de Celec continuaron dando paso a plazos flexibles y prórrogas.
Los chats y la "firma hacia atrás"
Durante la audiencia de vinculación, Alarcón expuso una pericia informática con la que la Fiscalía accedió a conversaciones de WhatsApp entre el entonces administrador del contrato de la central de Quevedo, José Luis Sampietro, y la técnica Gabriela Toazo. Hoy ambos procesados en el caso Apagón.
Los mensajes, según el Ministerio Público, evidencian cómo se planificaban supuestas alteraciones documentales para evitar sanciones de la Contraloría. El 7 de octubre de 2024, por ejemplo, Sampietro le escribió a Toazo anunciando que ya tenía un criterio legal y le consultó: "¿A cuántos le ajustamos? Porque el correo debería salir hoy (...) y así ya nos resguardamos todos y ganamos tiempo".
Esto se refería a una advertencia de la Contraloría General del Estado (CGE) por una posible sanción por incumplir el tiempo reglamentario de notificación a Progen sobre el informe técnico y la resolución de aprobación de la primera prórroga de plazo contractual, solicitada por la empresa debido a efectos logísticos causados en Estados Unidos por el huracán Helene.
Ante esto, Sampietro habría propuesto mandar a Progen un archivo defectuoso que no se pudiera abrir. "Entonces, si se envía, como le digo, cuando Progen nos diga (que) no abre, ahí nos da tiempo para hacer el que es". Así, el entonces administrador detalló que, en caso de reclamos, argumentarían que el archivo original tenía un error y que debieron entregarlo de forma física a la delegada de Progen de Quito, Guayaquil o Quevedo.
El 8 de octubre de 2024, en cambio, Sampietro insistió en buscar justificaciones técnicas asociadas a tormentas y huelgas portuarias para reducir la prórroga a 24 días, expresando: "la cosa es salir legalmente de todo esto. Así que, por favor, ayúdeme a cerrar los dos temas, el del plazo y la prórroga". Toazo le advirtió que carecían de fundamentos reales: "Claro, técnicamente es entendible. Pero no tenemos sustento de esto".
Según documentos del caso, esta supuesta operación para simular el envío del correo electrónico con el archivo defectuoso se ejecutó en medio de un cruce de presiones.
Así, el 7 de octubre de 2024, a las 21:09, el entonces gerente de Termopichincha, Byron Orozco, le remitió el documento de prórroga a Sampietro advirtiéndole de forma tajante que las decisiones técnicas eran de su exclusiva competencia.
De manera simultánea, la defensa de los plazos generaba fricciones con el departamento jurídico. El 10 de octubre de 2024, Daniela Gordillo le notificó a Sampietro que no emitiría ningún pronunciamiento legal sobre el inicio del plazo contractual hasta que la administración del contrato y los miembros de la comisión técnica presentaran informes formales y argumentados por escrito.
Un detalle importante sucedió el 9 de octubre de 2024, cuando Toazo le preguntó por chat cómo se formalizaría el documento. Sampietro le respondió sin reservas: "Así quedará el tema de la prórroga, los mismos días acordados. Lo pongo en formato y lo firmo hacia atrás".
Revise los chats relacionados con el caso Progen:
En los chats, además, Sampietro se refiere constantemente a "la Doctora". Haciendo referencia a Daniela Gordillo, quien fue la subgerente jurídica de Termopichincha y suscribió los informes favorables que sustentaron las prórrogas de Quevedo y Salitral. Hoy también procesada.
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Prórrogas bajo sospecha en Quevedo y Salitral
Los contratos de emergencia TPI-CON-0062-24 (Salitral) y TPI-CON-0067-24 (Quevedo) se suscribieron originalmente el 2 de agosto de 2024. La normativa establecía que el inicio del plazo contractual correría a partir del día siguiente de la firma.
Sin embargo, el entonces subgerente jurídico Cristian Andrés Dahik Quijano (otro de los vinculados) tramitó la protocolización de los contratos con 33 días de retraso, concretándola recién el 3 de septiembre de 2024.
Según la Fiscalía, esta demora habría sido utilizada por el administrador José Luis Sampietro para modificar la fecha de inicio del cómputo contractual en su informe de gestión, dando a Progen un periodo de gracia de 32 días sin autorización de la gerencia general de la entidad.
En la central de Quevedo, la Fiscalía documentó el otorgamiento de dos prórrogas que sumaron 35 días de ampliación. La primera prórroga, de 17 días, fue aprobada por recomendación de Sampietro el 7 de octubre de 2024 bajo la causal del huracán Helene.
La segunda prórroga, de 18 días, fue recomendada el 16 de octubre de 2024 y aprobada el 18 de octubre de 2024 por la gerencia de Byron Orozco debido al huracán Milton. Estas extensiones prolongaron la vigencia del contrato hasta el 10 de diciembre de 2024.
En Salitral se aplicó un esquema similar. Mediante la Resolución TPI-RES-0014-25 del 27 de enero de 2025, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó una primera prórroga de 35 días, extendiendo el cronograma hasta el 5 de febrero de 2025.
Posteriormente, el 7 de febrero de 2025, Guerrón expidió la Resolución Nro. TPI-RES-0020-25 para autorizar una segunda prórroga de 22 días calendario, fijando el vencimiento final en el 27 de febrero de 2025.
El expediente fiscal revela que en ese caso, el anterior administrador, Marlon Casilla, había rechazado técnicamente la solicitud debido a que Progen no entregó sustentos.
Sin embargo, el nuevo administrador, Romel Calderón, requirió un nuevo análisis legal a la subgerente jurídica Daniela Gordillo, quien emitió un criterio favorable terminando en la segunda prórroga.
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