Cajas de ahorro siguen captando depósitos de terceros, pese a prohibición, mientras pocas se han regularizado

Las cajas de ahorro y comunales tienen prohibido captar dinero de terceros y otorgar créditos o captar dinero fuera de su círculo de socios, pero algunas continúan ofreciendo estos servicios, pese a que lo tienen prohibido. 

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Las cajas de ahorro son estructuras financiera básicas en las que grupos pequeños de personas forman un fondo común para ahorrar y prestarse dinero mutuamente, pueden ser vecinos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de una comunidad. 

Por esta razón, las cajas de ahorro no pueden captar nuevos socios ni promocionar créditos fuera de su círculo de miembros. 

Sin embargo, en una simple búsqueda en redes sociales se observan publicaciones de supuestas cajas de ahorro que ofrecen préstamos de hasta USD 120.000, con plazos de hasta 15 años y "tasas de interés bajas".

Pocas se han regularizado

Esa restricción se ratificó mediante la Regulación JPRF-F-2025-0154 de la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), emitida el 20 de mayo de 2025. Además, la norma dispuso que las cajas comunales y de ahorro registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deben regularizarse y obtener autorización para operar. Antes, solo debían registrarse, sin cumplir requisitos adicionales.

Pero, un año después de eso, solo 36 entidades han cumplido los requisitos para operar de manera formal. El plazo para cumplir con esta obligación vence en noviembre de 2026. 

Es un número menor si se considera que, antes de la entrada en vigencia de la regulación de la JPRF, existían 572 cajas comunales y de ahorro registradas y en funcionamiento, según un listado elaborado en febrero de 2025 por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

 Sin embargo, se estima que hay al menos 1.600 de estas entidades operando en el país, según señaló Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).

Es decir, hay más cajas comunales y de ahorro que cooperativas de ahorro y crédito, que son 394.

Nuevos requisitos para operar

El objetivo de la resolución, según la Junta, era redefinir las reglas para estas organizaciones para fortalecer su supervisión, prevenir riesgos financieros y mejorar la transparencia.

Según la nueva normativa, las cajas comunales y de ahorro deben constituirse como personas jurídicas ante la SEPS, demostrar que sus socios mantienen un vínculo común verificable y presentar estatutos, reglamentos internos y políticas de prevención de lavado de activos.

Además, tendrán que contar con al menos 10 socios fundadores y obtener autorización oficial para realizar actividades financieras.

La normativa también limita sus operaciones: solo podrán captar depósitos de sus socios, otorgar créditos exclusivamente a sus miembros y mantener activos máximos de hasta USD 400.000.

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Durante el actual proceso de regularización, pueden participar solo las organizaciones que se encontraban en funcionamiento hasta mayo de 2025.

Para hacerlo, deben demostrar actividades recurrentes durante al menos los seis meses previos a la entrada en vigor de la norma. 

El proceso busca ordenar el sector antes de permitir nuevas constituciones, evitando que operen entidades fuera del marco legal actualizado.

Mayor supervisión y sanciones

La idea de la resolución es que la SEPS cree un catastro público de cajas autorizadas e imponga sanciones por incumplimientos.

La normativa también aclara que los depósitos en estas cajas no estarán protegidos por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), que cubre a clientes de bancos, cooperativas y mutualistas. 

Esta disposición no representa un cambio, sino que mantiene lo establecido previamente en la normativa vigente.

Un cambio para fortalecer al sector

El proceso de regularización representa uno de los cambios regulatorios más relevantes para este segmento en los últimos años. 

Sin embargo, Margarita Hernández, exsuperintendenta Economía Popular y Solidaria, advierte que supervisar directamente a las cajas de ahorro es complejo, porque fueron creadas para grupos pequeños con vínculos comunes, como compañeros de trabajo o padres de familia, y no para operar como intermediarios financieros tradicionales, es decir, como bancos o cooperativas.

Según explica, aplicar controles similares a los de cooperativas o bancos puede resultar "absurdo y costoso". 

Esto, debido a la gran cantidad de estas estructuras en el país, muchas de carácter temporal o con fines específicos. "Esto podría generar una falsa sensación de control sin reducir realmente los riesgos de fraude o mal uso", dice. 

Además, podría desmotivar la creación de estas opciones financieras que alientan el ahorro en grupos pequeños y cerrados de personas, pues ahora se exige personería jurídica.

Estas estructuras existen desde hace décadas en Ecuador y su objetivo es fomentar inclusión financiera local, sin captar dinero del público ni funcionar como bancos o cooperativas tradicionales, explicó Hernández.