De demandante a deudor: La historia detrás de la millonaria cuenta que Ecuador debe pagar a Chevron
Luego de tres décadas de conflicto judicial, Ecuador enfrenta un cobro forzoso en Estados Unidos por USD 224,3 millones, luego de que un tribunal en La Haya determinara que la condena ambiental contra la petrolera se obtuvo mediante sobornos y fraude.
Protesta de comunidades amazónicas de Ecuador de Sucumbíos y Orellana, en contra de Chevron. El 3 de diciembre de 2023.
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El 17 de julio de 2026, la petrolera estadounidense Chevron y su filial TexPet presentaron una petición formal ante la Corte del Distrito de Columbia en Washington contra Ecuador. Con esta acción legal, bajo el despacho del juez John D. Bates, las empresas exigen que la justicia norteamericana reconozca y ejecute un laudo definitivo emitido en La Haya.
El monto exigido asciende a USD 224,3 millones, una cifra que incluye daños, intereses acumulados y recargos a julio de 2026, bajo el argumento de que Ecuador no ha cancelado ningún valor hasta la fecha.
Este nuevo frente judicial expone un giro de la disputa: el país pasó de celebrar una condena ambiental de USD 9.500 millones a convertirse en deudor internacional de la compañía.
El origen: Las operaciones de Texaco y la demanda de Sucumbíos
Texaco operó entre 1964 y 1990 en la Amazonía. Durante este tiempo, según los demandantes locales, la empresa vertió más de 80.000 toneladas de residuos tóxicos en unas 500.000 hectáreas, afectando a comunidades indígenas.
El 3 de noviembre de 1993, un grupo de afectados presentó la primera demanda ambiental en Estados Unidos.
Tras su salida definitiva de Ecuador, Texaco firmó acuerdos de remediación y liberación de responsabilidades con el Estado entre 1995 y 1998. Posteriormente, en 2001, Chevron adquirió a Texaco y heredó el litigio.
La Corte de Apelaciones de Nueva York decidió enviar el caso a jurisdicción ecuatoriana, por lo que en mayo de 2003 se inició un juicio en Lago Agrio. El 14 de febrero de 2011, el entonces presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, dictó una condena de USD 9.500 millones contra Chevron por daños ambientales.
Esta condena fue ratificada en 2013 por la Corte Constitucional de Ecuador, que negó una acción de protección planteada por la petrolera. Sin embargo, la multinacional se negó a pagar alegando que Petroecuador la había liberado de responsabilidades en los convenios de la década de los noventa.
El quiebre en La Haya: El fallo por fraude judicial
Paralelamente al juicio local, en 2009, Chevron inició un arbitraje internacional contra Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. La petrolera alegó que el Estado ecuatoriano violó el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) al permitir el juicio en Sucumbíos.
El punto de quiebre definitivo ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando el Tribunal Arbitral determinó que la sentencia de Lago Agrio se obtuvo mediante sobornos y corrupción.
Según el dictamen internacional, el equipo legal de los demandantes redactó clandestinamente la sentencia a cambio de pagar un soborno al juez de la causa.
Los árbitros internacionales resolvieron que la sentencia ecuatoriana es inejecutable bajo el derecho internacional. Además, determinaron que Ecuador es responsable internacionalmente por las violaciones al tratado de inversiones.
Aunque Ecuador apeló la resolución, en septiembre de 2020 la Corte Distrital de La Haya rechazó la anulación solicitada por el Estado. Con la responsabilidad jurídica ya establecida, el caso entró en una fase para definir cuánta compensación económica debía pagar el Estado a la petrolera por sus gastos de defensa.
La cuenta final: De USD 3.350 millones a USD 215 millones
Durante la fase de cuantificación, Chevron exigió una compensación de USD 3.350 millones que incluía gastos legales globales. No obstante, el 8 de diciembre de 2025, el Tribunal Arbitral condenó a Ecuador a pagar USD 220,8 millones.
Los jueces internacionales excluyeron el 85% de los costos reclamados por la petrolera, aplicando un estándar que evitó que el país desembolsara más de USD 3.130 millones.
El presidente Daniel Noboa había anticipado semanas antes que el fallo podría rondar los USD 800 millones, por lo que el monto final fue menor a las expectativas del Gobierno.
A inicios de 2026, el caso tuvo un último ajuste matemático. El 12 de febrero de 2026, la Procuraduría General del Estado anunció una reducción en el monto de la indemnización.
Tras aceptar un recurso de corrección presentado por Ecuador en enero, el Tribunal de La Haya rebajó la deuda en USD 5,7 millones, fijando la obligación definitiva de pago en USD 215 millones (USD 215.073.244,43). De esta manera, el monto de capital quedó establecido, aunque quedó pendiente la Fase IV del arbitraje.
La encrucijada financiera y el frente de Washington
El laudo emitido es ejecutable y vinculante, lo que coloca a la administración pública en una posición delicada.
En diciembre de 2025, el procurador del Estado, Juan Carlos Larrea, detalló que el Ministerio de Economía debía decidir si paga la obligación o si busca negociar un cronograma de pagos con la multinacional.
Por su parte, la Unión de Afectados (UDAPT) presentó acciones en cortes locales para bloquear cualquier transferencia de fondos públicos a Chevron, argumentando que representaría un retroceso ético ante la contaminación amazónica.
Mientras el debate local continúa, la presentación de la demanda en Washington el 17 de julio de 2026 acelera los plazos para el Estado.
Para cobrar los USD 224,3 millones acumulados por intereses, Chevron contrató al bufete internacional Kobre & Kim LLP. El argumento de la petrolera ante el juez Bates es claro: Ecuador renunció a su inmunidad soberana al suscribir el TBI con Estados Unidos y someterse a la Convención de Nueva York.
El Estado ecuatoriano enfrenta ahora el reto de resolver esta millonaria cuenta pendiente en cortes extranjeras, en medio de un escenario cada vez más complejo.
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