¿Qué hará la Agencia de Regulación y Control Minero con un presupuesto que crecerá a USD 200 millones?

El presupuesto de la pequeña y polémica Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) dará un salto gigantesco al pasar de un modesto presupuesto de USD 1,6 millones en 2024 a USD 200 millones al año.

Ese monto de USD 200 millones equivale a casi cuatro veces lo que costará la construcción de la nueva cárcel que el Gobierno de Daniel Noboa construye en Santa Elena (USD 52 millones).

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Y es que la Arcom manejará un presupuesto mayor debido a que el Gobierno dispuso que sea esta agencia la que reciba los pagos que harán las empresas por la nueva tasa de fiscalización minera, anunciada el pasado 2 de junio de 2025.

¿La finalidad? Según el Gobierno, el cobro de la tasa es necesario porque las actividades de supervisión y control que realiza la Arcom requieren fortalecimiento.

"Necesitamos los recursos económicos y la tasa es una contraprestación de un servicio que vamos a dar", señaló la ministra de Energía, Inés Manzano ante las quejas de las empresarios mineros que se oponen a los montos fijados para la tasa.

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Entrega irregular de concesiones 

Pero en el sector minero hay cuestionamientos por el uso que  la Arcom podría dar a ese millonario presupuesto, pues la entidad tiene un historial de casos de escándalos de corrupción

En septiembre de 2024, por ejemplo, la Fiscalía allanó oficinas de la Agencia por una investigación de entrega irregular de concesiones en el catastro minero.

Aunque la Arcom comenzó a operar con ese nombre en 2010, en mayo de 2020 la entidad se agrupó en una sola junto a las Agencias de Energía y la de Control Hidrocarburífero, para formar la Agencia de Regulación de Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr).

Pero el 8 de mayo de 2024, el Presidente Noboa dispuso que se separen nuevamente las tres entidades y la Arcom volvió. Por eso, el presupuesto de la entidad es de USD 1,6 millones en 2024. Pero para 2025, el Ministerio de Finanzas le asignó USD 5,7 millones, de los cuales ya ha usado USD 2,2 millones a junio.

¿En qué usará el dinero la Agencia?

Tras la aprobación de la tasa minera, entre los empresarios mineros empezó a circular un documento elaborado por Duval Yánez Ramos, analista técnico de Regulación y Normativa de Arcom, en el que se detallaba el destino de los más de USD 200 millones que el Gobierno dijo que esperaba recaudar por la tasa.

El documento aparece revisado y firmado por David Sánchez Sarmiento, Coordinador Nacional de Regulación Minero.

A los empresarios les llamó la atención que el documento planteaba destinar USD 36 millones para comprar 300 camionetas de USD 120.000 cada una. Además, USD 21,9 millones para comprar 150 drones de USD 146.666 cada uno.

El documento también planteaba destinar USD 60 millones en sueldos y beneficios para 600 técnicos y fiscalizadores, que tendrían sueldos promedio de USD 3.333 al mes.

PRIMICIAS solicitó el 9 de junio de 2025 al Ministerio de Energía información sobre el uso de los recursos, pero hasta el cierre de este reportaje no respondió. 

Durante la rendición de cuentas de la Arcom el 4 de julio de 2025, un funcionario de la Agencia dijo a PRIMICIAS que ese documento era un borrador y que la entidad está trabajando en un nuevo documento con el detalle del uso del dinero.

Patricio Bonilla, director general de la Agencia, dijo a PRIMICIAS que la entidad requiere esos USD 200 millones, para ser más eficaz y hacer un trabajo más automatizado.

"Necesitamos una Agencia con buena tecnología, con drones, no de USD 6.000 como dicen algunos, sino que tengan cámara, con un sistema que cuando vuele el dron haga el análisis de todo el material mineralizado, con una cámara térmica. Que dé resultados inmediatos en un centro de control de campo...que nos dé alertas tempranas de irregularidades", explicó.

Y sobre la compra de vehículos, Bonilla dijo que la Arcom necesita vehículos blindados, pues los que tiene están en pésimo estado. 

"Ayer (3 de julio) murió un soldado, por eso se requieren vehículos seguros, el año pasado tuve tres vehículos destruidos y los funcionarios tuvieron que huir a la selva en Morona, luego fueron rescatados. Por eso se necesitan también equipos de protección individual", agregó.

Sobre el gasto en funcionarios, hoy la agencia tiene 164 empleados, pero para agosto aumentarán a 190 con los recursos de la nueva tasa, dijo Bonilla.

Desde filtración de información hasta robo de oro

La presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, dice que la Arcom "es una institución que ha sido bastante cuestionada en su accionar", por lo que en el sector están preocupados sobre el destino de los recursos.

¿Pero qué polémicas han envuelto a  la Agencia?

Una abogada del sector minero, quien pidió no ser nombrada cita como ejemplo que siempre que las empresas formales piden a la Arcom lo que se conoce como "amparo", para desalojar minería ilegal en las concesiones, "misteriosamente el día del operativo de la Arcom ya no hay nadie. Todos sabemos que hay gente que filtra la información a los mineros ilegales".

Y ese es solo un problema. La Arcom además ha sido noticia por casos de "cambiazo" o robo de oro. Esto ocurre cuando se han intercambiado por rocas comunes las rocas que contienen material mineralizado (del que se puede extraer y refinar oro) que la Agencia ha incautado en sus operativos de control de minería ilegal.

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En mayo de  2023, 20 toneladas de material minero incautado por la Agencia de control fue sustraído de sus bodegas en Chimborazo.

En ese momento, especialistas dijeron a PRIMICIAS que un gramo de oro podía venderse entre USD 60 y USD 65.

De ahí que el material robado podría sumar unos USD 13.000 con el precio del oro en ese momento.

Y antes de eso, en 2022, según un informe de Contraloría, de las bodegas de la Agencia se habrían sustraído 228 toneladas de roca de material valorado en USD 1,3 millones, con el precio del oro en ese momento.

Otro examen especial de Contraloría realizado entre 2020 y 2023 encontró irregularidades en los cobros de multas a personas y empresas sancionadas por haber realizado, en unos casos minería ilegal y en otros por cometer infracciones mineras y falta de pago de licencias de comercialización.

Contraloría examinó 154 casos de multas que ascendían a USD 4,7 millones. El informe menciona que el departamento encargado solo proporcionó 131 expedientes, que se encontraban parcialmente numerados y sin documentación íntegra suficiente para realizar el seguimiento a cada proceso de cobro de multas.

Según Contraloría, en los expedientes faltaban documentos clave como los títulos de crédito, por lo que hubo una falta de gestión en el cobro de multas y sanciones debido a que la Agencia no emitió esos documentos conocidos como títulos de crédito.

Además, Contraloría encontró que en tres expedientes de los procesos coactivos constaban depósitos por abonos en unos casos y pagos totales en otros casos, que no fueron registrados por los directores de Asesoría jurídica de Arcom y la Directora de Coactiva. En total, estos pagos sumaban USD 23.106.

Venta de cargos y opacidad en los sueldos de los funcionarios

La información sobre los sueldos de los funcionarios de Arcom no se puede conocer porque la entidad no publica esos datos en el portal de Transparencia de su sitio web, como manda la Ley.

Pero la mayor polémica en el área de talento humano fueron casos de venta de cargos. En mayo de 2023, el exministro de Energía y exviceministro de Minas del gobierno de Guillermo Lasso, Xavier Vera Grunauer, fue acusado de participar de una red de venta de cargos en las direcciones zonales en la entonces Arcernnr, en Imbabura y Azuay.

En ese momento Adrián Z., que empezó como conserje, declaró haber pagado USD 150.000 al exministro de Energía Vera Grunauer, a cambio de una coordinación zonal en Imbabura, en donde hay grandes áreas con potencial de explotación minera.

Y ese no fue el único caso. También se habría vendido el cargo de coordinador zonal en El Oro, según la investigación de la Fiscalía.

Vera Grunauer habría recibido USD 50.000 para nombrar como coordinador zonal de El Oro a Juan B., quien asumió ese puesto en marzo de 2022. Juan B. es un ingeniero civil con un doctorado en ciencias ambientales y una década de experiencia como profesor universitario.