Decisión sobre la prisión preventiva de 10 nuevos procesados en el caso Apagón se conocerá el 27 de agosto

Tras más de ocho horas de audiencia de vinculación, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Rodrigo Sarango, suspendió la diligencia en la que debía resolver el pedido de prisión preventiva para los 10 nuevos procesados en el caso Apagón.

Entre ellos hay administradores de contratos y funcionarios públicos que estarían involucrados en la fallida adquisición de generadores eléctricos a la empresa Progen, que habría causado un perjuicio de USD 104 millones al Estado

La audiencia de vinculación en el caso Apagón entró en su fase de resoluciones y litigación sobre medidas cautelares este 25 de agosto de 2026. En horas de la mañana, la Fiscalía General del Estado formalizó el pedido de prisión preventiva para los 10 nuevos procesados, acusados de presunta participación en un peculado.

El presunto caso de corrupción, derivado de la contratación emergente de generación termoeléctrica para las centrales de Salitral y Quevedo, deparó un perjuicio estimado en USD 104,37 millones. Con la vinculación de este grupo, el plazo de la instrucción fiscal se ampliará por 30 días adicionales.

El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, argumentó que las medidas alternativas a la privación de libertad resultan insuficientes para garantizar la inmediación real de los sospechosos en un eventual juicio. 

Fiscalía cuestionó los arraigos presentados

Por su parte, los abogados defensores expusieron sus arraigos familiares, laborales y médicos para oponerse al arresto preventivo de sus representados. Entre las alegaciones destacaron situaciones de vulnerabilidad familiar de menores de edad bajo su cuidado.

Ante estos argumentos, el fiscal Alarcón señaló que los documentos de arraigo presentados por algunos de los procesados eran copias simples y, por tanto, no tenían validez.

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Asimismo, el funcionario reiteró que los abogados se habían extendido al demostrar que sus clientes no tenían antecedentes penales. Sin embargo, aclaró que ese criterio no era objeto de análisis durante la audiencia de vinculación.

Alarcón también descartó documentos como contratos de arrendamiento, correos electrónicos, certificados laborales, comprobantes de pago de servicios básicos y otros elementos que, según las defensas, podían ser considerados para evitar la prisión preventiva.

Luego de escuchar las réplicas y contrarréplicas de las partes procesales, alrededor de las 21:40, el conjuez Rodrigo Sarango decidió suspender la audiencia de vinculación. El magistrado anunció que dará a conocer su resolución sobre el pedido de prisión preventiva el jueves 27 de agosto, a las 16:00.

Prisión preventiva y rastreo internacional de Interpol

Durante la diligencia judicial del 25 de agosto de 2026, el fiscal Alarcón fundamentó la necesidad de dictar prisión preventiva en contra de los 10 ciudadanos recién vinculados a la causa. El Ministerio Público argumentó que los procesados poseen facilidades de movilización, solvencia y nexos en el extranjero que elevan el riesgo de evasión.

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Para cuatro de los nuevos procesados, la Fiscalía solicitó oficiar a la Policía de Integración Internacional (Interpol) para la publicación de la difusión roja. Esta orden de localización y captura internacional se requirió para José Javier Aimara Guaita, José Walter Manrique Suárez, Peter Cristian Dreher Pozo y José Manuel de Oliveira Ayu.

En el plano financiero, el agente solicitó la retención de cuentas y pólizas de inversión en el sistema financiero nacional por un valor de USD 27.600 para cada señalado, con la finalidad de asegurar el pago de futuras multas penales. Asimismo, requirió la prohibición de enajenar bienes en todo el territorio nacional por un monto de USD 4,9 millones.