La Fiscalía abrió desde 2021 al menos cinco investigaciones a varios contratos de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Todos están en indagación previa. Otros ediles también registran procesos penales.
A la alcaldesa Cynthia Viteri le restan dos meses y medio al frente del Municipio de Guayaquil y los procesos abiertos en su contra no pasan de la etapa inicial.
Según información de Fiscalía, son al menos cinco causas desde 2021 contra la funcionaria, dos de ellas por peculado. Estas datan del primer año de su administración.
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Todas continúan en etapa de indagación previa y mantienen la reserva de la información, según lo confirmó a PRIMICIAS el procurador síndico del Municipio, Cristian Castelblanco.
El primer proceso obedece a la decisión de Cynthia Viteri de impedir el ingreso de un vuelo humanitario de Iberia, en marzo de 2020, en plena pandemia del Covid-19, al bloquear la pista del Aeropuerto de Guayaquil.
La Fiscalía la investigó por obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. Pero en julio de 2021, la fiscal de Guayas, Yanina Villagómez, dijo no haber encontrado elementos sobre la participación de la alcaldesa en el delito.
Además de este proceso, Viteri enfrenta al menos cuatro investigaciones, tres abiertas en 2021 y la última hace casi un año:
- 20 de enero de 2021: delitos contra el agua.
- 26 de abril de 2021: peculado ('Letras Vivas')
- 19 de noviembre de 2021: peculado (aromaterapia)
- 28 de marzo de 2022: adquisición irregular de terrenos.
La primera causa se remonta al 12 de junio de 2020. Su denunciante es el ciudadano Robert Moreira Ortega. Entre otras cosas, acusan a Viteri de no instalar suficientes plantas para tratamiento de aguas residuales en Guayaquil.
De allí que al menos 32 perjudicados denuncian la contaminación de la ribera del río Guayas, así como de animales y alimentos.
El proyecto cultural 'Letras Vivas' data de una licitación del 4 de diciembre de 2020. Consistió en pintar muros de la ciudad con 50 frases de escritores ecuatorianos, para "aliviar y reactivar la industria naranja", golpeada por la pandemia.
Pero contrario al objetivo, surgió el reclamo de sus autores, a quienes el Municipio no les reconoció económicamente el uso de sus frases.
La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en la reunión de seguridad convocada por el Ejecutivo en Quito, el 6 de junio de 2022. API
Para este contrato, el Municipio destinó USD 389.350 de recursos públicos.
Luego de la polémica desatada en redes sociales, la misma Cynthia Viteri solicitó a la Fiscalía investigar el proceso contractual y la Fiscalía anunció su investigación en abril de 2021.
El contrato por el servicio de profesionales naturópatas con terapias naturales y aplicación de aromaterapia, por USD 237.450, tampoco estuvo libre de críticas.
Esta contratación se adjudicó en la misma fecha que el de 'Letras Vivas', pero previamente lo hizo Jaime Nebot en 2019. En ambos casos se contrató a la empresa Ultraproducts, de la exconcejal Dunia Campos.
Tanto en 'Letras Vivas' como en 'aromaterapia', la Fiscalía investiga peculado.
Compra de terrenos del exesposo de Viteri
Finalmente, el más reciente proceso se abrió el 28 de marzo de 2022, hace casi un año.
Allí, la entidad indaga al exesposo de Cynthia Viteri, Joaquín Villamar, por la presunta adquisición irregular de 81 solares de terrenos en la parroquia Daular, cerca del nuevo aeropuerto de Guayaquil.
El avalúo de todos los lotes bordea los USD 1,8 millones.
"Se han agotado todas las diligencias dispuestas", afirmó Castelblanco sobre las investigaciones. Sin embargo, públicamente se conoció que Cynthia Viteri no acudió a rendir versiones por los distintos casos, en varias ocasiones.
PRIMICIAS pidió una entrevista con la fiscal Villagómez para conocer detalles sobre el estado de las indagaciones, pero no contestó la solicitud.
En su momento, la Fiscalía pidió al Municipio información de al menos 14 contratos de entre 2020 y 2021, que suman USD 20,6 millones.
Aunque no constan en los procesos formales, también estaban en el radar público los contratos para la limpieza de Guayaquil, por USD 19,7 millones; y de los Óleos del Bicentenario por USD 445.000, que se dio de baja en 2019.
Un alcalde sentenciado y cuatro procesados
Además de Viteri, hay al menos cinco alcaldes del periodo 2019-2023, involucrados en procesos penales. Solo para uno de ellos se dictó sentencia. El resto quedó libre de las investigaciones y uno sigue esperando su juicio.
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Darío Macas, alcalde de Machala
El alcalde de Machala, Darío Macas, en un evento en su ciudad el 4 de noviembre de 2019. Darío Macas
La Fiscalía le abrió una investigación por presunto tráfico de influencias en la construcción del Mercado Minorista Multifuncional de Machala.
El 4 de mayo de 2020, las autoridades allanaron las oficinas del Municipio, en busca de información sobre supuestas irregularidades en el contrato, que ascendía a USD 7,8 millones.
En ese entonces, Darío Macas rechazó las acusaciones y tres días después de los allanamientos, dejó sin efecto el proceso de adjudicación.
No se supo más de la indagación y el alcalde anunció aquella vez que iniciaría un nuevo proceso. La obra sigue sin construirse.
Macas fue reelecto en el cargo, esta vez con apoyo de la Revolución Ciudadana.
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Washington Arteaga, alcalde de Montecristi
Washinton Arteaga, alcalde de Montecristi.
El funcionario fue procesado por tráfico de influencias para la adquisición de mascarillas, pruebas rápidas para Covid-19, termómetros, guantes quirúrgicos, entre otros, durante la pandemia.
La denuncia la hizo el 8 de agosto de 2020, la vicealcaldesa de Montecristi, Johanna Delgado.
La funcionaria señaló irregularidades en dos contratos: uno por USD 86.630 y el segundo por UD 41.544. Según Delgado, la empresa proveedora no estaba legalmente registrada y no entregó regularmente los productos adquiridos.
El 12 de abril 2021, Washington Paredes fue sobreseído tras el dictamen abstentivo de la fiscal Yanina Villagómez. "No se cuenta con elementos de convicción suficientes que permitan formular acusación en contra de los procesados". Eran tres en total.
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Luis Silva, alcalde de Baños
El alcalde Baños, Luis Silva, impidió que los policías descansen en su cantón. Cortesía
Fiscalía le abrió una investigación previa por incumplimiento de orden legítima de autoridad.
El caso data de abril de 2020, cuando el alcalde de Baños, Luis Silva, impidió que miembros de la Policía usen su propia escuela de formación para descansar, según lo denunció la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La ahora exfuncionaria denunció que Silva bloqueó el acceso. En un video, que difundió la Municipalidad, el edil pedía que los policías descansen en los albergues de los cantones donde los uniformados cumplen funciones.
El 16 de junio de 2021, el fiscal de Tungurahua, Galo Romero, solicitó el archivo del expediente, por considerar que los hechos investigados "no constituyen el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente".
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Delfín Quishpe, alcalde de Guamote
Imagen de archivo de Delfín Quishpe, alcalde de Guamote. Redes sociales
Otra investigación que surgió durante la pandemia del Covid-19. Fiscalía indagó la compra de insumos de bioseguridad (mascarillas, amonio cuaternario, guantes y otros) con sobreprecio, por USD 96.608 más IVA.
Luego de más de un año del proceso, el alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, fue sentenciado en noviembre de 2021, a cinco años de prisión por tráfico de influencias.
La Sala Penal de la Corte de Justicia de Chimborazo ratificó dicha condena contra Quishpe, en octubre de 2022.
Hasta ahora, se convierte en el único edil en funciones con sentencia ratificada en segunda instancia.
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Jorge Yunda, exalcalde de Quito
Jorge Yunda y Santiago Guarderas inscribieron sus candidaturas para alcalde y concejal de Quito, el 1 de diciembre de 2018. API
También nació durante la pandemia del Covid-19, pero su proceso ha tenido altos y bajos.
La Fiscalía abrió una investigación por peculado, por un contrato que realizó el 16 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, con la empresa Salumed S. A., por la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19.
El contrato ascendió a USD 4,2 millones.
Por este proceso, el exalcalde Jorge Yunda y 13 personas más fueron llamadas a juicio. Esa audiencia se instaló en septiembre de 2021, pero en el camino hubo varios cambios. El más reciente ocurrió el 12 de octubre de 2022, cuando los jueces Wilson Lema (presidente del tribunal) y Patlova Guerra se excusaron de seguir conociendo el caso.
Los nuevos integrantes del tribunal son José Jiménez (ponente), Lady Ávila y Mónica Bravo, quienes deben instalar el juicio desde cero.
Al momento, la diligencia sigue suspendida hasta que la publicación oficial de los resultados electorales. Aunque públicamente se conoce que Yunda no ganó la Alcaldía de Quito.
Uno de los primeros temas que deberá resolver este tribunal es el pedido de sustitución de medidas del exalcalde. Su última presentación ante la autoridad fue el 27 de febrero de 2023.
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