Luego del diésel, ¿qué le queda al Gobierno para mejorar el déficit fiscal del país en 2025?
La eliminación del subsidio al diésel generaría un ahorro cercano a USD 1.100 millones, pero el déficit fiscal de 2025 superaría los USD 5.600 millones. El Gobierno ya subió el IVA y difícilmente podrá volver a tocar el bolsillo de los ciudadanos. Los subsidios que aún quedan (seguridad social, gas y bonos sociales) son políticamente intocables. Entonces, ¿qué alternativas le quedan?
Una persona sostiene una manguera de gasolina en una estación de servicio.
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La eliminación del subsidio generaría un ahorro cercano a USD 1.100 millones, según el Gobierno. La expectativa es que esos recursos puedan destinarse a prioridades como salud, educación o seguridad.
Sin embargo, la realidad fiscal es distinta: el déficit proyectado para ese año asciende a USD 5.624 millones, por lo que el ahorro en el diésel servirá principalmente para reducir el desbalance de las cuentas públicas, más que para financiar el gasto en áreas prioritarias.
Además, el diésel tampoco es el único subsidio de peso. En la proforma presupuestaria de 2025 se registran transferencias millonarias hacia el gas, la seguridad social y los bonos.
Los subsidios que siguen en pie
De acuerdo con la proforma elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas, para 2025 los subsidios sumaban USD 7.915 millones, lo que equivale al 19% del Presupuesto General del Estado (PGE) y al 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
El monto más grande corresponde a las transferencias a la seguridad social, que alcanzan USD 3.368 millones, equivalentes al 8% del PGE. A esto se suman los bonos y ayudas sociales administrados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que ascienden a USD 1.956 millones e incluyen programas como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), la pensión de adultos mayores, el Bono Joaquín Gallegos Lara, entre otras.
En el bloque de combustibles, tras la eliminación del subsidio al diésel, la subvención al gas licuado de petróleo (GLP) se convierte en el principal monto de este segmento, con un costo estimado de USD 870 millones.
Otros subsidios de menor magnitud aparecen en programas de vivienda (USD 47 millones), desarrollo agrícola (USD 33 millones) y créditos productivos de interés social (USD 7 millones).
A esta lista debe añadirse un rubro que no figura en el anexo de subsidios, pero que también implica un costo fiscal: los subsidios eléctricos. Para 2025 se estiman en alrededor de USD 112 millones, distribuidos entre la Tarifa de la Dignidad, los beneficios a adultos mayores y personas con discapacidad, y el programa PEC de cocción por inducción.
La seguridad social, el principal subsidio del Estado
De todos los subsidios registrados en la proforma presupuestaria 2025, el mayor corresponde a la seguridad social. El Estado presupuestó USD 3.368 millones, lo que equivale al 8,2% del Presupuesto General del Estado y al 2,6% del PIB.
La mayor parte de estos recursos se concentra en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con USD 2.666 millones (79,2% del total). Dentro de este rubro, el 91,5% corresponde al aporte estatal del 40% a las pensiones del seguro general, obligación establecida en la Ley de Seguridad Social.
El resto financia regímenes especiales como el Seguro Social Campesino, el Seguro del Magisterio y subsidios a trabajadoras no remuneradas del hogar. A esto se añaden USD 449 millones para el ISSFA y USD 252 millones para el ISSPOL, destinados principalmente al pago de pensiones de militares y policías.
El comportamiento histórico de estas transferencias revela cómo las decisiones políticas han condicionado el gasto. En 2013, el Estado destinaba unos USD 1.569 millones a la seguridad social, pero entre 2015 y 2018 las cifras se redujeron a menos de USD 900 millones anuales.
La razón fue la eliminación del aporte estatal del 40% durante el gobierno de Rafael Correa, con el argumento de que se trataba de un subsidio innecesario. Esa medida fue revertida en 2018 por la Corte Constitucional, pero dejó un vacío estimado en casi USD 9.000 millones en el fondo de pensiones.
Desde la restitución del aporte, las transferencias han crecido: en 2019 ascendieron a USD 2.664 millones y en 2024 sumaron USD 3.693 millones, más del doble que una década atrás. En paralelo, en 2024 se aprobó una reforma legal que obliga al Ministerio de Finanzas a suscribir un plan de pago a 10 años por la deuda histórica acumulada con el IESS entre 2012 y 2023, incluidos intereses.
En todo caso, cualquier ajuste requiere una reforma estructural al sistema de pensiones, un debate que lleva décadas pendiente y que ningún gobierno ha querido asumir por el costo político que implica. En el corto plazo, esto significa que el Ejecutivo difícilmente podrá “tocar” este subsidio.
El gas doméstico, la línea roja de los subsidios
El subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) es, después del diésel, el más costoso para el Estado. En 2024 implicó USD 737 millones y para 2025 la proforma proyecta USD 870 millones. Su peso es considerable en el PGE, pero a diferencia del diésel, el Gobierno de Daniel Noboa ha dejado claro que “no está en agenda” su eliminación.
La razón es política y social: el GLP está directamente ligado al consumo de los hogares, que pagan USD 1,65 por un cilindro de 15 kilos. En términos de percepción ciudadana, tocar ese precio es “tocar la cocina de la gente”, un límite que pocos gobiernos se atreven a cruzar.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (2019) calculó que, aunque los hogares consumen GLP en proporciones similares, apenas uno de cada cinco dólares del subsidio llega efectivamente al quintil más pobre de la población. En la práctica, esto significa que el Estado debe gastar USD 5 para transferir USD 1 real de apoyo a los más vulnerables. El resto del beneficio se diluye entre hogares de ingresos medios y altos, lo que confirma que se trata de una política costosa e ineficiente.
El mismo estudio planteó alternativas para rediseñar este esquema. Una opción sería reforzar el BDH con una transferencia adicional para compensar el mayor gasto que tendrían los hogares pobres si se eliminara el subsidio. Otra alternativa sería entregar un cilindro gratuito de GLP cada mes al 40% más pobre de la población, lo que cubriría sus necesidades básicas de consumo sin mantener un subsidio universal que también favorece a los sectores de ingresos altos.
El problema, sin embargo, no es técnico, sino político. A diferencia del diésel, el GLP se percibe como una auténtica línea roja: su eliminación tendría un costo social enorme y un potencial explosivo en las calles. Como advirtieron los expertos consultados por el BID, “si se toca el GLP, el gobierno cae”.
Bonos y ayudas, entre la protección y la presión fiscal
Dentro del presupuesto 2025, el rubro de Desarrollo Social alcanza los USD 1.955 millones, lo que representa el 4,8% del Presupuesto General del Estado y el 1,5% del PIB. Se trata del conjunto de bonos y pensiones que administra el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), bajo un esquema de asistencia social destinado a hogares en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.
Los programas más importantes son el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que suma USD 643 millones para más de 900.000 beneficiarios, y las pensiones Mis Mejores Años para adultos mayores (USD 352 millones) y Toda una Vida para personas con discapacidad (USD 94 millones). A esto se suman ayudas específicas como el Bono Joaquín Gallegos Lara (USD 135 millones), el Bono 1000 días contra la desnutrición infantil (USD 98 millones), y transferencias emergentes a hogares afectados por desastres o violencia.
En años recientes también se han incorporado bonos temporales orientados a coyunturas específicas, como Jóvenes en Acción, Migrantes Retornados, Reactívate, Incentívate o ecuatorianos en Acción. Aunque estos programas tienen montos más bajos en comparación con los permanentes, reflejan la presión política por ampliar la cobertura social frente a crisis económicas o emergencias.
El diseño de estas transferencias busca no solo aliviar ingresos, sino también fomentar corresponsabilidades en educación y salud, especialmente en los programas con componente variable. Sin embargo, su expansión también plantea interrogantes fiscales: el MIES reconoce que más de 560.000 potenciales beneficiarios aún esperan ser incluidos, lo que implica que la presión sobre este gasto seguirá creciendo en los próximos años.
En el debate sobre subsidios, los bonos sociales ocupan un lugar aparte. A diferencia de los combustibles, que pueden discutirse en términos de eficiencia y rediseño, estos programas están dirigidos de manera explícita a los hogares más pobres. Por ello, recortarlos sería políticamente inviable y socialmente regresivo.
El dilema para el Gobierno es que, aunque representan uno de los subsidios más costosos en conjunto, son también los más blindados: cualquier intento de reducirlos chocaría con el mandato de proteger a los sectores vulnerables.
Entonces, ¿qué alternativas le quedan al Gobierno?
El problema fiscal marca el rumbo: Ecuador necesita reducir un déficit estimado en USD 5.624 millones para 2025. Para lograrlo, es necesario: aumentar ingresos y/o reducir gastos. La primera opción ya fue explorada con la subida del IVA del 12% al 15%, pero un nuevo incremento sería políticamente inviable y socialmente costoso.
En cuanto al gasto, el Ejecutivo ha comenzado un proceso de optimización mediante la fusión de carteras de Estado y el despido de personal. Sin embargo, los subsidios que aún quedan son altamente sensibles, y todo indica que no se tocarán en el corto plazo. Eso deja al Gobierno con un margen muy estrecho para ajustar las cuentas.
El otro gran rubro inflexible es la masa salarial. Los sueldos y salarios del sector público absorben más de un tercio del PGE. Se trata de una obligación legal que financia a cerca de medio millón de servidores públicos en áreas como educación, salud, seguridad y justicia.
El resultado es un Estado en el que más del 80% del gasto ya está comprometido en sueldos, deuda y transferencias, lo que vuelve casi imposible reasignar recursos. La inversión pública, en consecuencia, termina siendo la variable de ajuste y se mantiene en niveles mínimos, con efectos directos sobre la actividad económica y el empleo.
Frente a estas limitaciones, una alternativa sería revisar gastos considerados discrecionales o de baja prioridad, como la pauta oficial o programas sociales que tienden a expandirse en coyunturas políticas. Pero la opción más estructural está en el frente tributario: cobrar mejor los impuestos existentes.
Ecuador pierde miles de millones de dólares cada año por evasión, elusión y un gasto tributario que opera como un subsidio invisible. En 2023, las exoneraciones y deducciones fiscales representaron USD 5.776 millones, con beneficios concentrados en los sectores y personas de mayores ingresos.
A esto se suma una evasión estructural: casi el 60% del impuesto a la renta de personas naturales y alrededor del 25% del IVA nunca ingresan al fisco. El resultado es un sistema que tolera evasores, subsidia a quienes más tienen y presiona a los que cumplen, mientras el Estado carece de recursos para salud, educación o inversión pública.
El Gobierno ya agotó la opción más sencilla (subir el IVA) y enfrenta subsidios demasiado sensibles como para eliminarlos de golpe. Si quiere avanzar en la reducción del déficit, tendrá que mirar hacia adentro: depurar gastos superfluos, revisar privilegios tributarios y fortalecer la capacidad del SRI para cobrar lo que corresponde.
Mientras no se encare una reforma de fondo, las cuentas públicas seguirán atrapadas en un círculo vicioso: un gasto rígido que crece, una inversión cada vez más sacrificada y una sostenibilidad fiscal en duda.
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