Un memorando del ministro Luque, facturas, presiones y viajes: esto dijo la Fiscalía en la primera jornada de vinculación del caso Progen

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Rodrigo Sarango, suspendió la noche de este 24 de agosto de 2026 la audiencia de vinculación en el caso Apagón. La diligencia judicial se retomará mañana, 25 de agosto de 2026, a las 09:30.

Antes del cierre de la jornada, la Fiscalía expuso los elementos de convicción. Una de las revelaciones es que el ex subgerente jurídico de Termopichincha, Cristian Andrés Dahik , habría dispuesto que la factura de protocolización de los contratos, emitida por la Notaría 47 del cantón Quito por un valor de USD 4.100, fuera facturada de forma directa a nombre de la empresa privada Astrobryxa.

Asimismo, el fiscal Alarcón dio lectura a versiones que evidenciarían presiones internas para favorecer a la contratista durante la fase precontractual. 

Según la ampliación de la versión del técnico Romel L., el exdirector de planificación, José Javier Aimara, presionó de forma insistente a los miembros del comité técnico en una reunión el 28 de junio de 2024 para que no incluyeran las novedades y observaciones técnicas encontradas en los informes de Salitral y Quevedo.

Siguiendo con su exposición, el fiscal Alarcón desglosó las supuestas irregularidades cometidas por los cuatro administradores de los contratos termoeléctricos de Salitral y Quevedo. 

Según la teoría de la Fiscalía, estos técnicos inobservaron las cláusulas contractuales y la normativa, facilitando desembolsos por generadores inoperativos.

Luis Ugsha ejerció como administrador del contrato de Salitral entre el 2 de agosto de 2024 y septiembre de 2024. El Ministerio Público lo señala por supuestamente omitir su obligación de vigilar que el contrato se protocolizara de forma inmediata.

Este trámite debió formalizarse en el término de 15 días posteriores a la adjudicación. Sin embargo, la protocolización se efectuó recién el 3 de septiembre de 2024, es decir, 32 días después de iniciada la ejecución, retrasando las gestiones de control.

Adicionalmente, según Alarcón, Ugsha no alertó de que Progen carecía de la debida domiciliación en Ecuador. Tampoco reportó que las obras civiles de la planta estaban siendo ejecutadas por la empresa privada Astrobryxa, sin contar con la autorización de Celec.

Otro administrador es Marlon Casilla, quien estuvo al frente del contrato de Salitral desde el 5 de septiembre de 2024 hasta el 5 de diciembre de 2024. La Fiscalía sostiene que certificó el cumplimiento del "Hito Uno" sin verificar las especificaciones técnicas requeridas.

Este hito obligaba a constatar físicamente todos los generadores antes de autorizar el pago del 70% del contrato. Casilla validó un reporte de AP Inspection del 20 de septiembre de 2024 que omitió detalles de autenticidad, novedad y números de serie de los 29 equipos.

Incluso, algunas fotografías adjuntas por la verificadora mostraban generadores fabricados en 2009, pese a que el contrato exigía unidades nuevas de 2023 en adelante. 

Finalmente, pese a todas las alertas negativas, el exadministrador, según la Fiscalía, solicitó el desembolso de USD 69,9 millones el 1 de octubre de 2024.

José Luis Sampietro administró el contrato de la central de Quevedo desde el 11 de septiembre de 2024 hasta el 5 de diciembre de 2024. El exfuncionario habría determinado de manera arbitraria que el plazo corría desde el 3 de septiembre de 2024 y no desde la firma del contrato.

En octubre de 2024, Sampietro recomendó conceder dos prórrogas que sumaron 35 días adicionales de plazo a Progen. Argumentó afectaciones por los huracanes Helene y Milton, pero no exigió a la contratista la documentación legal que demostrara el retraso.

Finalmente, Marcos Guerrero, quien sucedió a Sampietro en la administración del contrato de Quevedo, habría firmado un informe técnico recomendando un contrato complementario, a pesar de que el plazo contractual principal ya había vencido el 10 de diciembre de 2024.

Este instrumento complementario, suscrito el 11 de enero de 2025, habría modificado cláusulas de multas, plazos y formas de pago. De esta manera, se permitió un pago prorrateado de USD 6,6 millones por cada inspección parcial de los generadores.

Gracias a esta modificación, dijo Alarcón, se alcanzaron desembolsos del 70% del monto total del contrato, a pesar de que las unidades termoeléctricas siguen inoperativas hasta la actualidad.

Durante su intervención, Alarcón también expuso los elementos de convicción que sustentan la vinculación de Peter Christian Dreher Pozo al caso Apagón, quien era asesor dos del Ministerio de Energía durante la gestión de Luque.

La investigación fiscal ubica la intervención de Dreher desde el 19 de abril de 2024, fecha desde la cual habría sido convocado a mesas y reuniones técnicas con la gerencia de Celec para abordar la crisis energética. 

Según el fiscal Alarcón, el exasesor integraba un grupo de trabajo ministerial clave que solicitaba de forma recurrente información sobre los avances de generación termoeléctrica.

Uno de los hechos más relevantes expuestos en la audiencia fue el viaje que Dreher realizó a Estados Unidos en mayo de 2024. Según el expediente fiscal, esta visita técnica se concretó tras aceptar una invitación de Karla Saud, quien actuaba como representante de Progen y ya es parte de este caso.

Según Alarcón, la invitación se formalizó mediante un oficio dirigido directamente al “abogado Peter Dreher, asesor del ministro”, con el objetivo declarado de “realizar una visita técnica a sus instalaciones y conocer una central de generación termoeléctrica que se encontraba en operación comercial”. 

La Fiscalía sostiene que Dreher y el excoordinador De Oliveira mantuvieron un rol activo en la recopilación de insumos precontractuales. En junio de 2024, en una reunión efectuada en Celec, el investigado habría solicitado elaborar los términos de referencia a la Unidad de Negocio Termopichincha.

La tesis del Ministerio Público apunta a que el exasesor “conocía ya con antelación (...) los avances que se iban realizando en la Unidad de Negocio Termopichincha sobre los contratos de Salitral y Quevedo”. 

La Fiscalía le atribuye haber omitido gestiones de control en función de su cargo, a pesar del contacto directo sostenido con la representante de la empresa proveedora, lo que habría beneficiado a Progen.

Durante la audiencia de vinculación, el fiscal Leonardo Alarcón expuso las supuestas omisiones y acciones de dos funcionarios de alto rango del Ministerio de Energía y Minas vinculados a la causa: el excoordinador jurídico José Manuel de Oliveira Allu y el exasesor Peter Christian Dreher Pozo.

Según la teoría de la Fiscalía, ambos, durante la gestión del exministro Roberto Luque, habrían facilitado el camino para la adjudicación de los contratos con Progen, que terminaron en un perjuicio de USD 104,4 millones.

El fiscal Alarcón detalló que José Manuel de Oliveira Allu se desempeñó como coordinador general jurídico del Ministerio de Energía entre el 23 de abril de 2024 y el 2 de diciembre de 2024.

Al inicio de su gestión, el entonces ministro de Energía, Roberto Luque, emitió un memorando, fechado el 23 de abril de 2024, mediante el cual dispuso que todos los procesos de contratación pública de la emergencia del sector eléctrico “sean previamente comunicados y coordinados con la coordinación general jurídica del Ministerio de Energía y Minas para su análisis y aprobación”, es decir, con Oliveira.

Además, la Fiscalía sostiene que las gestiones preliminares de los proyectos Salitral (valorado en USD 99,4 millones) y Quevedo (por USD 49,7 millones), como la elaboración de fichas técnicas, pliegos, términos de referencia y listas de proveedores, “se desarrollaron sin contar con la declaratoria formal de emergencia emitida por la entidad contratante”. 

De acuerdo con los elementos presentados en la audiencia, De Oliveira no solo omitió advertir estas irregularidades, sino que “asistía a reuniones” de la CELEC relacionadas con los procesos. 

Además, mantuvo “contacto telefónico con la señora Daniela Gordillo, subgerente jurídica” de la Unidad de Negocio Termopichincha, reuniéndose con ella para viabilizar las prórrogas contractuales.

Para el Ministerio Público, el procesado abusó de su cargo al realizar el seguimiento de los contratos “sin que conste un pronunciamiento por parte de dicho funcionario respecto de lo que estaba ocurriendo”.

Pasadas las 14:00 y constatada la presencia de los nueve investigados y sus abogados, el juez Rodrigo Sarango declaró instalada la audiencia de vinculación. Primero, la fiscalía expondrá los indicios que ha recabado en contra de estas personas. 

Previo a la instalación de la audiencia, varios de los investigados presentaron escritos. José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía en la gestión de Roberto Luque, insistió en un pedido de diferimiento de 24 horas, ya que su abogado se encontraba fuera del país.

Sin embargo, el juez Rodrigo Sarango indicó que la audiencia ha sido convocada hasta cinco días después del pedido de la Fiscalía, como lo establece el Cogep. Por lo que descartó el pedido, declaró a De Oliveira en indefensión y le asignó un defensor público.

De la misma forma, Peter Dreher, exasesor de Luque en Energía, informó que ha cambiado de abogados por esta audiencia, por lo que también pidió que se le otorgue el plazo prudente para revisar el expediente. Sarango también negó esa solicitud.